TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, se pronunció este lunes a favor de la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal.
“Hay elementos para mantener incólume el 184, para derogarlo completamente y para hacer algunas modificaciones estableciendo, un equilibrio por esta última opción en cuanto a que no se puede perder de vista nunca el interés del país en el combate a la impunidad y la corrupción, y la delincuencia común inclusive”, expresó Argueta.
Sin embargo, estableció que las reformas deben hacerse con la aplicación adecuada de la ley en la dimensión que debe hacerse la justicia.
La semana anterior el Congreso Nacional remitió al Poder Judicial una solicitud de opinión en torno a si es conveniente o no realizar las modificaciones a la norma.
“Remitimos el documento a la Sala de lo Penal para que los tres magistrados emitan una preopinión y luego que esté lista, yo diría que en el mes de septiembre, sea sometida esa preopinión al pleno y tomar una decisión para remitirla al Congreso”, manifestó Argueta.
El diputado nacionalista Marco Velásquez presentó recientemente un proyecto de decreto encaminado a reformar el artículo 184 del Procesal Penal, que contempla el catálogo de delitos que restringen a un juez emitir medidas distintas a la prisión.
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Entre los delitos se encuentran el lavado de activos, asesinato, asociación ilícita, terrorismo y otros.
Sectores de la sociedad civil han advertido que reformar este artículo le traerá graves consecuencias graves al país, como que los organismos internacionales podrían suspenderle las ayudas a Honduras.
El diputado proyectista, Marcos Velásquez, aduce que pidió la reforma de esa norma debido a que fue una recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recientemente estuvo en el país.
En 2016, la Sala Constitucional de la CSJ declaró la constitucionalidad de este artículo, aunque a diario ingresan nuevos recursos solicitando su inconstitucionalidad.
Expediente digital
Por otra parte, el presidente Argueta anunció que a partir del 2019 el Poder Judicial implementará el expediente digital, para aplicación de la justicia en materia penal, delitos tributarios, criminalidad organizada, extorsión, corrupción y privación de dominio.
“Este novedoso proyecto costará 75 millones de lempiras, cuyos fondos proceden de la Tasa de Seguridad, aprobados hace dos semanas. Ya no se utilizará papel en los procesos penales y todo será vía Internet”, aseveró Argueta.
