TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, acusado de pagar millonarios sobornos al exjefe de la Tasa de Seguridad, Francisco Roberto Cosenza, compareció en los últimos días en su primera audiencia en una Corte Federal del Distrito Sur de la Florida.
Zaglin, de 68 años, se entregó voluntariamente a la justicia para responder por cargos de lavado de activos.
Durante la comparecencia en la Corte, el empresario originario de Georgia planteó una fianza por 1.1 millones de dólares (24.6 millones de lempiras) para defenderse en libertad, de acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso EL HERALDO.
La fianza fue aceptada por la jueza Jacqueline Becerra y el sospechoso está bajo libertad condicional.
El miércoles 20 de diciembre, la Fiscalía de Miami reveló la acusación formal contra Zaglin; el exdirector de la Tasa de Seguridad, Roberto Cosenza, quien ha sido solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, y Aldo Néstor Marchena, residente en Boca Ratón, Florida. Los últimos dos personajes están prófugos de la justicia.
Las investigaciones revelan que ellos participaron en un plan internacional para pagar y ocultar sobornos a funcionarios del gobierno hondureño para obtener contratos para proporcionar uniformes y otras mercancías a la Policía Nacional de Honduras.
Entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros sospechosos bajo investigación acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa por más de 10 millones de dólares.
“A cambio de los sobornos, Cosenza y otros funcionarios del gobierno hondureño supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos”, reza la acusación.
Presuntamente, Zaglin, Marchena y sus cómplices supuestamente utilizaron las ganancias de los contratos corruptos del gobierno hondureño para pagar sobornos a funcionarios del gobierno anterior.
“Para promover el plan y ocultar los pagos de sobornos, Zaglin, Marchena, Cosenza y otros supuestamente lavaron las ganancias del plan corrupto a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice. Los conspiradores enviaron más de 166,000 dólares a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño para promover el plan”.
Los tres sospechosos están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de participar en transacciones con propiedad derivada de delitos.
“Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los delitos de lavado de dinero, 10 años de prisión por el cargo de participar en transacciones con bienes derivados de delitos y cinco años de prisión por cada uno de los delitos relacionados por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, advirtió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
