TEGUCIGALPA, HONDURAS. -En los últimos meses, más de una docena de empleados judiciales fueron despedidos de sus cargos por estar implicados en actos reñidos con la ley.
El Poder Judicial se apresta a implementar un mecanismo continuo y permanente que certifique a sus más de cinco mil funcionarios.
“Venimos caminando con este propósito y queremos materializar la certificación y evaluación del desempeño de los funcionarios judiciales. No podemos seguir teniendo, dichosamente a mi juicio son la minoría, pero hay funcionarios judiciales que no se adecúan al cumplimiento irrestricto a la ley y la ética”, informó Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El proceso de depuración judicial se ha visto más entablado en el departamento de Ocotepeque.
En estos órganos jurisdiccionales se ha despedido a tres juezas por estar implicadas en presuntos actos irregulares. Y no solo eso, el jueves pasado la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a un secretario adjunto del Juzgado de Letras.
También las autoridades preparan un requerimiento fiscal en contra de una defensora pública de ese departamento.
“Nuestra aspiración es que en el Poder Judicial, en el corto y mediano plazo, no exista un solo juez, ni siquiera un escribiente, un receptor o un secretario o cualquier otro funcionario que no sea nombrado a través de haber superado las etapas de proceso de selección transparente”, señaló Argueta.
La Inspectoría de Tribunales de la CSJ ha hecho lo propio en torno a la certificación y depuración de los malos funcionarios.
En el último semestre, esta entidad remitió más de 40 expedientes al Ministerio Público (MP) para que sean investigados por la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia.
Este proceso de certificación cuenta con el respaldo de los diferente sectores de la sociedad civil. “Se espera que aparejado a esta acción de denuncia y remisión de expedientes al MP se ejecuten las acciones administrativas del caso y se implemente un proceso integral de evaluación de la idoneidad y el desempeño de los funcionarios judiciales”, manifestó Omar Rivera de la sociedad civil.
Planteó que es necesario la aplicación de las diferentes pruebas de confianza para determinar la idoneidad del personal que labora en el Poder Judicial.
“Es necesario saber si jueces, magistrados, defensores públicos y personal auxiliar aprueban las pruebas toxicológicas, poligráficas, psicométricas, socioeconómicas y patrimoniales”, indicó.
