TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la difusión del informe de Conflictividad 2023 elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Angélica Álvarez, calificó como “ataque político” la investigación hecha por el ente veedor.
“La ASJ porque lejos de reconocer los avances que sí ha tenido este gobierno y todos nuestros aciertos para poder trabajar en pro de las garantías y respeto a los derechos humanos, al contrario, este informe es un ataque político contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro”, sentenció Álvarez.
Además, afirmó que los datos presentados en por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) son distintos a los del informe de ASJ, destacando además que ambas organizaciones internacionales han resaltado los avances del gobierno.
“La ASJ que no tiene altura moral ni credibilidad para presentar este tipo de ataques políticos porque no son informes, son ataques”, subrayó la funcionaria.
Seguidamente, instó al resto de organizaciones a que sean responsables con las informaciones que transmiten y las metodologías empleadas para la recolección de información.
Al poco tiempo de que la ministra respondiera al estudio de ASJ, la SEDH emitió un comunicado condenando el informe, aseverando que después del golpe de Estado Honduras cayó en un estado de vulneración social, permitiendo el abuso de derechos humanos contra los ciudadanos.
De igual forma, reprochó a la ASJ afirmando que la institución guardó silencio en las crisis postelectorales de 2013 y 2017, al igual que no se pronunciaron ante los asesinatos contra más de 200 ambientalistas, de acuerdo al comunicado.
¿Qué decía el informe?
El informe de Conflictividad 2023: Gobierno Ingobernable, sostiene que 482 conflictos sociales estallaron en el segundo año del gobierno de Xiomara Castro.
El documento dice que estos conflictos son producto del frágil estado Derecho, falencias en el cumplimiento del respeto y garantía de los derechos humanos, y del cumplimiento del estamento jurídico.
Además, contempla que 94 conflictos surgirieron desde las instituciones públicas y que 76 fueron conflictos políticos.
“Vemos que de esos 76, 10 fueron originados directamente por el oficialismo o por la institucionalidad como tal, y eso representa un 13% de los conflictos”, indicó Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de ASJ.
Además, apuntó que estos conflictos ocurrieron desde el Congreso Nacional en el segundo semestre del 2023. Entre algunos de ellos, los zafarranchos del 1 de agosto y otro ocurrido el 31 de octubre, donde el diputado Antonio Rivera Callejas salió herido.
En ese sentido, la ASJ hizo un llamado a los funcionarios del gobierno a buscar soluciones a través del diálogo y pacifismo, dejando a un lado la intolerancia.
“Es imperativo que promuevan el diálogo y la cohesión social, contribuyendo así a un entorno más pacífico que contribuye a una sociedad más justa”, declaró Aguilar.
