TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A raíz del continuo incumplimiento de la Empresa Energía Honduras (EEH) de sus obligaciones contractuales y la falta de accionar de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), las autoridades de esta entidad podrían ser interpeladas por el Congreso Nacional.
Así lo anunció el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, quien es miembro de la comisión especial de energía del órgano unicameral, quien confirmó que en los próximos días se presentará una iniciativa para interpelar a los superintendentes de este ente adscrito al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
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“Hay que interpelar a estos funcionarios y reformar la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada para que la SAPP pueda ejercer un control y que una vez por todas se pueda rescindir el contrato de EEH y que llegue una empresa que cobre lo justo, que haga con efectividad y rigurosidad el control de las pérdidas”, indicó.
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El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, resaltó que la Superintendencia de Alianza Pública Privada (SAPP) debe de actuar por el incumplimiento de la Empresa Energía Honduras (EEH), velando por los intereses de la mayoría.
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El congresista agregó que “no se ha llegado al cumplimiento de las metas técnicas y no técnicas, el ente supervisor, que es la Superintendencia de Alianza Público Privada, tampoco ha ejercido su función de veedor, de control, no ha interpuesto ninguna sanción a Energía Honduras”.
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Los superintendentes de la SAPP son nombrados por el CN por un plazo de cinco años y la propuesta de interpelación tendría el respaldo de la oposición, requiriendo del apoyo de parte de la bancada del Partido Nacional para que proceda una vez que sea enviada a la Secretaría del Poder Legislativo. El ingeniero Leo Castellón es el actual titular del ente colegiado y que resultó electo diputado de Cortés por el partido de la estrella solitaria, pero goza de un permiso para desempeñar su cargo.
Analistas en materia económica y empresarios consideran que la SAPP es de los principales responsables de la situación que afronta la ENEE por no actuar de conformidad a las funciones establecidas en la ley que la rige.
Calidad
DeSde supervisar la calidad de los servicios prestados de conformidad con los estándares, aplicar las sanciones previstas en los contratos o en las normas aplicables hasta gestionar que se promuevan las acciones administrativas, civiles y penales que incluye medidas precautorias para asegurar el cumplimiento de los convenios son parte de las atribuciones de la entidad reguladora que no ha hecho valer en el caso del contrato suscrito entre el Estado y el consorcio honduro-colombiano.
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De los cuatro años del acuerdo para la recuperación de pérdidas en los servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la ejecución de distribución y flujo financiero llevado a cabo por la EEH en tres períodos consecutivos no se han recuperado las pérdidas y al cierre de 2020 se reportaba un 32.61%, según el último informe de la empresa Manitoba Hydro International (MHI).
Nueva ley
El abogado César Cáceres, quien funge como superintendente de la SAPP, manifestó a este rotativo que “queremos que la nueva Ley de Alianza Público Privada que el Banco Interamericano de Desarrollo ha estado financiando para desarrollarse más bien nos permita, nos dé más herramientas, más dientes para que no sean los contratos que nos estén limitando, sino que la normativa nos diga cuál es el procedimiento en cada caso”.
“Como son contratos nosotros debemos tener el cuidado de que tengamos todos los elementos necesarios para proceder porque de lo contrario complicamos al Estado, porque si imponemos una sanción y a lo interno queda firme, ellos (refiriéndose a EEH) se van a los juzgados y le pueden dar vuelta porque no se ha cumplido con el debido proceso”, planteó.
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El funcionario argumentó que hay limitantes para poder proceder en contra de Energía Honduras, siendo una de ellas la falta de certificación de los reportes divulgados por MHI, que es la supervisora del proyecto de reducción de pérdidas energéticas de parte del Comité Técnico del Fideicomiso integrado por la ENEE, la Secretaría de Finanzas (Sefin), EEH, el Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) como también el banco fiduciario.
Entretanto, el especialista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, aseguró a EL HERALDO que “la Superintendencia de Alianza Público Privada debe jugar un rol importante no solo en la contraloría, fiscalización, monitoreo y seguimiento de los contratos o proyectos que se están desarrollando porque así lo establece el entramado normativo y legal; creemos que si no está realizando su labor lo que demuestra no solo es incapacidad, sino que tiene vinculación entre la ineficiencia y el intento de ocultar la incapacidad de los desarrolladores privados”.
