ESTOCOLMO, SUECIA- Desde afuera de Honduras y la región centroamericana, la percepción es que la libertad de expresión de los medios de comunicación y periodistas va en retroceso.
En países como El Salvador y Nicaragua, la defensa de la libertad de expresión y la transparencia se ha vuelto una batalla campal debido a que desde el mismo Estado se busca tener un control de los medios de información y quienes producen los contenido.
En el caso de Honduras, Joan Barata, experto internacional en libertad de expresión y autorregulación de medios, analizó que se violan derechos fundamentales contra la prensa al penalizar la injuria o calumnia y catalogarlas como un delito penal contra el honor.
Luego de una charla magistral para periodistas de América Latina que participan en el programa ITP, en Estocolmo, Suecia, Barata dialogó con EL HERALDO. Aquí sus impresiones:
¿Cómo analiza la situación de la libertad de expresión en Centroamérica?
Evidentemente cada país tiene sus propias características, pero creo que en términos generales, en conjunto la región -como en otras regiones del mundo- ha asistido en los últimos años a un proceso de cierto deterioro de la libertad de expresión, tanto desde un punto de vista de legislación que se ha aprobado, como desde un punto de vista de los gobiernos con relación a los medios de comunicación y a los periodistas, ya sea en un comportamiento activo de perseguir, intimidar o detener periodistas, pero también desde un punto de vista pasivo, es decir, de no investigar suficientemente casos de periodistas y no reaccionar ante determinados casos especialmente graves.
La situación de El Salvador contra la prensa, ¿cómo la analiza?
Yo creo que es una situación extremadamente preocupante, es un rechazo completo a los estándares regionales y nacionales, es un rechazo completo a las normas aceptadas en materia de derechos humanos para construir un sistema represivo a medida del poder establecido, con, insisto, un desprecio absoluto a las normas y principios fundamentales que deberían regir un Estado en esta materia; desde una lógica más populista, en el sentido de decir, nosotros somos quienes decidimos el futuro de nuestro país.
¿La misma situación se ha venido viendo en Nicaragua?
Sí, Nicaragua es otro ejemplo particularmente preocupante, en la zona del Caribe tenemos a Cuba, por ejemplo, desafortunadamente hay más de un ejemplo en la zona de este tipo de situación en la que ya no es solamente una cuestión de concentración de medios, de amenazas a periodistas, es una cuestión que desde el propio Estado se construye un sistema represivo, especialmente intenso, en el que la libertad de expresión se convierte en un objetivo principal y los periodistas son un objetivo principal en abatir, controlar e intimidar.
¿Qué enseñanzas deja la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de dos periodistas que habían sido sentenciados en Costa Rica?
En ese caso lo interesante es que se trata un caso de dos periodistas por difamación, pero no es un caso criminal, sino un caso civil, yo creo que ahí está el primer interés; y el segundo es el hecho de que la Corte reconoce que incluso en casos de responsabilidad civil, donde el gravamen no es tan importante, los principios de proporcionalidad también tienen que ser respetados y además el Estado debe ser muy estricto a la hora de determinar la responsabilidad de un periodista, porque los errores que pueden cometerse no deben llevar necesariamente a declarar la responsabilidad de un periodista, sino solamente en aquellos casos donde efectivamente pueda comprobarse que había una voluntad de difamar y voluntad directa de crear un daño.
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En Honduras es considerado un delito penal la calumnia y la injuria, ¿qué peligros contrae esto?
Eso es completamente contrario a los estándares internacionales, no solo a los estándares universales como el Consejo de Derechos Humanos, el Relator de Nacionales Unidas, sino que también es contrario a los estándares regionales, la Comisión Interamericana, el Relator Especial de la OEA y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara en el sentido de exigir la descriminalización de la difamación, que eso no quiere decir que casos graves de difamación deben quedar impunes, sino que debe reconducirse al ámbito de las compensaciones civiles, pero no a la sanción penal.
¿Cuál es el peligro a la democracia en este caso?
Es un peligro importante porque tiene un efecto de intimidar, por ejemplo, cuando alguien es procesado por un caso de difamación y afrenta acciones y consecuencias penales, lo que se está vulnerando no solo es el derecho individual de ese periodista, sino que eso tiene un impacto en una dimensión colectiva, es el conjunto de periodistas que se sienten intimidados porque dicen “eso también me puede suceder a mí si digo algo que puede desagradar a alguien”. Eso es malo para el papel de los medios porque hace que los medios sean menos incisivos y no lleven a cabo las funciones que deben llevar en un sistema democrático, que es ayudar al ciudadano a entender los procesos de cómo funciona el gobierno y acceder a puntos de vista críticos.
Cuando hablamos de autorregulación, ¿cómo lo deben comprender los medios y los periodistas?
Hay un mal entendido, que consiste en considerar que la autorregulación es una especie de autocensura y regulación, pero en realidad es un ejercicio de responsabilidad profesional, como sucede en cualquier profesión o cualquier actividad de la vida, implica el sometimiento a una serie de estándares de principios éticos y profesionales que deben guiar el desempeño de la profesión, teniendo en cuenta que es una profesión muy importante para la democracia y los derechos.
