TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Yo no soy arrabalera”, “Casa Presidencial se tomó la atribución de ponerme guardaespaldas, pueden preguntar en La Ceiba”, “La misma gente que les pagaba ahora dicen a los cuatro vientos cuánto les daban”, “Acostumbrate que siempre te voy a preguntar algo, acostumbrate”...
Estas son una muestra de expresiones de arrogancia, de conocimiento de hechos ilegales, de humillaciones y de acoso laboral que se han escuchado últimamente en la Dirección General de Pesca (Digepesca), entidad que lejos de superar los males que la desprestigian, más bien se hunde en el caos.
“Los cupos son 32, pero yo he creado la oportunidad para que esos que vinieron a sacar su licencia puedan hacer su faena”. “El día que el ministro me pida una cuestión de esas (supuestamente ilegales) le tiro las cosas en la cara”, dicen las arengas.
Documentos, videos y audios a los que tuvo acceso EL HERALDO revelan cómo la ingobernabilidad en el área pesquera hondureña comienza en Digepesca y se extiende al mar, donde por falta de una rígida supervisión estatal los capitanes de barcos, los pescadores y los dueños de plantas procesadoras de productos marinos hacen lo que les viene en gana.
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En esa anarquía interna sobresalen una serie de hechos como el de quitarle la bandera y las placas nacionales a uno de los carros asignados a Digepesca para poder movilizarlo sin ninguna restricción en horas inhábiles.
Los tres vehículos asignados a Digepesca fueron adquiridos bajo licitación pública con fondos del Fideicomiso del Banco Central de Honduras (BCH) Fondos 10, adjudicado por la Embajada de Estados Unidos de América a favor de la Digepesca desde el 2006.
“Este apoyo tiene el objetivo específico del fortalecimiento institucional regional del Caribe y Centro, pero no se respeta la finalidad del uso y compra de los vehículos adjudicando uno de ellos para uso personal no oficial, sin placas ni banderas nacionales”, dijo un denunciante.
En la gran confusión que se vive en Digepesca, hasta su director José Luis Osorio en una reunión manifestó que la administración central le ha querido poner una conchita para que resbale con alrededor de 300,000 lempiras que le adeudan desde el 2014, cuando lo quisieron desesperar para que se fuera.
Pero la situación ya fue arreglada. “La razón porque
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a mí me debe la administración central es porque de una manera quisieron desesperarme a mí en el 2014, mas ellos no sabían que yo no me iba a desesperar”.
Ese dinero me lo tienen que pagar, indicó el funcionario en una reunión.
Ascenso
Aunque las máximas autoridades de Digepesca en reuniones han manifestado tener conocimiento -con nombre y apellido- de quiénes son los empleados a quienes los industriales les han venido pagando bajo la mesa, hasta la fecha la nueva administración a cargo de José Luis Osorio y Lorena Hernández no ha destituido a ninguno de los señalados, supuestamente porque no hay dinero para pagarles prestaciones laborales.
Lo que sí realizaron el 27 de agosto de este año fue el traslado de la secretaria Lesly Yamileth Molina, quien venía ejerciendo labores secretariales en la oficina de la Dirección General por un período de cuatro años al cargo del asistente técnico del Departamento de Pesca Artesanal.
El movimiento con ascenso no es fundamentado en grado curricular de técnico ya que ella -según la denuncia- no tiene ningún título universitario o de nivel técnico para dicho cargo.
Aquí lo que queda claro es el abuso de autoridad, las componendas internas y externas para la emisión de licencias pesqueras, ya que esta persona, según empleados de Digipesca, habría participado en el cambio de dictámenes de los 13 expedientes anteriores.
El 5 de septiembre reciente, la subdirectora autorizó bajo Memorándum DGPA -157-2018 una solicitud de viáticos a favor de Molina con el objetivo de que viajara a la ciudad de Roatán a realizar verificación de investigaciones sobre “comportamiento de delfines en cautiverio”.
