'Hacemos un llamado al Estado hondureño para que cumpla con (...) el acceso a la justicia y una reparación adecuada, efectiva y pronta para las víctimas, tanto a la familia de Berta Cáceres como a la sociedad hondureña en su conjunto que fue impactada por el atroz crimen', exponen en una carta fechada en Bruselas los legisladores, sobre el crimen perpetrado el 3 de marzo de 2016.
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La ambientalista se oponía a la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio indígena lenca, por parte de la firma Desarrollos Energéticos (DESA), bajo el argumento de que traería daños al medioambiente.
Fue asesinada por pistoleros que ingresaron a su vivienda en la comunidad de La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras.
En un documento dirigido al presidente Juan Orlando Hernández y a otras autoridades, los parlamentarios relatan que han seguido de cerca el juicio contra el gerente general de DESA, Roberto David Castillo, un egresado de la escuela militar estadounidense West Point, cuya audiencia judicial culminó el lunes.
'Los datos presentados en la audiencia muestran cómo el acusado utilizó su experiencia en inteligencia militar para fomentar una relación con Berta Cáceres con el fin de monitorear y rastrear sus acciones', explicaron.
Añadieron que los datos 'también muestran cómo, en los meses y semanas anteriores al asesinato (...) el acusado coordinó con el gerente de Relaciones y Medio Ambiente de DESA, Sergio Rodríguez; y el exjefe de Seguridad de DESA, Douglas Bustillo (...) con el fin de proporcionar la logística para llevar a cabo el asesinato'.
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'La evidencia muestra que estas acciones fueron en comunicación con otros empleados y directores de DESA. Instamos a que el proceso penal en el caso David Castillo se lleve a cabo en pleno respeto de los principios legales de imparcialidad y justicia abierta', exhortaron.
Siete personas fueron condenadas a entre 30 y 50 años de cárcel, incluyendo Rodríguez y Bustillo, por el asesinato de Cáceres. Según la sentencia, el crimen fue coordinado por personal de DESA.
Cáceres era coordinadora de la ONG Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y ganadora del Premio Goldman de medioambiente 2015.
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'Observamos con preocupación que no se ha procesado a los autores intelectuales de su asesinato ni se ha cancelado el proyecto hidroeléctrico, empañado por graves denuncias de corrupción', agregaron los parlamentarios, que lamentaron que 'se han dado pocos pasos hacia una justicia reparadora'.
