TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) procederá a revisar varias leyes polémicas para después dictaminar si son necesarias reformas, modificaciones o derogaciones para allanar el camino para la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Así lo informó el canciller Eduardo Enrique Reina en entrevista con EL HERALDO referente a la información que pidió la misión de la ONU en su Congreso Nacional durante su primera visita.
Este equipo estuvo por dos semanas en Honduras y en agosto retornará para seguirse reuniéndose con más sectores. Su trabajo será de seis meses y en enero informarán si la CICIH puede instalarse o no.
Entre la información que pidió Naciones Unidas figura si hay intenciones de reformar o derogar el decreto 04-2022, que es la Ley de Amnistía Política o conocido también como Pacto de Impunidad II.
No obstante, el canciller Reina dijo que la misión revisará esta y cada una de las leyes, por lo que dictarán posteriormente cuáles necesitan reformas.
“Por ahora solo están haciendo evaluación de la situación de la justicia en el país, por eso es esta primera visita y ver el contexto para conocer cuál es la situación real. Ellos no han solicitado nada hasta que hagan esa revisión, todo fue rondas de conversaciones por ahora con los actores relacionados. Seguirán visitando el país continuamente”, afirmó.
La misión pidió al Poder Legislativo una copia del proyecto de ley y dictámenes sobre la Ley de Colaboración Eficaz, revisiones del Código Penal y el proyecto de Ley de Extradición.
Asimismo, se solicitó si hay intención de reformar o derogar el decreto 116-2019 que se refiere al Fondo Departamental, el 117-2019 que otorga protección e inmunidad a diputados y el 67-2022 que se refiere a las atribuciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
Otras solicitudes de información hechas van relacionadas a la situación en que se dejó el Congreso en la administración de Mauricio Oliva, informes elaborados por comisiones especiales de investigación durante los últimos tres años y hallazgos al Código Penal vigente.
En relación a la información solicitada por la misión, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, consideró que “la misión tiene derecho a solicitar toda la información necesaria y que todos los poderes del Estado deben colaborar con ellos”.
“Es importante que entiendan lo que sí es y lo que no es ese decreto”, expicó, en referencia a la Ley de Amnistía.
A su vez, Pastor reafirmó que la reciente salida de los personeros no se dio por los señalamientos y ataques a Alice Shackelford, coordinadora residente de Naciones Unidas en Honduras.
“Las entrevistas realizadas en estos días las llevaron para procesar. La salida de ellos no se dio por situaciones hostiles, así que en el mes de agosto estarán de regreso”, acotó.
El trabajo de la misión durará seis meses y es encabezado por el italiano Amerigo Incalcaterra, excomisionado de la CICIG en Guatemala durante el 2008 y 2009.
El grupo lo completa la guatemalteca Ana Gabriela Contreras, exintegrante de la CICIG; y el argentino Pedro Biscay, quien también fue parte del organismo anticorrrupción en Guatemala.
“El trabajo del grupo de expertos es crítico para definir si hay condiciones o no de un posible mecanismo, esperamos definir cosas más en específico la próxima semana”, puntualizó Alice Shackelford a este rotativo.
La misión de la ONU sostuvo reuniones con los mandos de los tres poderes del Estado, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público y otras instituciones.
