Los hondureños indocumentados en Estados Unidos entraron en 'pánico, incertidumbre y shock' tras las primeras medidas ordenadas de Donald Trump de levantar el muro fronterizo y acentuar las políticas contra la inmigración ilegal.
Así lo reveló Francisco Portillo, líder de la comunidad catracha radicada en Miami, Florida, un día después que Trump firmara dos órdenes ejecutivas orientadas a bloquear la entrada de indocumentados y reforzar la seguridad fronteriza.
'La verdad que aquí todo es un pánico, un trauma e incertidumbre. Donald Trump está cumpliendo sus promesas de campaña', expresó Portillo, coordinador de la Organización Hondureña Integrada Francisco Morazán (OHIFM), asociación que asiste a los compatriotas en temas legales y de migración.
Portillo reveló que la medida que más impactará será la abolición de la política 'Atrapar y liberar', que consistía en detener a los indocumentados en la fronteras y dejarlos en libertad en territorio estadounidense mientras se daba trámite a su solicitud de asilo político.
'Antes, las madres con hijos podían seguir su proceso de asilo en libertad e ir a la Corte. Ahora, el proceso de deportación será inmediato', relató el activista.
En ese sentido, los detenidos serán encerrados en los centros de detención, las famosas 'hieleras', mientras se agota el proceso legal. Si la solicitud de asilo no es aceptada, los inmigrantes son retornados a su país.
Es una locura. 'No ha parado de sonar el teléfono' por las llamadas de los catrachos preocupados por su situación irregular ante el reciente anuncio de Trump, relató.
Aunque cifras extraoficiales calculan que un millón de hondureños viven en Estados Unidos, proyecciones oficiales de ese país estiman que 750,000 compatriotas radican en su suelo y al menos 350,000 están en riesgo migratorio (sin ninguna autorización).
¿En peligro el TPS?
Para Portillo, la mayor amenaza que enfrentan los hondureños es la abolición del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), un arma legal que frena la deportación y concede un permiso de trabajo para el indocumentado.
La medida fue aprobada por Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton debido a la oleada de inmigrantes hondureños producto de los estragos del huracán Mitch en Honduras en 1998.
Este régimen de protección se ha renovado anualmente a través de las distintas administraciones, incluyendo a Barack Obama.
Sin embargo, como el TPS emana de una orden ejecutiva que se salta las deliberaciones de la Corte Suprema y el Senado de Estados Unidos, hay un gran temor que Trump no lo quiera renovar este 2017, argumentó el defensor de migrantes.
La última ampliación a este programa, que protege a 60,000 compatriotas, se hizo en julio del 2016 y fue por 18 meses. De esta forma, el plazo de vencimiento será a finales de este 2017.
La esperanza -quizá la última- es que el magnate apueste por un plan para legalizar a los migrantes que ya residen en Estados Unidos.
'Hay un grupo de asesores en temas de inmigración que supuestamente le propusieron a Trump suspender los programas de DACA, DAPA y TPS y legalizarlos', aseguró, pero no hay certeza que esta especulación pase a la realidad.
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El fenómeno Trump ya empieza a pasar factura. Alejandro Paz es uno los tantos que ya tomó la decisión de regresarse a Honduras para evitar complicaciones futuras.
'Se va a poner feo. Ya han aplicado algunas leyes y veo que esto va mal', relató a EL HERALDO el joven de 23 años, quien ingresó hace tres meses a Estados Unidos de forma legal -con visa-, pero planeaba radicar por más tiempo de lo establecido. Sus planes se frustaron totalmente.
En ese sentido, Alejandro quiere seguir mejor la vía legal: 'No deseo tomar el riesgo de quedarme y que me deporten y no poder volver a Estados Unidos'.
La decisión no fue fácil. Desde que llegó en octubre del 2016 a Lawrenceville, una ciudad en el estado de Georgia, vio como su patrimonio personal creció, pues los dos trabajos que consiguió le permitieron comprar un auto, mandar ayuda a su hijo en Honduras y pensaba alquilar un apartamento propio, algo que nunca imaginó en su país, relató.
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La comparación es fácil para él: 'Me da mucha nostalgia hacer esto, pero creo que es lo mejor. Este país lo que tiene es que si vos luchas por algo, este país te ayuda y te brinda ese apoyo y es lo que no tiene Honduras, que allá vos te sacrificás y no obtenés algo más'.
Alejandro no fue expulsado de Honduras por la violencia, como suele ocurrir con los desplazamientos provocados por las amenazas de mareros o la inseguridad en los barrios. A él lo expulsó la corrupción.
'Mi papá estuvo trabajando en el Seguro Social de barrio Abajo. Hubo un tiempo que a él le ofrecieron un trabajo mejor y un mejor salario si firmaba unos cheques. Mi papá siendo una persona muy devota a Dios se negó y a la semana le llegó su carta de despido', relató con profundo lamento.
Desde entonces vino el declive económico, acompañado de complicaciones en la salud, y su mirada se volcó al norte, contó. 'Imaginate tener en cuenta que tu familia pasaba por problemas economicos y tener un hijo (de cuatros años) que mantener (...) Y que en Honduras no te den ni una oportunidad de trabajo, yo opté por venirme a los Estados Unidos'.
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Medidas de precaución
Los hondureños indocumentados en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Texas y Chicago al menos no pasan los suplicios xenóbofos que vive Alejandro, quien a veces siente la mirada incrimininatoria de los ciudadanos de tez blanca. 'Aquí entrás en un restaurante 'gringo' y te quedan viendo. Le tienen pánico a los latinos'.
Además de la apertura entre la comunidad, las autoridades de estas regiones no aplican las leyes migratorias ni colaboran con el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE), por eso las conocen como ciudades 'santuario'.
Sin embargo, Trump amenaza a estos poblados con limitar los fondos federales si no colaboran con la nueva política migratoria de Estados Unidos. El Senado de California, que acoge a las ciudades 'santurario' de Los Ángeles y San Francisco, fue el primero en desafiar al magnate.
'El problema (con la disposición de Trump) es que si la Policía detiene a un indocumentado puede llamar a inmigración para que lo deporten', expresó el coordinador de la Organización Francisco Morazán.
En ese sentido, el activista lanza una serie de recomendaciones a los connacionales. La primera es respetar al más mínimo detalle las leyes.
El hondureño hace referencia a la costumbre de los compatriotas de manejar sin licencia, una infracción que en algunos estados puede derivar en la deportación.
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Igualmente, recordó que Estados Unidos es un país que rechaza el maltrato doméstico, un delito que arrastra en su cultura machista una parte de los catrachos.
Sin embargo, el líder aclaró que esa nación tiene el derecho de expulsar a cualquier indocumentado ligado a una situación criminal, pero no considera justo retornarlo 'por un papel'.
Abogó por una alianza entre los hondureños y se mostró confiado que es el momento de unirse, una debilidad que han tenido por años los compatriotas.
Portillo cerró con esta reflexión: Los hondureños con ciudadanía que votaron por Donald Trump 'ya se han de estar arrepintiendo con esa decisión'.
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