Cinco escenarios legales e ilegales para elegir al fiscal

A pocas horas para que termine el período del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y del fiscal adjunto Daniel Sibrián, en el campo de batalla donde los políticos libran su lucha para hacerse del control del Ministerio Público se barajan al menos cinco escenarios, incluyendo algunos que violentan la Constitución de la República.

La apertura del debate en el hemiciclo legislativo la tarde noche del martes reciente para elegir a las nuevas autoridades de la Fiscalía reveló varias tendencias: una, que la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) solo tenía 52 votos para impulsar su nómina, y la otra es que la oposición conformada por el Partido Nacional, una facción del Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras (PSH), esta vez unida, mostró un brazo más fuerte al conjuntar 70 votos.

Incluso quedó evidenciado que seis diputados no están dispuestos a seguir las directrices de sus bancadas y que le apuestan a un fiscal más independiente políticamente.

En la cita legislativa, la expresión del diputado Carlos Zelaya, secretario de la Junta Directiva, de que esperaban “no llegar a tomar decisiones que no sean las que la Constitución manda”, encendió las alarmas de posibles jugadas sucias para imponer fiscales al margen de la ley.

Zelaya agregó que Libre por el momento solo tiene 50 votos y que para elegir al fiscal general se necesitan 86, situación que no cambió este miércoles. Como ni el oficialismo ni la oposición cuentan con los votos favorables de por lo menos dos terceras partes de los integrantes del Legislativo, están obligados a encontrar un consenso a más tardar a la medianoche de este día para realizar los nombramientos.

En caso de no llegar a ningún acuerdo vencido ese tiempo, las pláticas deben continuar sin que se ponga en riesgo la constitucionalidad, ya que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que “los funcionarios que elige el Congreso Nacional cuando concluya el periodo para el cual fueron electos y no se hayan designado a sus sustitutos permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.

En el caso de la Fiscalía, si Chinchilla decide renunciar, según el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, lo sustituiría el fiscal adjunto.

Y si ambos renuncian, según Oliver Erazo, abogado constitucionalista, los artículos 67, 68 y 69 del reglamento de la Ley del Ministerio Público establecen que puede quedar a cargo el director de fiscales. “La legislación ya cubre esos posibles escenarios de crisis”, sostuvo el profesional del derecho.

De acuerdo con Erazo y con el analista Miguel Cálix, el primer escenario es que a más tardar este día los diputados seleccionen al fiscal general y fiscal mediante el consenso y el respeto de la nómina de los cinco candidatos propuestos por la Junta Proponente.

En este momento la dirigencia de los partidos “anda buscando el pedigrí político, la militancia de los candidatos porque la pertenencia política pesa”.

Si las nóminas propuestas por el oficialismo y la oposición no encuentran el apoyo, también surge la posibilidad de un segundo escenario donde un partido proponga una moción con una tercera terna que encuentre el respaldo de las mayorías.

El tercer escenario es que, si una vez llegada las 12:00 de la noche de este jueves no hay consensos, los diálogos sigan hasta alcanzarlos, mientras tanto el fiscal general y el adjunto continúen en el cargo.

En caso de que ellos renuncien la ley ya establece el sustituto para mantener la gobernabilidad en el Ministerio Público, es decir, la ley ya señala el camino a seguir.

Como también todavía existe la posibilidad de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ampare a los abogados Luis Javier Santos, Mario Urquía, Omar Bonilla Jiménez y y Juan Rafael Soto y los incorpore al proceso de selección, entonces las bancadas de los partidos pueden tener cuatro opciones más y así llegar a un acuerdo.

Si con ello todavía no hay un consenso, algún diputado podría plantear que el proceso está fracasado y que hay que buscar alternativas más radicales.

Otro escenario (el cuarto) más siniestro es que se llegue a violentar la Constitución de la República al imponer un fiscal sin el procedimiento de elección y de la verificación y observación del quórum de 86 votos de diputados propietarios.

También está el quinto escenario donde las bancadas de los partidos decidan repartirse el Ministerio Público, dejando en suspenso la toma de posesión de los cargos mientras se hacen reformas a la Carta Magna. Como esto implicaría una ratificación, se nombraría una comisión de transición para cubrir el espacio de tiempo.

Erazo es del criterio que esto sería inconstitucional, además de que no se puede gobernar con juntas de transición, cuando la ley ya da las acciones a seguir.

“De darse este escenario, el Ministerio Público se convertiría en un pastel que hay que repartirlo entre los políticos; sería una repartición tripartidista y no tiene sentido cuando estamos hablando de fortalecer esa institución quitándole todos los elementos que lo politizan. Necesitamos un Ministerio Público que haga gala de su principio de objetividad, no de persecución penal selectiva”, añadió.

Por el momento, aseguró, “veo una bancada de Libre sumamente incómoda por estar respetando el procedimiento constitucional y por tener que cumplir con el quórum de las dos terceras partes, o sea mayoría calificada de 86 votos”.

Entre tanto, Cálix consideró que en el ambiente legislativo ya se maneja la salida de reformar la Constitución con el fin de agregar un segundo fiscal adjunto y que el director de fiscales lo elija también el Legislativo, para que ningún partido quede descontento.

Esté sería el peor de los escenarios, pero ya se ha realizado bajo el argumento de “por esta única vez”. El tema de las reformas ya está instalado en la mesa, lo preocupante de eso es la partidización del Ministerio Público, lo cual hasta ahorita no ha ocurrido de manera tan obvia, sostuvo.

Para este analista, los únicos dos partidos que se tienen que poner de acuerdo ahí son Libre y Nacional porque juntos suman más de 86 votos (94, para ser exactos), lo que pasa es que “el Partido Nacional sabe que si se van juntos en esa votación pierden el consenso político que se ha logrado últimamente y que le está generando tanta incomodidad a Libre, pero también Libre no quiere negociar solo con el Partido Nacional porque parte de su discurso es que ellos no se juntan con la narcodictadura”.

Sobre el posible nombramiento de una junta interventora o de transición para luego plantear reformas constitucionales, Tomás Zambrano, presidente de la bancada nacionalista, aseguró que su partido no apoyará esa salida.