TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A partir del 1 de julio, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asumirá la dirección de todos los centros penales del país, intervención que durará un año y podrá extenderse.
El nuevo mando de las cárceles bajo la tutela de la PMOP establece diversos aspectos marcados en el PCM 28-2023, como la emergencia en el sistema penitenciario hasta el 23 de junio de 2024.
De esta manera, la Policía Militar tendrá la autoridad, control, manejo y administración del Sistema Penitenciario Nacional, en lo que respecta al Instituto Nacional Penitenciario (INP).
A su vez, el PCM establece que queda en suspenso de manera temporal las funciones del Consejo Directivo del Sistema Penitenciario Nacional.
En el caso de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la Policía Militar deberá solicitar la colaboración y apoyo de los entes y organismos del Estado rectores en materia de protección y defensa de los derechos de la mujer, “para garantizar la observancia de las leyes y tratados internacionales que regulan la materia”, reza el decreto ejecutivo.
Además, quedará fuera de la intervención el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).
La administración de los penales será facultad de los nuevos interventores por lo que “la Policía Militar procederá a la suspensión temporal de personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos del personal que se considere innecesario”.
En caso que se den despidos la Secretaría de Finanzas deberá proveer fondos para cubrir los derechos laborales.
Informes
Tal como ha sucedido con las interventoras del Servicio Civil, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y Sistema Nacional de Emergencias 911, la Policía Militar deberá presentar dos informes a la presidenta Xiomara Castro para señalar las acciones que se realizarán en las 21 cárceles que serán intervenidas.
“Se deberá entregar en un plazo no mayor a 90 días un plan operativo preliminar y en un plazo no mayor de seis meses, un plan operativo general (plan estratégico institucional), los cuales deben contemplar la reestructuración del Sistema Penitenciario Nacional y sus líneas de tiempo”, establece el PCM aprobado el viernes 23 de junio en Casa de Gobierno.
Durante este proceso se deberá clasificar los centros penales existentes y la población recluida en ellos, “tomando en cuenta los diseños arquitectónicos de los centros y el perfil criminológico de la persona privada de libertad, en base a los estudios técnicos de peligrosidad”.
Otra acción que deberá cumplirse es la aplicación de pruebas psicométricas al personal que ingrese a laborar al sistema penitenciario.
“Realizar un proceso de evaluación continuo y permanente del personal asignado en base a gestión por resultados y requisitos de idoneidad para el cargo, así como la supervisión constante de las actuaciones de los custodios penitenciarios”, añade lo aprobado.
Dudas
La intervención en las cárceles a manos de la PMOP sigue generando dudas y, según el criminólogo Gonzalo Sánchez, ahora sí debería dar resultados.
“Esta vez debería de funcionar porque ya una vez estuvo en manos de los militares e incluso gente se fugó, siempre hubo corrupción y por eso ahora tienen un reto más grande donde tienen que frenar este problema de las cárceles”.
Dentro de la oposición resaltaron que el gobierno de Xiomara Castro ahora tiene como un brazo importante a los militares, mismos que antes fueron criticados por la mandataria.
“Todo lo que ellos criticaban ahora se están viendo obligados a reutilizarlo ante el fracaso que están teniendo. La Policía Militar no solo regresó a las calles sino que volverán a controlar las cárceles”, opinó Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional.
Paradójicamente, la Policía Militar fue criticada fuertemente por la presidenta Castro en el pasado, al punto de mostrar intenciones de eliminarla o enviar a sus elementos a los cuarteles.
