La Dirección de la Niñez y la Familia (Dinaf) anunció este miércoles que traspasará a terceros, la administración de los centros de internamiento de adolescentes infractores en Honduras.
Actualmente, la institución se encarga del manejo de los centros de rehabilitación de menores de edad infractores, donde en los últimos meses se han registrado diversos motines e irregularidades.
A raíz de la situación, Dinaf evalúa 'la tercerización de servicios para el traspaso de la administración de los centros de internamiento para adolescentes, así como la implementación de la Metodología Amigoniana en la atención directa a los mismos', detalló la directora Loli Salas en conferencia de prensa.
El traspaso implica un programa de automatización y parametrización de los expedientes de adolescentes infractores que vincule Dinaf con las instancias operadoras de justicia y organizaciones que tercerizan el seguimiento de medidas no privativas de libertad.
Todo esto se enmarca en acciones coordinadas del Estado de Honduras para mejorar las condiciones de los adolescentes infractores en el país, 'mediante una estrategia integral y sostenible que asegure verdaderos resultados de reinserción social'.
La dirección busca acercamientos con unidades técnicas de intermediación laboral, a fin de involucrarlas en el proceso de rehabilitación y reinserción social de adolescentes infractores.
Al evento asistió además la subsecredtaria de Derechos Humanos y Justicia, Karla Cueva, y el gerente de Justicia Penal Especial, Jerson Cárcamo, quienes señalaron que Honduras ha logrado importantes avances en materia de Justicia Penal Especial, entre los que destacaron la Reforma Integral en materia de niñez y familia y la existencia de tres centros especializados para internamiento de adolescentes.
Las acciones anunciadas por la Dinaf incluyen también un mapeo georreferenciado, que permita conocer y certificar las instituciones y organismos que realizan trabajos de atención directa a adolescentes infractores.
El objetivo de estos acercamientos es iniciar un proceso de implementación de un programa de medidas no privativas de libertad para menores infractores.
