TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras una semana en la que se llevó a cabo un proceso de socialización amplio con diversos sectores sociales, el dictamen de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social pasó la noche del martes en primer debate en el Congreso Nacional.
El proyecto de decreto remitido por el Poder Ejecutivo que constaba de 21 artículos ya se había dado a conocer ante el pleno de diputados, por lo que el martes se leyó con los ajustes hechos por la comisión de energía. Modificaciones de forma y en su redacción sufrió el articulado de esta normativa que no respalda la bancada del Partido Nacional.
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Dictámenes y mociones
Por otro lado, se le dio primera lectura al resto de las disposiciones del dictamen de la iniciativa que busca suspender a las autoridades de la Universidad Nacional de Agricultura. Los 14 artículos del dictamen contentivo de la Ley para la Recuperación y Reactivación Económica de la Micro y Pequeña Empresa también pasaron en primer debate.
Con 92 votos a favor los diputados aprobaron una moción exhortativa para que se promueva ante la Organización Mundial de la Salud una resolución institucional apoyando el interés de la República de China-Taiwán para que pueda participar en calidad de observador en la 75ª Asamblea Mundial de la Salud de 2022 y en igual condición en otros eventos relacionados.
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Además, se admitió otra proposición para que se prorrogue hasta el próximo 15 de julio el plazo para que los vehículos circulen con las antiguas placas (tipo 1), instando al Instituto de la Propiedad a agilizar el trámite, mientras que se instruye a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte no aplicar sanciones a los propietarios de automotores.
En la parte final de la reunión legislativa la comisión especial nombrada por el CN rindió su informe acerca de las extradiciones que han tenido lugar en el país y aquellas que están pendientes, brindando varias recomendaciones entre las que destaca la creación y aprobación de una Ley de Extradición que sustituya el auto acordado vigente. “Recomendar al Poder Ejecutivo que incorpore al tratado de extradición otros tipos penales”, se planteó.La comitiva recomendó juicio político tanto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, como a Óscar Chinchilla, fiscal general.
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