La garantía proviene del presidente del máximo tribunal de justicia de Honduras. La sentencia que se emitirá para definir si se deroga o no el decreto que crea las ciudades modelo
será conforme a ley, sin atender presiones.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conoce 24 recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la aprobación de los decretos 283-2010 y 04-2011 que reforman los artículos 304 y 329 de la Constitución de la República.
Con estas reformas, que aprobó y ratificó el Congreso Nacional, se posibilitó la emisión del decreto 123-2011 que crea las Regiones Especiales de Desarrollo, conocidas como ciudades modelo o ciudades libres.
De las impugnaciones interpuestas, una está para dictar sentencia: la presentada el 18 de octubre del año anterior por un grupo de juristas.
Sobre esta acción, la Sala Constitucional ya tiene el dictamen del Ministerio Público, que recomienda derogar la creación de ciudades modelo por inconstitucionales. De las 23 restantes, apenas inicia el proceso, aunque bastará conocer la primera sentencia porque los argumentos de todas las impugnaciones son los mismos.
El presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, reconoce que existen presiones de las partes, no directamente hacia los magistrados de la CSJ, específicamente de la Sala Constitucional, sino por criterios expuestos a través de medios de comunicación.
“Hay exigencias de la ciudadanía, pero la Sala Constitucional está haciendo un verdadero análisis, un estudio profundo y, aunque se lleve algún tiempo estamos seguros que su resolución estará totalmente arreglada a derecho”, afirmó Rivera Avilés.
Dijo desconocer cuándo se emitirá la primer sentencia, que declare o no la inconstitucionalidad de los decretos aprobados por el CN.
Será hasta que cada uno de los cinco magistrados que integra la Sala Constitucional, “tenga la conciencia del estudio que ha realizado”. “La inconstitucionalidad que se está conociendo involucra un estudio completo de toda la ley”, añadió.
Histórica
Retomando las presiones, reafirmó que no existen por parte del CN ni del Ejecutivo.
“Presiones no existen, sabemos que la ciudadanía espera un pronunciamiento, pero también tienen que entender que debe ser algo completamente arreglado a derecho, porque será una resolución histórica”, manifestó.
Por tanto, garantizó que los magistrados emitirán su sentencia en base a su independencia y conforme al estudio realizado.
La Sala Constitucional estudia factores señalados por los impugnantes como el MP, como el hecho que las ciudades modelo son ilegales porque violan la soberanía del pueblo y territorio, que atentan contra la forma de gobierno y la autonomía de los municipios.
“Hay que analizar esas situaciones, hay que analizar la administración de esa Región, la justicia que se aplicará en la misma y un montón de circunstancias que justifican que se han tardado los miembros de la Sala Constitucional y en el momento oportuno emitirán una resolución”, expresó. El pasado 25 de enero, el MP envió a la Sala Constitucional su dictamen, que solo es ilustrativo.
La Ley sobre Justicia Constitucional define que la sentencia se emitirá 20 días después de recibir dicha opinión. Sin embargo, Rivera explicó que el reglamento de dicha ley concede ampliar el plazo para mayor estudio. En este caso cada magistrado solicitó el expediente completo para estudiarlo.
Si no existe unanimidad entre los cinco magistrados que integran la Sala Constitucional no habrá sentencia. En este caso el expediente se remitirá al pleno de los 15 magistrados para que emita un fallo definitivo, sea por unanimidad o por mayoría.
