Tegucigalpa, Honduras
El proyecto de ley que regula el financiamiento de las campañas políticas entregado este miércoles por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), fija un techo de 120 salarios mínimos como aportación privada a los partidos políticos, movimientos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.
Esto equivale, tomando como base el actual salario mínimo, a una aportación privada de no más de un millón de lempiras, según lo reveló el presidente del TSE, Erick Rodríguez, luego de concluir una reunión con la misión internacional.
Una oficina especial, dotada de auditores, y supeditada al ente colegiado, será la encargada de llevar el control de las aportaciones privadas de los partidos y de los candidatos a cargos de elección popular que deberán “llevar un registro contable de todas las aportaciones en dinero o especie que reciban”.
Rodríguez dijo que, de ser necesario, los auditores se desplazarán al interior del país a supervisar la campaña departamental y municipal que estén impulsando los candidatos a diputados y alcaldes municipales, a fin de evitar que dineros mal habidos estén infiltrados en dichas campañas.
La comunidad internacional y los mismos sectores políticos reconocen que el narcotráfico está a punto de penetrar (o ya lo está) en las campañas políticas, lo que sería un grave daño a los sistemas electorales y a la democracia representativa.
El documento entregado ayer por el TSE a la Maccih se sumará a la iniciativa que, con el mismo fin, fue remitida al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo y otra sometida al hemiciclo legislativo por el diputado udeísta, Edwin Pavón.
La Maccih comprometida
Juan Jiménez Mayor, portavoz de la Maccih, y exministro de Justicia de Perú, mostró su complacencia por la aportación del organismo rector de los comicios electorales hondureño.
“Esta es una iniciativa muy potente de trabajar contra la corrupción y es el motivo por el cual la Maccih está en el país”, afirmó el representante de la Misión.
“El Tribunal ha venido trabajando en los últimos años en una serie de planteamientos que se nos han presentado y la misión que tenemos en este punto, más allá del mandato que tiene la Maccih en el país, es que podamos trabajar en una iniciativa que permita que no existan dineros mal habidos, dineros del narcotráfico, dineros de la corrupción penetrando las campañas electorales en el país”, expuso Jiménez Mayor.
“La Maccih”, añadió, “está trabajando con sectores políticos, con la comunidad internacional, con el Tribunal Supremo Electoral en poder ayudar en una iniciativa que nos permita trabajar en el tema de financiamiento y fiscalización de campañas electorales”.
Sobre quién va a supervisar las campañas, el portavoz de la Maccih dijo que este “es un asunto que va a corresponder a las autoridades hondureñas, no es una entidad internacional la que va a fiscalizar el proceso”.
Una propuesta base
Para el presidente del TSE, Erick Rodríguez, la propuesta entregada ayer puede servir de base a la próxima ley que deberá estar aprobada antes del 11 de septiembre, fecha prevista para la convocatoria a elecciones primarias
