TEGUCIGALPA, HONDURAS. -El Estado de Honduras no tiene los recursos económicos para pagar los más de 500 mil dólares a la familia Matta Waldurraga.
“No lo tenemos presupuestado”, reaccionó la ministra de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Rocío Tábora, tras ser consultada por EL HERALDO.
El decreto legislativo 235-2010 o Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados ordenó a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) distribuir los recursos económicos asegurados a los Matta y a otras personas para el combate a la criminalidad organizada y la ejecución de proyectos sociales como el Bono 10 Mil y el Vaso de Leche.
Uno de los considerandos del decreto 253-2010, publicado en La Gaceta, indica que “actualmente existe una cantidad considerable de dinero o activos incautados del cual el Estado puede ser (hacer) uso oficial, constituyéndose en aval del mismo, para garantizar la devolución en los casos que legalmente corresponda”.
La Ley contra el Delito de Lavado de Activos vigente establece que el dinero deberá ser devuelto con sus intereses calculados a la tasa promedio de captación del sistema financiero registrada por el Banco Central de Honduras (BCH) en el mes anterior a la devolución .
El pasado 6 de agosto, un juez de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícitos ordenó la devolución inmediata de 500,687 dólares asegurados hace 14 años a la familia Matta.
Pero la cifra a favor de esta familia aumentaría, porque el juez de privación ordenó que también se devolvieran los intereses desde el momento que fue asegurado el dinero.
Tábora comentó que “creo que lo más sano es que la OABI los pague de los dineros incautados de casos que ya fueron judicializados”.
Aunque confirmó que en la Secretaría de Finanzas “estamos haciendo un análisis de contingencias posibles, provenientes de estas situaciones, pues pueden llegar a generar una distorsión importante en los ejercicios de planificación macrofiscal”.
La semana anterior, la OABI remitió a Finanzas un documento en el que le comunica que como aval del Estado deberá hacerse responsable de este pago y sus intereses.
Este oficio se encuentra en estudio por parte del Departamento Legal y la Unidad de Contingencias Fiscales de la Secretaría de Finanzas, informó Rocío Tábora.
Recomendó crear un fondo de reserva para evitar este tipo de situaciones.
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Cálculos
De acuerdo con estimaciones hechas por expertos financieros, y tomando en cuenta que el dinero habría estado en una cuenta de ahorro, los intereses oscilarían entre el dos y tres por ciento anual para moneda extranjera (dólares).
Es decir que si se le aplica el dos por ciento de interés anual se estaría hablando de diez mil dólares anuales, lo que multiplicado por 14 años resultaría que solo por concepto de intereses estarían percibiendo 140,000 dólares.
Pero si las autoridades de Sefin aplican el tres por ciento, la familia Matta recibiría 210,000 dólares.
Es decir que en su conjunto los Matta Waldurraga recibirían entre 640,687 y 710,687 dólares, incluyendo los 500 mil dólares asegurados.
En moneda nacional la cantidad podría variar entre 15.3 y los 17 millones de lempiras, es decir que se sumarían entre tres y cinco millones de lempiras solo de intereses a los 12 millones que inicialmente se mantuvieron bajo aseguramiento.
Estas cifras pueden cambiar si se tomara un cálculo basado en otro instrumento financiero, como certificados de depósitos a plazo fijo o bonos del gobierno, ya que las tasas son diferentes para cada uno.
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Riesgos legales
El hecho que el Estado de Honduras no cumpla con la ley hace que los funcionarios se estén exponiendo a sanciones penales, opinaron expertos en la materia.
“Si es una sentencia firme, tienen que cumplir; si no la cumplen, obviamente hay un delito que se llama abuso de autoridad”, manifestó el profesional del derecho y exjuez Félix Ávila.
Señaló que si la Secretaría de Finanzas no tiene la disponibilidad presupuestaria, lo que tendría que hacer es ampliarla, justificando el porqué se está haciendo.
“Decir que no hay un renglón presupuestario para darle cumplimiento, no es justificación, lógicamente que para hacer una ampliación presupuestaria, según las normas, tienen que seguir el tiempo.
Explicó que la Ley de Lavado de Activos da la posibilidad de entregar de manera anticipada bienes y recursos económicos de manera anticipada, sin sentencia previa.
Pero exponiéndose a situaciones como las que vive la familia Matta en las que el Estado deberá responder por sus recursos financieros.
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