Según los registros, en esa lucha antagónica- entre 2012 y 2017- fueron asesinados 10 candidatos a alcaldes, un alcalde en funciones, dos vicealcaldes, un ex vicealcalde, dos candidatos a regidores, cinco regidores en funciones, siete candidatos a diputados, 31 dirigentes o activistas, nueve familiares de candidatos, 22 manifestantes, siete ciudadanos y un policía.
Y actualmente, desde la apertura de la contienda electoral 2020-2021 el Observatorio de la Violencia ya enlista 14 personas vinculadas a la política que han perdido la vida violentamente.
Como la Policía no ha tenido la capacidad para investigar estos casos, entonces nadie sabe las verdaderas razones por las cuales les arrebataron la vida.
Desde la crisis política en el 2009 este tipo de crímenes viene en ascenso. Uno de los primeros políticos asesinado fue Bernardo Rivera Paz, periodista, abogado y exdiputado liberal, secuestrado el 14 de marzo de 2009 cuando se dirigía a su finca en Protección, Santa Bárbara.
Sus restos fueron encontrados cuatro meses después en una montaña de la aldea Buena Vista, Florida, Copán, occidente de Honduras.
El último hecho es el ocurrido la noche de este domingo reciente, cuando individuos fuertemente armados asesinaron en su vivienda a la exdiputada liberal Carolina Echeverría Haylock, quien aspiraba a nueva diputación en las elecciones generales de noviembre próximo.
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Violencia
Para Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, los procesos electorales son conflictivos por la naturaleza competitiva de los mismos y por ser espacios de disputa de poder.La violencia se presenta como un conjunto de actos que afectan la integridad física, “porque no solo es la muerte física, sino también el daño emocional de estas personas que se postulan al cargo de elección popular, o que aspiran a dirigir los destinos de un municipio, o departamentos. Esto manda muchos mensajes de coartar los derechos políticos y esto se vuelve un problema porque desestimula la participación”, reflexionó.
Ayestas lamentó que las autoridades de los partidos políticos cuando hay agresiones o muerte de sus correligionarios o dirigentes no exigen a las autoridades que desarrollen investigaciones o judicializaciones de los casos.
'No toman alguna responsabilidad al respecto y en muchos casos ni una nota de duelo sacan', cuestionó.
Cuando las víctimas representan una candidatura, cargo político o son sus activistas, el partido político debe asumir la responsabilidad de demandar a las autoridades las investigaciones que correspondan y hacer justicia. Si en estos casos de alto impacto no se hace nada, 'imagínese los otros', criticó.
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El informe titulado Conflictividad y violencia política electoral 2013 del Observatorio de la Violencia señala que la violencia política, “se desencadenan por el mal manejo del proceso con inclinaciones favorables para determinado candidato, por el uso de recursos del Estado en campañas, reglas electorales no transparentes y la no aceptación de los resultados electorales”.
El conflicto elector conlleva a un enfrentamiento de intereses de partido, grupales o personales, de valores y de ideologías.
“Los procesos electorales son un campo de fuerza donde se disputan intereses políticos y económicos fuertes entre los candidatos por el control del partido, por los cargos de elección popular y por el control del Estado”, precisa el documento.
En la contienda electoral primaria de 2012, realizada el 18 de noviembre, se registraron 13 crímenes y en el periodo de elecciones generales practicadas el 24 de noviembre de 2013 se suscitaron 35 muertes.
En todo el proceso de elección sumaron 48 muertes violentas contra candidatos a cargos de elección popular: 24 pertenecían al partido Libertad y Refundación (Libre) 12 al Partido Nacional, 11 al Partido Liberal y uno del Partido Anticorrupción (Pac).
En el Partido Nacional 'la mayor parte de los homicidios son de candidatos a las alcaldías y alcaldes en funciones', mientras que en Libre correspondieron a dirigentes y a activistas del partido.
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Elecciones 2016-2017
En estos registros el Observatorio de la Violencia incluye los crímenes desde el periodo preelectoral hasta el poselectoral del 2017.Comprende el periodo de las elecciones primarias (25 de noviembre de 2016 - 12 de marzo de 2017) hasta el periodo poselectoral, luego del desarrollo de las elecciones generales el 26 de noviembre del 2017.
