TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la falta de consensos en Congreso Nacional para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), algunos líderes políticos han planteado la posibilidad de si que no se elige este jueves al nuevo fiscal general y fiscal adjunto, se nombre una junta interventora, pero esta propuesta ha generado malestar entre varios miembros de la oposición.
Este 31 de agosto es la fecha límite para elegir al fiscal general y adjunto, ya que se vence el periodo en gestiones de las actuales autoridades en el cargo y a pesar de dos intentos previos, los diputados no parecen tener acuerdos que reúnan los 86 votos que se requieren, según la ley, para nombrar a dos de los cinco candidatos en contienda.
El partido oficialista, Libertad y Refundación, propuso en su nómina al abogado Johel Zelaya como fiscal y al también togado Marcio Cabañas como fiscal adjunto; mientras que el Partido Salvador de Honduras (PSH), respaldado por nacionalistas y liberales, mocionó a Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como fiscal adjunto. Ambas propuestas no alcanzaron la cantidad de votos necesarios en la primera sesión y la reunión convocada para el siguiente día no se llevó a cabo por falta de acuerdos.
Ante esto, algunos sectores han propuesto el nombramiento de una junta interventora que impida que el Ministerio Público se detenga de trabajar, mientras las bancadas políticas se ponen de acuerdo. Sin embargo, esta posibilidad ha sido rechazada por algunos parlamentarios y por empleados del ente en cuestión, por considerar que contradice la ley.
Víctor Marín, presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, dijo que en caso de no elegirse un nuevo fiscal general y adjunto, es al director de fiscales a quien le corresponde asumir la batuta, según el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público.
Dicho artículo señala que es al fiscal general adjunto a quien le corresponde sustituir al fiscal general en sus ausencias temporales y definitivas, pero que a falta de fiscal general adjunto, “hará sus veces el director de la Fiscalía”.
“Esas intenciones de la clase política de una junta interventora no puede ser, es inadmisible para nosotros como servidores, porque ya les aguantamos tanto deterioro, debido a su comportamiento político, que definitivamente no sería aceptable y para eso tendríamos que activar la organización que ya demostramos en la huelga de todos los servidores a nivel nacional. Ese tipo de crisis no la queremos volver a vivir, sin embargo, si toca defender la institucionalidad y el rol que nosotros desempeñamos acá vamos a tener que hacerlo”, argumentó.
El jefe de la Asociación de Fiscales pidió a los diputados “hacer a un lado esos intereses políticos y elegir de manera independiente”, a los nuevos fiscales.
Por otro lado, varios diputados cuestionaron que se pretenda juramentar una junta interventor cuando la Constitución de la República no faculta a los diputados para hacerlo.
Mauricio Villeda, congresista del Partido Liberal, publicó en sus redes sociales que: “El Congreso Nacional no tiene facultades para nombrar juntas interventoras en el Ministerio Público” y citó el artículo 205 de la Constitución, en el que se establecen las atribuciones, sin mencionar la formación de interventoras.
Otro que se pronunció en contra de esta posibilidad fue el exfiscal de lucha contra el narcotráfico, Nelson Domínguez, quien dijo que “el fiscal general debe ser elegido este día, porque no puede ser una junta interventora”.
Y desde la bancada del Partido Nacional se cuestionó la idea, argumentando que “queda acéfalo el Ministerio Público si no se elige a un fiscal general y tendremos que seguir dialogando el viernes, el fin de semana, la próxima semana... Y los que están en el cargo tienen que sostenerse hasta que elijamos los sustitutos”.
