El texto, difundido por el Congreso unicameral, apela a la necesidad de “la prevención, la investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas”.
La ley establece penas de dos a 10 años de prisión para quien “publique o difunda información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”, y una condena de hasta cinco años de prisión para quienes “inciten al odio y a la violencia”, señala la iniciativa.
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En dependencia de los factores “agravantes” de quien cometa el “ciberdelito”, la legislación contempla penas “accesorias” de 200 a 600 días de multa.
Los diputados argumentan que buscan la “protección a la seguridad soberana del Estado” y para eso aplicarán la ley “a quienes cometan los delitos previstos, dentro o fuera del territorio nacional”.
En este sentido, proponen extraditar a nicaragüenses desde países con los que existan tratados vigentes. Según organismos de derechos humanos, más de 88.000 personas huyeron de Nicaragua por amenazas de muerte tras las protestas sociales de 2018, entre ellos unos 90 periodistas que se refugiaron en Costa Rica y Estados Unidos, donde abrieron nuevos espacios informativos digitales.
La iniciativa penaliza además el uso de las redes sociales para amenazar a personas o atemorizar a una población ”étnica, cultural, religiosa” o de otra índole, lo que podría prestarse a diferentes y amplias interpretaciones, según los críticos.
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También contempla penalizar el fraude y espionaje electrónico, la usurpación de identidad y uso de la tecnología digital para cometer corrupción de menores y pornografía infantil.
El exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, opinó vía Twitter que el proyecto de ley “abre brecha para criminalizar a ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos, como el uso de las “tecnologías” para divulgar “información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra”.
“Atarle una soga al cuello a la palabra, a la libertad del ciberespacio, es trasladar al pueblo al escenario de “si te movés te tiro, si te quedás te mato”. Quien disienta va preso”, escribió en la misma red la poeta Gioconda Belli, presidenta de PEN Internacional filial Nicaragua.
Según Belli, el texto de la iniciativa es tan general que “alcanza todo” y no queda claro qué se entiende por “temor” y quién calificará una información como “falsa”.
Esta iniciativa y otras dos propuestas de ley se producen cuando faltan apenas 14 meses de las elecciones generales de 2021, para las cuales la dividida oposición lucha por unificarse y evitar una tercera reelección de Ortega, en el poder desde enero de 2007.
Ortega, de 74 años, enfrentó una revuelta social en abril de 2018 que fue sofocada por policías y paramilitares con un saldo de centenares de muertos, detenidos y exiliados. Desde septiembre de 2018, todas las manifestaciones opositoras están prohibidas en el país.
La semana pasada, la bancada sandinista introdujo al Parlamento una polémica Ley de Agentes Extranjeros, que persigue controlar a quienes reciben fondos del exterior, incluyendo ONG y medios informativos internacionales, mediante una minuciosa fiscalización. La violación a la ley se castiga con penas que van desde multas hasta confiscación de bienes y cárcel.
Hace dos semanas, Ortega anunció que estaba promoviendo una ley para castigar con cadena perpetua los llamados “crímenes de odio”, concepto que el gobierno aplica a las acciones de sus opositores políticos. En Nicaragua la condena más alta es la de 30 años de prisión.
Para el experto en comunicación Guillermo Rothschuh, las recientes presiones contra la prensa independiente, incluidos juicios penales a cuatro periodistas y el embargo fiscal del canal 12 de televisión, buscan “criminalizar el ejercicio profesional del periodismo (…) en menoscabo de la libertad de expresión”.