En ambos periodos se registraron 50 víctimas de la violencia homicida cometida contra candidatos de los diferentes partidos políticos, familiares, activistas o manifestantes.
De los 18 departamentos del país 10 resultaron afectados por la violencia política homicida. Las zonas norte y central fueron las que presentaron la mayor cantidad de víctimas mortales.
El departamento de Cortés fue el más afectado con 18 casos, equivalente al 36%, le siguió Atlántida con nueve crímenes, (18%), mientras que Francisco Morazán contabilizaba siete y Yoro seis víctimas.
En Colón se registraron tres crímenes, en Choluteca dos, en Intibucá dos, mientras que Copán, El Paraíso y Comayagua uno en cada departamento.
La georeferenciación de los homicidios por violencia política muestra que 22 de los 298 municipios del país registraron víctimas mortales, pero San Pedro Sula (12), Distrito Central (7), La Ceiba (5), Choloma (5) y El Progreso (3) sumaron 32 de los 50 casos y representan el 64% del total de homicidios.
Los datos develan que la zona norte y central del país fueron las más afectadas por el fenómeno de la violencia política, sobre todo después del desarrollo de las elecciones generales el 26 de noviembre del 2017, establece el documento del Observatorio de la Violencia.
Al comparar los últimos dos procesos electorales en Honduras, particularmente, los homicidios ocurridos producto del fenómeno de la violencia política, se observa que el número de víctimas aumentó al pasar de 48 entre las primarias y generales de 2012- 2013 a 50 en las contiendas de 2016-2017.
La particularidad de la mayoría de las víctimas de muerte por homicidio en el nuevo proceso electoral 2017 consistió en su condición de ciudadano y manifestante y no en su afiliación política o en su aspiración a un cargo de elección popular, como ocurrió en procesos anteriores.
Amenaza
Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), es del criterio que la violencia política que queda en la impunidad se convierte en un mecanismo de amedrentamiento no solamente para los candidatos a cargos de elección popular, sino también para la misma población y la democracia.En el último caso contra Echeverría Haylock destacó que “primero se trata de una mujer, segundo es una profesional del derecho, tercero es una dirigente político y alta funcionaria del Estado”.
Si este hecho violento queda en la impunidad puede definitivamente interpretarse como un mensaje, “donde aquí todos estamos en riesgo”, añadió.
Sin excusas... instituciones del Estado deben dar con los autores materiales e intelectuales de @CarolinaEch y castigarlos sin contemplaciones. Carolina Echeverría fue mi amiga y me solidarizo con sus familiares por su fallecimiento
— Omar E. Rivera (@omarerivera) July 26, 2021
Hay acciones criminales que no pueden evitarse si alguien está definido a cometerlas, pero si no se investiga y se lleva a la justicia a los culpables definitivamente “desestimulan la participación ciudadana, no solo de hacer actividad política, sino de participar en los comicios, y ya hemos tenido episodios en Colombia y México que muestran eso”.
“Por eso ninguna muerte debe de quedar en la impunidad. El Estado está obligado a buscar un mecanismo para investigar y castigar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes”, expuso Rivera.
Recordó que parte de esa violencia política está relacionada con la influencia que ejercen en algunas comunidades las bandas del crimen organizado.
Toda la costa atlántica- desde Gracias a Dios, Atlántida, Islas de la Bahía, Yoro y Cortés- está altamente influenciados por el narcotráfico, igualmente aquellos departamentos fronterizos con Guatemala y Nicaragua.
Estos departamentos “están permeados por bandas del crimen organizado, que han influenciado en todos los partidos políticos, y han influenciado en muchos de los resultados electorales en la última década en el país', analizó.
Por eso ahí la Unidad de Política Limpia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el mismo Consejo Nacional Electoral deben estructurar un mecanismo conjunto para reducir la influencia de estas bandas del crimen organizado y 'así evitar su injerencia en los procesos electorales', sostuvo.
De igual manera, Rivera lamentó que los partidos políticos, lejos de trabajar para reducir la violencia política, más bien contribuyan a fomentarla, al crear un clima electoral hostil, confrontativo y lleno de crispación, que nada contribuye a la transparencia, a la seguridad y a la estabilidad social del país.