Incremento
El desbarajuste en la Digepesca no tiene límites y ronda con el abuso sin sustento técnico.
Una ayuda memoria sobre la Ley de Pesca y Nasas de fecha 28 de agosto de 2018 establece que la Digepesca autorizó el uso de hasta 4,000 nasas por embarcación langostera, cuando el ordenamiento regional de pesquería establece que el número máximo por embarcación industrial es de 2,500 nasas (trampas).
El escrito del acuerdo interinstitucional dice textualmente: Reunidos para acordar las acciones a tomar en relación con el anteproyectdo de reforma de la Ley de Pesca, autorización de equipos de pesca para las embarcaciones naseras, en el Despacho Ministerial de Promoción e Inversión, el día 28 de agosto del año 2018, llegándose a los siguientes acuerdos y compromisos. Tercero: “Se autorizó por parte de la Dirección General de Pesca a través de la subdirectora Lorena Hernández el uso de hasta 4,000 nasas por embarcación”.
En la actual temporada, Digepesca autorizo 117 embarcaciones industriales langosteras, de las cuales 89 usan método de nasa y 28 son actividad por buceo.
El incremento de 1,500 nasas por embarcación es para esta temporada 2018-2019, confirmó una fuente ligada a la explotación de ese rubro.
Tal determinación lleva a que Honduras incumpla el Reglamento Regional de Ospesca para la Pesquería de Langosta y podría acarrearle sanciones futuras, ya que ante ese organismo existe obligatoriedad de cumplimiento -Protocolo de Tegucigalpa, artículos 10 y 22- y respeto a lo establecido como los estudios técnicos para el análisis de la pesquería con el objetivo de determinar el estado del recurso y su sostenibilidad.
Inspectores
Las determinaciones de Digepesca que aumentan el caos en el rubro pesquero se complementan con su falta de capacidad para realizar su labor de supervisión en las áreas de pesca, a tal extremo que su responsabilidad de vigilancia -los inspectores a bordo- la pagan los industriales.
Este año, parte de la labor de Digepesca en el mar la está asumiendo la Marina Mercante, ya que uno de sus empleados, óscar Osmín Mejía, en representación de Digepesca, es el coordinador de pepino y caracol, especies que se manejan bajo un protocolo de protección dada su alta vulnerabilidad.
Como los inspectores a bordo no tienen un contrato con Digepesca y son pagados por los dueños de las embarcaciones son personas con poder, pero sin responsabilidad, y los datos estadísticos que proporcionan sobre las capturas de las especies pueden no ser tan reales.
Personal de la Marina Mercante en actividades que son responsabilidad propias de la Digepesca aumentan el desorden en el rubro pesquero en el Atlántico.
Esa anarquía administrativa propicia que los capitanes de barcos y los pescadores hagan lo que quieran en los bancos de pesca donde capturan las especies que se les ponen enfrente, pescan en los sitios de veda, sobrepasan la cuota asignada, otros venden hasta las licencias y algunos sospechosamente se salen de las áreas de pesca y se dirigen a las fronteras de países del sur, y todos estos abusos cometidos, lejos de ser sancionados, en Digepesca son premiados con nuevas licencias.
Un informe de la misma Digepesca con fecha 3 de agosto de 2018 dice que esta dirección “no cuenta con los recursos técnicos ni económicos para llevar a cabo las responsabilidades que la ley le confiere”.
El 90% del personal de la institución es personal administrativo y solo el 10% es personal técnico.
Casi el 10% de su presupuesto es para pago de gasto corriente y más del 70% de los recursos que genera se quedan ya sea en el presupuesto nacional o en la administración de la misma secretaría, dice el documento.
Asimismo expone que la situación real en esa dirección es de completo desorden, prevalece la indisciplina, la falta de colaboración, la mala actitud, irrespeto, despilfarro de los recursos, tráfico de licencias, mal control en el licenciamiento de los barcos pesqueros y mal control del cumplimiento de las vedas, situación que no ha cambiado a la fecha.
