TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las maras y pandillas tienen de rodillas al sector transporte con el cobro de la extorsión, y en lo que va de este año, este rubro ha pagado unos 350 millones de lempiras.
El transportista Wilmer Cálix, señaló que este año los dueños de buses pagan entre 40 y 50 millones de lempiras al mes a los diferentes grupos criminales que operan en el territorio nacional.
“Este año ha sido fuerte, la verdad que el tema de la extorsión ha venido a poner de rodillas al rubro en Tegucigalpa y San Pedro Sula; en los últimos dos meses nuevas estructuras han comenzado a molestar. Además, los asaltos dentro de las unidades van en alza también”, dijo.
Durante el 2023, los transportistas pagaron entre 500 y 600 millones de lempiras a las distintas estructuras criminales y tal parece que este año la cifra será similar o incluso mayor, aseguran sus dirigentes, quienes expresan que ya no aguantan y se sienten “asfixiados” porque cada vez son más las organizaciones criminales que exigen el pago a cambio de dejarlos trabajar.
Son hasta cinco estructuras criminales a quienes deben pagar los transportistas de manera semanal por cada unidad que opera en las principales ciudades del país.
“A nivel nacional son entre dos a cinco maras y pandillas que debemos de pagar; depende la ruta y en algunas pagamos a dos y en otras hasta cinco”, añadió Cálix.
Este flagelo no solo está afectando los bolsillos de los dueños de buses, también impacta en la vida de los conductores y sus familias, pues son los choferes y cobradores quienes pagan con su vida cuando no se cumple con el cobro.
Entre enero y junio son un total de 28 los conductores y cobradores de buses que han muerto de forma violenta por la extorsión; aunque la cifra es 26% menor a la del 2023 no significa que la situación está controlada o mejore; al contrario, de acuerdo al transportista Jorge Lanza, la reducción de ataques y muertes de personas relacionadas con el transporte se debe a que se ha cumplido con el pago.
En las últimas semanas, los dueños de las unidades denunciaron la paralización de al menos 10 rutas de buses y el cierre de unas seis empresas por el delito de extorsión, así mismo cuestionan los resultados del estado de excepción que se aplica en el país desde el 2022 con el objetivo de reducir este flagelo.
“Aunque las acciones policiales han tenido algún efecto, no han sido tan efectivas como esperamos, o como ellos lo han anunciado. Si pagamos regularmente la extorsión a todas las agrupaciones criminales no hay problema”, dijo el transportista.
Impunidad
Recientemente la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó el Monitor de Impacto de la Extorsión en Honduras, y los datos muestran que índice de impunidad en extorsión en el país es del 99%.
Ese porcentaje significa que 1 de cada 10 casos por extorsión llegan a una sentencia condenatoria.
Aunque el sector de transporte es el más afectado, el monitoreo de la ASJ señala que hasta el 2023 un total de 283,952 hogares hondureños son víctima de este delito.
Así mismo el estudio indica que en lo que va de este año se han presentado un total de 891 denuncias por extorsión, menos del 50% de las que se registraron en 2023 (2,002).
Lo anterior según expertos refleja que las personas no están confiando en las organizaciones, eso por la falta de eficacia en los resultados.
De las 891 denuncian que se presentaron de enero a mayo de este año ante la Policía Nacional, solo se reportan 484 detenciones y apenas 27 casos fueron derivados en una condena ante los juzgados, establece el monitoreo de la ASJ.
“Es casi nula la eficiencia del sistema de justicia penal en el combate contra la extorsión”, dijo Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ.
La dirigencia lamentó la lentitud y falta de interés de los diputados del Congreso Nacional para discutir y aprobar un anteproyecto de ley para que el delito de extorsión pase de orden privado a público, lo que permitiría a las autoridades policiales y judiciales actuar de oficio.
