TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de la controversia por la detención del juez Marco Vallecillo en Tegucigalpa el pasado sábado 17 de agosto, en las últimas horas ha circulado en redes sociales una carta en donde diputados de Libertad y Refundación (Libre) recomendaron a la presidenta Xiomara Castro nombrar al abogado como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) en 2022.
El documento, que cuenta con las firmas de los congresistas del departamento de Olancho, Carlos Zelaya (actual secretario del Congreso Nacional), Rafael Sarmiento, Luis Amador y los suplentes Linda Ulloa, Arminda Urtecho y José Neptalí Juárez sugiere a la mandataria considerar a Vallecillo al frente de la administración del sistema penitenciario.
“El motivo de la presente es para RECOMENDARLE, al ABOGADO: MARCO ANTONIO VALLECILLO BANEGAS con identidad N. 0801-1989-22061 para que sea considerado por ustedes para ocupar el puesto de DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO en EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO”, se lee en el documento expedido desde el Poder Legislativo el 13 de febrero de 2022.
Pese a esta recomendación hecha por diputados oficialistas, el gobierno terminó nombrando comisionado de la Policía Nacional, Otoniel Castillo como titular del INP hasta su salida del cargo en ese año.
Nombramiento como juez y captura
Marco Antonio Vallecillo fungía como juez coordinador del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción. Su juramentación fue realizada por la magistrada Telma Burgos el 24 de abril de este año.
El nombramiento de Vallecillo como juez causó mucha controversia dentro del Poder Judicial, pues a finales de 2023 trascendieron fotografías en donde se mostraba muy cercano a dirigentes de Libre durante una reunión política en las instalaciones del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
En medio de la controversia, Vallecillo conoció importantes casos en materia de criminalidad organizada y corrupción como los del exdiputado David Chávez, el caso de la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, a quien dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva, entre otros.
Pese a su importante rol en el sistema judicial del país, Vallecillo era objeto de investigación por parte del Ministerio Público, institución que emitió un requerimiento fiscal por delitos de extorsión. Vallecillo, de 34 años, enfrenta cargos por extorsión en perjuicio de un testigo protegido de la Fiscalía, a quien presuntamente solicitó un soborno de tres millones de lempiras para favorecerlo judicialmente.
Según el requerimiento, Vallecillo fue detenido infraganti el sábado 17 de agosto en una estación de servicio en la salida al sur de la capital de Honduras, para concretar la transacción ilícita.
En ese momento, los agentes de la ATIC intervinieron, por lo que capturaron en flagrancia al juez Vallecillo.
Las investigaciones del caso indican que Vallecillo fue arrestado en posesión de tres millones de lempiras.
Tras su captura, fuentes del Ministerio Público informaron a EL HERALDO que el juez Vallecillo declaró que el dinero pertenecía al esposo de una alta funcionaria de la Corte Suprema de Justicia.
Luego de la detención y posterior audiencia, se dictó prisión preventiva contra el juez que permanecerá recluido en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).
