TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras concluir la audiencia inicial ayer, el juez dictó prisión preventiva contra Kerim Francisco Maldonado y Guilfredo Cerrato Santos, acusados de estafa en la compra sobrevalorada camiones de bomberos.
El pasado 13 de agosto, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra Maldonado y Cerratos Santos, quienes son investigados por la compra de siete camiones en los que se gastaron más de 81 millones de lempiras.
De acuerdo a los peritajes, estos vehículos presentaban varios desperfectos mecánicos y otras irregularidades que los hacían no aptos para su uso.
Por este caso también es acusado Héctor Leonel Ayala Alvarenga, exministro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, así como su asesor Héctor Martín Cerrato Velásquez. En el caso de Ayala, la Policía Nacional dio a conocer que se encuentra en Nicaragua.
Sobre la compra millonaria
Desde 2022, EL HERALDO denunció la compra millonaria de estos vehículos que causaron pérdidas económicas para las arcas estatales.
En febrero de 2020, mediante el contrato de compra No. HBCBH/005 bajo la modalidad de compra directa amparada en el decreto ejecutivo PCM-002-2020, se adquirieron los camiones a la empresa israelí B SAFE Security, la cual ni siquiera estaba legalmente registrada en el país.
El contacto con esta compañía fue a través de Kerim Maldonado, presunto representante legal de la empresa que prometía la entrega de camiones de la marca MAN.
EL HERALDO descubrió que B SAFE Security no se dedicaba a la fabricación de camiones de bomberos. En lugar de ello, los compró en Alemania y luego fueron equipados en Turquía.
En promedio, Honduras gastó 11.4 millones de lempiras por cada camión. Según indagaciones de este rotativo, el costo real por la compra de los siete camiones debió rondar entre los 40 y 50 millones de lempiras, y no los más de 81 millones que se desembolsaron.
Cabe señalar que el MP indicó que la institución no tenía los fondos suficientes para la transacción, por lo que gestionaron transferencias de las alcaldías de San Pedro Sula y Distrito Central, amezando también con despidos dentro del Cuerpo de Bomberos.
