TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Finalmente, la Junta Nominadora hizo oficial el número de denuncias en contra de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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De un total de 101 autopostulantes que continúan en contienda, la Junta recepcionó denuncias contra 61 de ellos -y no 69 como se había detallado-, informó la secretaria y abogada del organismo, María Elena Sabillón.
Dicho número se dio porque el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) no terminó de hacer oficial las denuncias, precisó Sabillón.
“Concluimos con un número de 140 denuncias, esas 140 denuncias fueron contra 61 postulantes y hay que decir que hubo denuncias contra siete personas pero ellos ya quedaron fuera del proceso”, explicó Sabillón.
Con respecto al CNA, la integrante de la Junta comentó que los insumos enviados por el ente de sociedad civil han servido, pero no fue oficializado en este proceso de tachas.
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“CNA presentó un informe a solicitud de la Junta Nominadora ya que emitimos oficios a 15 instituciones para que enviaran informes sobre investigaciones y así saber la idoneidad de los postulantes. Con esos informes separamos a cuatro personas en la anterior fase, formalmente el CNA no presentó denuncias”, expuso.
A su vez, expresó que hasta el jueves ya habían evacuado al menos 80 denuncias de las 140. Varios de los candidatos tienen al menos dos denuncias en su contra.
Señalamientos
El fiscal Luis Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes De Corrupción (Uferco), fue uno de los denunciantes y entre esas impugnaciones resaltan tres contra actuales magistrados de la CSJ que buscan reelegirse.
María Fernanda Castro, Jorge Alberto Zelaya y Edwin Ortez fueron los tachados por Santos, quien acotó que “actuales magistrados que buscan reelección por dignidad deberían renunciar a su postulación.
Los fallos dictados en casos Ufecic-Maccih reflejan el grave perjuicio causado a la justicia”.
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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), por su parte, entregó 22 tachas contra 11 notarios y desde la institución detallaron que las denuncias fueron contra operadores de justicia, funcionarios públicos y defensores privados.
“Las causales fueron tráfico de influencias, nepotismo, abuso de poder, retardo de justicia e incluso abogados socios de empresas que ganaron demandas contra el Estado”, dijo Lester Ramírez.