Desde septiembre de 2013 cuando asumió como fiscal general, Óscar Chinchilla se planteó conformar un Ministerio Público (MP) capaz de resolver casos de manera integral y eficaz, combatiendo el crimen en sus diversas manifestaciones.
A la par de Chinchilla llegaron Rigoberto Cuéllar como fiscal adjunto, quien durante todos estos años no se supo cuál fue su trabajo, y como director de fiscales asumió Rolando Argueta, quien en febrero de 2016 fue electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Una de las primeras acciones de la Dirección General de la Fiscalía fue ordenar a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) comenzar a investigar los casos de alto impacto social y poner a los responsables ante los juzgados competentes.
Asimismo surgió la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y en los últimos años ha ejecutado cuatro investigaciones de impacto con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Mientras que en coordinación con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) se comenzaron a seguir todas las líneas de investigación relacionadas con la inmensa corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
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En las primeras acciones en el 2013 se logró destapar la olla, detectando un perjuicio patrimonial de 1,641,227,959.24 lempiras en compras irregulares de ambulancias, programas de afiliación del migrantes hondureño, transferencias ilícitas entre régimen, cohecho y lavado de activos.
Mediante un trabajo silencioso y sin aparecer mucho en los medios de comunicación, Chinchilla ha logrado desmantelar estructuras completas de narcotráfico en Honduras.
Además se ha combatido la corrupción al interior del MP, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en las diferentes instituciones del Estado.
A pesar del trabajo hasta ahora realizado, algunos sectores coinciden en que hace falta fortalecer el MP debido a los altos niveles de impunidad que persisten en muchos casos.
