Una corte federal de apelaciones falló el miércoles que las autoridades de Seguridad Nacional deben poner en libertad rápidamente a los niños inmigrantes, pero no a sus padres, de centros de detención de familias después de que sean arrestados mientras cruzan la frontera sin los documentos necesarios.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, ubicada en San Francisco, dijo que detener a niños migrantes por largos períodos viola un acuerdo legal con 19 años de vigencia que ordena que los pongan en libertad rápidamente tras ser procesados.
Los abogados del gobierno argumentaban que el acuerdo cubría únicamente a los niños inmigrantes que habían cruzado la frontera sin compañía de un familiar adulto.
Sin embargo, el panel de tres jueces determinó que las autoridades de inmigración pueden seguir deteniendo a los padres de los menores, con lo que revirtió el dictamen del año pasado emitido por la juez federal de distrito Dolly Gee.
Desde el fallo de Gee, las autoridades migratorias han liberado a cientos de familias y retienen a las familias recién llegadas durante cortos periodos de tiempo. Desde que la juez dio esa orden el número de familias migrantes ha vuelto a incrementarse.
Mark Krikorian, director general del Centro de Estudios sobre Inmigración, dijo que el permitir que se libere a los padres podría haber alentado la inmigración no autorizada con niños.
'Hace que utilizar a los niños sea mucho menos atractivo', dijo sobre el fallo más reciente.
El Departamento de Seguridad Nacional reportó que se han aprehendido a más de 23.000 familias en los primeros cinco meses del año, en comparación con las cerca de 13.400 en 2015 y unas 30.600 en 2014. La mayoría provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Melissa Crow, directora legal del Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo que está 'un tanto decepcionada' con el fallo, debido a que los padres de los niños pueden permanecer detenidos.
'La corte no entiende el punto', subrayó Crow.
En el centro del problema se encuentran dos centros de detención en Texas que fueron construidos luego de que una oleada de inmigrantes a mediados de 2014 abrumó a las autoridades fronterizas.
El gobierno invirtió millones de dólares en dos grandes centros de detención después de que decenas de miles de familias de inmigrantes, en su mayoría madres con hijos provenientes de Centroamérica, cruzaron el río Bravo para ingresar ese año a Estados Unidos.
Muchas de ellas solicitaron asilo luego de huir de las pandillas y la violencia doméstica en sus países de origen.
En septiembre de 2014, un funcionario de Seguridad Nacional le dijo a un grupo de activistas por los derechos de los inmigrantes que las cárceles fueron construidas en parte porque casi el 70% de las familias inmigrantes liberadas no se reportaron ante las autoridades migratorias como se les había ordenado.
Los detractores de los centros de detención se quejaron que no eran adecuadas para los niños, y posteriormente recurrieron a una corte federal para argumentar que el gobierno violaba un acuerdo de varias décadas sobre cómo tratar a los niños inmigrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios sobre cómo planea proceder.
En caso de que el gobierno decida comenzar a detener a los padres luego de liberar a sus hijos, éstos serían tratados como menores sin compañía. Ello significa que serían entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos, y colocados ya sea con familiares o tutores en Estados Unidos en lo que esperan a que la dependencia o un juez decidan si se les permitirá quedarse en el país.
Agentes de la ley dentro del Departamento de Seguridad Nacional han recomendado desde hace tiempo detener a los padres si se debe liberar a sus hijos con el fin de garantizar una deportación expedita de los adultos, según un funcionario federal informado sobre las recomendaciones.
El funcionario también dijo que detener a los padres podría servir como un disuasivo para las personas que consideran cruzar la frontera sin permiso acompañados de sus hijos. Habló bajo condición de guardar el anonimato debido a que no está autorizado a revelar conversaciones internas del gobierno.
