El surgimiento del programa Barrios más Seguros inició una batalla de valoración entre dos principios fundamentales: la libertad de circulación contra la protección a la vida.
Al menos es lo que se infiere al advertir la creciente oposición a la ordenanza municipal, mientras que el número de solicitudes para implementar la ordenanza en el 2012 se duplicó con en relación a las 130 de 2011.
Según Mauricio Torres, vicepresidente de la Barra de Abogados Anticorrupción, la instalación de portones o brazos mecánicos atenta contra la libre locomoción y movilidad de las personas.
Cabe señalar que el artículo 81 de la Constitución de la República y los artículos 617 y 627 del Código Civil se refieren en los mismos términos.
“Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional”, reza el artículo 81 de la Constitución.
Mientras que el artículo 627 del Código Civil estipula: “Nadie podrá construir, sin permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares de propiedad nacional”.
Torres recordó que el año pasado interpusieron un recurso de amparo contra la ordenanza municipal, que al final favoreció a la Alcaldía.
Sin embargo, la ley facultad a los ciudadanos afectados a recurrir una y otra vez al órgano judicial, a pesar de sentencias anteriores.
“Solo estamos esperando si hay eco en la población sobre esta ilegalidad, para insistir de nuevo con el recurso”, reveló Torres.
Además, varios capitalinos han denunciado que el reglamento de ciertos circuitos es demasiado riguroso, al grado que no permite el ingreso de particulares en busca de casas en alquiler y compra, o parientes.
En otros casos, las nuevas barreras han derivado en el cierre de vías alternas de descongestión vehicular, denuncian los opositores.
Ante esto, las autoridades de la municipalidad sostienen que no permiten la clausura de arterias primarias, secundarías o que sirvan de alivio.
Además, la medida goza de popularidad entre la población, aseguró Aníbal Ehrler, gerente de Movilidad Urbana.
Pero el vicepresidente de la Barra de Abogados Anticorrupción advirtió que “pueden someter la medida a votación, y aunque todos estén de acuerdo, están actuando ilegalmente, porque las calles no se pueden cerrar”.
Programa llega a su margen
Sin embargo, a pesar de la relativa aceptación, Erhler reveló que el programa está llegando a su cobertura máxima, por lo que no se podrá extender más.
“Ya se agotaron la mayoría de barrios y colonias en los que había problemas y, que según los estudios, cumplen los requisitos”, expresó.
Solo en 2012 llegaron 130 solicitudes, de las cuales se aprobaron 108 y 22 fueron rechazadas.
A la fecha, los datos indican que de 70 a 100 mil capitalinos viven en mejores condiciones de seguridad, consideró Erherl.
Entre tanto, en colonias como la Víctor F. Ardón y la Luis Landa los vecinos se han tomado por la fuerza las vías de acceso.
Ante esta incómoda situación, Erlher anunció que ya se han interpuesto las denuncias correspondientes en la Fiscalía General de la República.
Los ciudadanos que sientan cortados sus derechos a la libre locomoción pueden acudir a la gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía.
