Más de 1,100 personas huyen de sus hogares cada año por amenazas o violencia

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia, la extorsión y el crimen organizado sigue causando que miles de familias hondureñas tengan que huir de sus hogares, haciendo que en los últimos años la cifra de personas desplazadas forzosamente incremente, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Uno de los casos más recientes sobre desplazamiento forzado por la violencia es el de la familia Richard David Ávila Nieto, estudiante del Instituto Jesús Milla Selva, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza el pasado 20 de junio en la cercanía del mencionado colegio.

Los familiares del joven se vieron obligados abandonar la casa donde residían en la colonia Villa Nueva, debido a que fueron amenazados por miembros de estructuras criminales.

Se conoció que las demandas de los parientes tras la muerte del menor provocaron que miembros de una estructura criminal que controla el sector donde residía el joven estudiante junto a su madre y abuela, los amenazaran, por lo que determinaron abandonar la vivienda a los pocos días del lamentable crimen.

Este hecho se suma a los miles de casos de hondureños que se han visto en la necesidad de dejar su hogar para huir de la violencia que impera en el país.

Alejandra Sánchez, de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, señaló que en los últimos 7 años (desde 2016 hasta 2023) los casos de personas que fueron desplazadas de sus lugares de residencia por la violencia se incrementaron. En esos años la cifra de desplazados fue de 8,249.

Esto significa que en promedio cada año hubo 1,178 casos. Los reportes dicen que solo en 2023 el organismo defensor de derechos humanos recibió 1,751 denuncias y quejas por este delito.

Los datos de este año no se han dado a conocer por el Conadeh, sin embargo, las autoridades advierten que podrían ser mayor a los años anteriores.

El Conadeh afirmó que en los 8,249 casos de desplazamiento por violencia están involucradas más de 15,000 personas que tuvieron que huir de sus hogares y hacer una nueva vida para protegerse de la delincuencia y el crimen organizado.

En 2016, el Conadeh registró 757 quejas de desplazamiento forzado interno, para el 2017 la cifra se redujo a 688, sin embargo, para el 2018 se presentaron unas 200 quejas más, llegando a 861, y desde ese entonces las cifras han ascendido, hasta llegar a 1,314 casos en el 2019.

Con la llegada de la pandemia, en 2020, las quejas de personas desplazadas que llegaron al Conadeh bajaron más del 50%. En ese entonces se atendieron 544 casos; para el 2021 se registraron 917 atenciones, mientras en el 2022 subieron a 1,417 casos y en el 2023 aumentó a 1,751, cifra que podría incrementarse en el 2024, dado el nivel de violencia en el que se mantiene el país.

Los datos muestran que entre el 2022 y el 2023 los casos de desplazamiento forzado incrementaron 20%.

Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor, pues los datos del Conadeh solo reflejan el número de personas que denuncian cuando son víctimas de este flagelo, pero hay una gran parte que por temor a represalias abandonan sus viviendas sin interponer la denuncia.

En 2022, uno de los casos más conocidos de desplazamiento por violencia fue en la colonia Villa Nueva, al oriente de la capital, allí unas 20 familias tuvieron que dejar sus hogares y la vida que construyeron con esfuerzo.

Las familias que por más de dos décadas habitaron en el sector 2 de esa colonia tuvieron que huir, debido a que integrantes de la pandilla Barrio 18 los amenazaron y dieron un ultimátum para que desalojaran sus viviendas.

Con lágrimas y voz entrecortada, las mujeres que cargaban sus pertenencias por unas empinadas gradas dijeron que les habían “ordenado” que abandonaran las casas, porque de lo contrario corrían el riesgo de perder la vida.

Hombres, mujeres y niños sacaron todo lo que tenían en las pequeñas habitaciones y caminaron hasta donde estaban estacionados varios camiones que los trasladarían a un lugar más seguro.

Los casos de desplazamiento forzado se registran en ciudades donde se concentran los mayores índices de violencia, es decir, en el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba, de acuerdo a con los datos del Conadeh.

Entre las principales causas del porqué huyen las familias están: la amenazas con el 56.6%, seguido de la extorsión (14.2%), el asesinato representa el 10.5% de las quejas, tentativa de homicidio (6.1%), reclutamiento forzado de niños y adolescentes que es el 3.2% de las quejas.

Además se identificó el despojo o destrucción de viviendas y propiedades, la violencia sexual, lesiones violencia intrafamiliar y el secuestro como otras de las causas que obligan a las familias a desplazarse a otro lugar.

Entre los grupos más vulnerables al desplazamiento forzado interno sobresalen las mujeres, los niños, personas de pueblos originarios, operadores de justicia, docentes, estudiantes, entre otros grupos poblaciones.

Un nuevo informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Instituto de La Haya para la Innovación del Derecho, recientemente, afirmó que la falta de justicia es uno de los factores clave que alimenta el desplazamiento forzado en Honduras.

El informe, titulado “Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Honduras 2024“, es el primer estudio de este tipo en América Latina y destaca la relación cíclica entre desplazamiento y justicia, en la que el desplazamiento es a menudo visto como la única vía de escape de la violencia y las violaciones de los derechos humanos.

Los creadores entrevistaron a 2,010 hondureños, de los cuales el 8% (157) fueron identificados como desplazados.

Entre los hallazgos resaltan que “las personas no encuentran una protección adecuada en las fuerzas de orden público, ni en los actores de justicia formales o informales. Ante esta situación, la única solución viable es huir de la comunidad y esperar que la violencia no persiga a la persona”, indica el estudio.

“La situación pone de manifiesto la existencia de una importante brecha de justicia en Honduras, tanto para las personas desplazadas internamente como para la población en general”, revela el informe.

Para Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, manifestó que si bien existe una ley para personas que son víctimas del desplazamiento forzado interno, se debe trabajar para su implementación y para que las diferentes instituciones del Estado den respuesta en temas de protección y asistencia a victimas de desplazamiento, así como en la prevención de desplazamiento forzado.

Agregó que se debe fortalecer también el tema de la investigación y la protección de las víctimas.

“Tenemos que fortalecer el tema de la investigación, porque el desplazamiento forzado es un delito y hay una obligación del Estado de investigar, pero aquí también tenemos otro vacío y es el tema que la gente no quiere presentar una denuncia porque tiene temor de que al presentar una denuncia esa información la pueda recibir su agresor”, dijo.

La ley, que fue aprobada en 2022, aún no cuenta con un reglamento para su aplicación, no obstante, las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, indicaron que el reglamento ya fue elaborado y se espera que se apruebe en los próximos días.

La normativa contempla un presupuesto de 150 millones de lempiras para atender los casos de desplazamiento forzado.

A mediados de 2024, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) reveló en su informe que Honduras es una de las 10 naciones con las crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo en 2023, ubicándola en la posición seis, además de ser el único de América que figura en la lista; los demás países se ubican en el continente africano.