TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves 21 de diciembre una nueva lista de actores corruptos y antidemocráticos de la sección 353, denominada Lista Engel, en la que figuran personas originarias de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
En el caso de Honduras, los tres nuevos señalados son el actual ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado; el empresario Mohammad Yusuf Amdani Bai y el ciudadano Cristian Adolfo Sánchez.
El informe fue publicado en el Registro Federal, según explicó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos y acusa a los tres hondureños por haber “socavado procesos o instituciones democráticas, estar involucrados en corrupción significativa o haber obstruido investigaciones sobre dichos actos de corrupción”.
En el caso de Ricardo Salgado, nombrado frente a la Secretaría de Planificación Estratégica en abril de 2022, es mencionado en la Lista Engel por presuntamente dirigir los esfuerzos coordinados del partido Libertad y Refundación (Libre) a través de grupos leales al partido, denominados “colectivos”, para reprimir la disidencia, “intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023”, según cita el documento.
En dicho acto violento resultaron agredidos varios diputados del Congreso Nacional, entre ellos Antonio “Toño” Rivera, quien fue golpeado en la cabeza y requirió una intervención médica.
Por otro lado, Mohammad Yusuf Amdani Bai, un empresario privado de origen paquistaní, habría incurrido en actos de corrupción al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras (CSJ) para que fallaran a favor de su negocio en una demanda privada.
Amdani Bai, propietario de empresas ligadas a manufactura textil y a las bienes raíces, con millonarias inversiones en México, fue vinculado en 2021 con una avioneta donde se decomisaron más de cinco mil dosis de presuntas dosis falsas de la vacuna Sputnik V, contra el covid-19, las cuales serían llevadas a San Pedro Sula, ciudad ubicada al norte de Honduras. También fue señalado de presuntamente financiar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en su campaña electoral.
Pero además, el paquistaní es propietario de empresas como el centro comercial Altara, Altia Business Park, Merendón Hills, el gigantesco parque maquilero Green Valley y Grupo Karims, esta última compañía con la que enfrentó una demanda laboral en la Corte.
De igual forma, el empresario Cristian Adolfo Sánchez es señalado de incurrir en una “corrupción significativa” al presuntamente participar en un plan que defraudó al gobierno hondureño por más de 300,000 dólares y se confabuló con funcionarios de la Secretaría de Salud para adjudicar contratos gubernamentales de manera indebida.
En agosto del presente año, Sánchez aceptó haber sido parte de una red de corrupción a lo interno de la Secretaría de Salud, a través de la cual se defraudaron más de 7.8 millones de lempiras, mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software destinados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del marco normativo en la Salud.
Junto a él fueron acusados la exministra de Salud, Yolany Batres, la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz; el exadministrador de la Dirección del Marco Normativo, Benelio Alvarado Membreño, la excordinadora de la Unidad Informativa, Lolita Vanessa Cordero y los empresarios Héctor Rolando Figueroa Fúnez y Luis Gerardo Zelaya.
El Ministerio Público explicó que tras las investigaciones, se comprobó que estas contrataciones “se dieron en total violación a la ley y a las disposiciones generales de presupuesto, con procesos directos que buscaron favorecer a personas naturales y empresas de maletín y en los que se incorporó información falsa en torno a empresas que nunca participaron como oferentes, tratando de dar una apariencia que habían cotizado varias empresas a fin de obtener la oferta más favorable a la administración pública”.
Las empresas beneficiadas con el acto de corrupción fueron ORBIT Tecnology, Tecnología e Informática, Sat Media y Telesat, así como una persona natural.
De igual forma, se determinó que el software nunca fue entregado y la sobrevaloración del mismo fue de un 90 por ciento aproximadamente.
Lista Engel 2023
Precisamente, antes que los tres hondureños involucrados este jueves, el Departamento de Estado incluyó hace algunos meses (en julio de 2023) a Yolany Batres en una primera Lista Engel de funcionarios corruptos. En ella también figuraban otras personas que al igual que Batres ocuparon cargos en la administración pública durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, quien se encuentra recluido en Estados Unidos a la espera de su juicio por narcotráfico y otros delitos.
En total, fueron 10 los hondureños mencionados previamente, los cuales se enumeran a continuación:
1. El actual alcalde de El Progreso, Alexander López Orellana.
2. El diputado del Partido Liberal, Samuel García.
3. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y excandidato presidencial, Yani Rosenthal.
4. El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía.
5. El exdirector de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Pastor.
6. El exministro de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Roberto Ordóñez Wolfovich.
7. La exministra de Salud, Yolany Batres.
8. El exgerente administrativo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Alex Moraes.
9. El exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel) en el gobierno de Manuel Zelaya, Marcelo Chimirri.
10. El empresario privado y ex miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Víctor Elías Bendeck Ramírez.
