Como parte de la investigación, miembros del Ministerio Público allanaron el viernes la Casa Presidencial, una acción nunca vista contra un mandatario en funciones.
La Fiscalía informó en un comunicado que el presidente Alvarado, su ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y cinco funcionarios más son investigados por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato (o mal uso de las atribuciones de la autoridad).
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El gobierno publicó el 19 de febrero un decreto por el que se creaba esa unidad, e incluyó un articulado en el que autoriza a esa dependencia a solicitar datos “confidenciales” de la población que están en manos de las instituciones públicas.
Ese artículo desató la protesta de sectores políticos y ciudadanos. Dos días después, el gobierno derogó el decreto y el ministro de la Presidencia reconoció que la redacción “no era la más feliz”.
El gobierno aseguró que no se buscaba nada irregular. Sin embargo, reconoció que esa unidad de datos ya operaba desde hace año y medio, lo cual provocó más enojo y la creación de una comisión legislativa para investigar sus acciones y varias demandas legales planteadas por ciudadanos.
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“Para gobernar en el siglo XXI necesita certezas, eso busca y procura el gobierno de la República”, dijo Alvarado cuando derogó el decreto. “Y sí, aquí hubo un error, como lo he reconocido, hubo al menos un error, una torpeza política, porque eso es lo que es”.
Los allanamientos de este viernes fueron dirigidos hacia la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro casas de los funcionarios investigados.
La investigación preliminar detalla que desde mayo de 2018 y hasta octubre del 2019, tres personas fungían como asesores de datos de la Presidencia y conformaron una unidad para analizar información y generar políticas públicas, pero sin ningún respaldo legal.
“Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto”, señaló el Ministerio Público.
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Las autoridades presumen que el presidente Alvarado, el ministro Morales y el viceministro de Planificación, Luís Manuel Soto, emitieron el decreto para crear la UPAD y autorizar el uso de datos confidenciales, pese a que sabían que esto infringía la ley.
La ministra de Comunicación, Nancy Marín, aseguró que el presidente Alvarado no se encontraba dentro de la Casa Presidencial e indicó que el gobierno tiene las “puertas abiertas” para colaborar con la indagatoria judicial.
