Aunque la escandalosa corrupción policial quedó al descubierto hace un año, los resultados siguen siendo escasos.
El proceso, si bien avanza, lo hace a pasos muy lentos, considerando que de toda la podredumbre sacada a luz pública, el resultado concreto es la baja para 33 oficiales y clases de policía.
En sendos reportajes, EL HERALDO denunció la existencia de carteles policiales en La Granja y Belén, así como el robo descarado de armas del Escuadrón Cobras.
A la fecha, los integrantes de estos carteles siguen activos en la institución y la investigación sobre el robo de armas solo se agilizó tras la investigación de EL HERALDO.
Lo positivo
En los aspectos positivos, desde el estallido de la crisis policial se logró crear una Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, que tiene a cargo la administración de las pruebas de confianza a los elementos policiales (polígrafo, toxicológicas, psicométricas y económicas).
Además, se creó una Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, que tendría su énfasis en ayudar a reformar la institución policial y crear una nueva ley orgánica.
Asimismo, el gobierno ha prohibido que dos hombres circulen en una motocicleta, medida que se tomó casi de forma obligada pero que ayudó a reducir estrepitosamente los crímenes de sicarios.
Asimismo, se han aprobado sendos decretos de emergencia para que los militares puedan realizar operativos de seguridad ciudadana en las calles.
La crisis policial estalló desde el 22 de octubre, cuando dos jóvenes universitarios fueron asesinados por policías.
Estos policías sospechosos fueron capturados pero, irónicamente, horas después se les dio su “día libre”, lo que facilitó su fuga.
Los jóvenes universitarios asesinados son Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y su amigo Carlos David Pineda Rodríguez.
Tras el crimen, EL HERALDO reveló la existencia de un cartel involucrado en asesinatos, secuestros, robo de vehículos, asaltos a viviendas, extorsiones, secuestro y venta de droga.
La Policía tiene alrededor de doce mil miembros. De momento, se ha dado de baja a 33. El listado de estos oficiales fue revelado en exclusiva por EL HERALDO el pasado miércoles. Ese mismo día, surgieron una serie de rumores en torno a una supuesta renuncia del director policial, Juan Carlos Bonilla.
Estos rumores fueron desvirtuados por el propio presidente Porfirio Lobo Sosa, quien aseguró que Bonilla sigue firme.
Según Matías Funes, miembro de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), las pruebas de confianza contribuyen para depurar la institución, pero se deben aplicar y empezar por la cúpula. “De qué sirve de que se le apliquen las pruebas de confianza a un agente de tránsito que ha recibido un soborno cuando sabemos que los actos de corrupción mayor están en la cúpula”, aseguró Matías Funes.
El también catedrático universitario dijo: “Nosotros no sabemos si esas pruebas se están aplicando a miembros de la cúpula”. El miembro de la CRSP considera que tampoco basta saber los nombres de las personas a las que se les ha aplicado las pruebas de confianza y que no las han aprobado, “sino que deben ser investigadas”.
“Una simple separación nos deja insatisfechos, por lo que se debe empezar a investigarlos, y si estas personas han transgredido la ley, y si han cometido actos de corrupción, habrá que aplicarles todo el peso de la ley”, explicó.
“Esas personas que van a ser separadas, es necesario hacerles una investigación para saber qué es lo que han hecho al interior de la Policía y si han transgredido, hay que aplicarles la ley”, enfatizó.
Para la CRSP, las pruebas de confianza, entre las que se encuentran exámenes toxicológicos, psicológicas, socioeconómicas, psicométricas y del polígrafo, deben iniciar por la cúpula policial, “por lo que el proceso de depuración de la Policía debe acelerarse”.
Corruptos e incapaces
Por su parte, el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, considera que la depuración debe abarcar “a los policías corruptos y a los incapaces”.
“Cuando se habla de depurar un cuerpo policial se está hablando de gente con poder, investida de autoridad, con armas y con cheques en blanco para cobrarle la cuenta a cualquiera que se atreva a cambiar ese poder absoluto que han tenido los policías en Honduras”, expresó Custodio.
“Como parte de la depuración policial, ahora se están imponiendo criterios muy rigurosos, incluso se les está exigiendo a los buenos comisarios, comisionados, subcomisionados y agentes que cumplan su deber”, dijo. “Todo se está haciendo dentro de la ley porque es un acto de soberanía nacional garantizar la seguridad pública a través de la depuración de la Policía”. “La depuración implica sacar al incapaz, al que no sabe cómo investigar, y hacer eso es una necesidad”, dijo.
Rivera Avilés, dispuesto a someterse al polígrafo
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, dijo ayer estar dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo, como forma de transparencia.
Al mismo tiempo sugirió a jueces y magistrados practicarse esta prueba de confianza. Lo que se busca es que la ciudadanía tenga la confianza suficiente hacia los impartidores de justicia. “Creemos que una de las mejores formas de obtener esa confianza es podernos someter a las pruebas de confianza que está impulsando la Comisión de Reforma”, dijo.
Aclaró que su posición no quiere decir que esta prueba es constitucional.
“Es una posición muy personal, en el sentido de que el presidente del Poder Judicial sí está dispuesto a someterse a las pruebas de confianza y sugiere a todos los que deciden mediante las sentencias y resoluciones judiciales que también se puedan someter”, expresó.
Se aclara que Rivera Avilés no instruyó a jueces y magistrados someterse al polígrafo. Solo valoró que es “conveniente que cada uno de los juzgadores se pueda someter a las pruebas de confianza para estar más cerca de la ciudadanía”.
