La madrugada todavía no dejaba asomar al sol. El cielo se veía despejado y el canto de los gallos avisaba que el día estaba por comenzar. Eran las 5:00 de la mañana, la hora en la que los pescadores que viven en la ciudad costera de Tela, en el litoral atlántico de Honduras, comienzan sus labores de pesca o buceo.
Alberth Esnider Centeno Tomas se encontraba en su humilde casa en el barrio El Tigre, ubicada en la calle principal de la populosa comunidad de El Triunfo de la Cruz, uno de los cinco asentamientos garífunas de Atlántida.
La vivienda tenía las luces apagadas, la parte frontal apenas era iluminada por los focos del alumbrado público, pero cuando el reloj marcó las 5:00 de la mañana del sábado 18 de julio los faroles de tres vehículos también permitieron ver el reflejo de las paredes.
Aunque Esnider aún dormía, él sabía que ese día podía ocurrir en cualquier momento, pues las constantes amenazas contra su integridad física se habían agudizado desde que hace un año y medio fue elegido como presidente del patronato de esa comunidad. Incluso, semanas atrás viajó a Tegucigalpa, después de que en Tela se negaran a escuchar su caso.
“El presidente me dijo que estaba amenazado, incluso él fue a poner una denuncia en Tegucigalpa al Alto Comisionado de los Derechos Humanos (…) por supuesta persecución, o sea intimidación hacia él”, mencionó el dirigente de la comunidad, César Benedith.
No sabía de quién o de dónde provenían las advertencias, pero él y la gente de El Triunfo de la Cruz relacionaron todo con personas interesadas en que no se cumpla un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado de Honduras les devuelva más de 200 hectáreas de tierras consideradas ancestrales.
Esa madrugada del 18 de julio fue lo único que se les ocurrió cuando el silencio fue irrumpido de un momento a otro, los vecinos de la comunidad pasaron de escuchar el sonido de las olas del mar al ruido de las llantas de dos carros Toyota-Hilux y un Mazda frenando de forma forzada en las polvosas calles.
Ninguno de los automotores tenía placa, pero dentro de ellos iban entre 10 y 15 personas con pasamontañas y vestimenta parecida a la de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Militar, según denunció César Benedith, miembro del Comité de Defensa de la Tierra e integrante del patronato de la comunidad.
En ese momento nadie despertó, pero el miedo comenzó a asentar entre quienes minutos después escucharon los gritos de auxilio de Esnider, presidente del patronato de esa comunidad.
“Logré ver los vehículos, logré ver las reacciones de estas personas, quienes ensanchándose en mi primo-hermano, sin consentimiento y con unas agresiones fuertes”, contó Sabey Centeno, primo del dirigente garífuna.
Esnider fue sacado por la fuerza de su propia vivienda, en una operación aparentemente muy planificada; a los perpetradores les tomó apenas cinco minutos realizar la violenta acción, dejando la casa desordenada, como si buscaran algo en específico.
Paralizados por el miedo, los vecinos tomaron valor y se asomaron para observar qué ocurría, pero en ese pequeño lapso de tiempo solo lograron ver a Esnider subirse a un vehículo mientras era intimidado con armas de grueso calibre.
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Los vecinos llamaron de forma inmediata al 911 para pedir auxilio, pero los tres vehículos salieron a toda prisa “como almas que se los lleva el diablo por todo el camino principal”, recordó Centeno.
La calle es un acceso sin salida, es decir que el único camino que conduce a los otros barrios es también el punto que conecta a esa comunidad con el resto de la urbe.
Nadie sabía a dónde se dirigían, hasta que minutos después los gritos de Esnider despertaron a Milton Joel Martínez, quien dormía en una casa ubicada a solo tres minutos de la suya.
“Pusieron a Esnider para que los llamara, los muchachos al ver que era el presidente de la comunidad, era muy fácil salir y saber qué es lo que pasaba. Allí fueron fácilmente presa de esa gente”, mencionó Edgardo Benedith, dirigente comunal de El Triunfo de La Cruz.
Milton, quien es vocal del patronato, abrió la puerta de forma inmediata pensando que se trataba de una emergencia, pero también fue sorprendido por los mismos hombres con pasamontañas en sus rostros.
Ambos fueron subidos nuevamente a uno de los carros, para repetir la acción en la casa de Suami Aparicio Mejía Álvarez, quien se encontraba junto a Gerardo Misael Roches Cálix, alias “El Mamba”, preparándose para comenzar con las actividades de pesca y buceo.
La casa de Suami Mejía está ubicada en el barrio El Potrero a unas 20 cuadras de la vivienda del presidente del patronato. Llegar hasta allí toma aproximadamente nueve minutos en vehículo, es decir que el secuestro de los cuatro jóvenes duró menos de media hora.
Cuando el reloj marcaba las 5:20 de la mañana, casi con la luz del sol saliendo al este, los pobladores que habían presenciado el secuestro de Esnider vieron una nube de polvo a lo lejos. Ellos ya lo habían previsto porque era la única calle de acceso.
Colocaron piedras y palos en medio de la vía y tambaleando por el temor de ser acribillados se pusieron en el centro de la calle para evitar que los carros pasaran. “Estábamos en la calle para saber cuál era el delito y saber a dónde se los llevaban para nosotros ir a verificar”, relató César Benedith, pensando en que se trataba de policías.
Los tres carros eran conducidos de forma violenta y aunque no dejaban mucho a la vista por el polvo, los conductores sí podían observar que enfrente el paso estaba bloqueado.
Sin hacer ninguna señal, el primer vehículo frenó de golpe, deteniendo el paso de los otros dos. Inmediatamente los mismos hombres con uniformes parecidos a los de la DPI y la Policía Militar se bajaron apuntando con armas mini-uzi y AR-15.
“Ellos empezaron a encañonarnos, a usar palabras como ‘si se quedan allí los vamos a matar’, entonces tuvimos que salir corriendo a escondernos”, contó César Benedith.
Los vehículos continuaron con su ruta, pero antes de llegar al final de la calle principal se desviaron y tomaron otra vía, mientras las parpadeantes luces dejaban un sabor a miedo, impotencia y cientos de interrogantes entre los pobladores de esa comunidad.
Según los mismos testigos, ellos seguían en la calle cuando varias patrullas de la DPI llegaron al lugar. Habían pasado más de 45 minutos desde que los malhechores realizaron el secuestro, pero ese era solo uno de los problemas, pues ya no sabían en quién confiar.
Los pobladores contaron todo lo que había ocurrido a las autoridades, quienes después de realizar la inspección en las tres viviendas aseguraron que las personas involucradas en el secuestro habían usado “indumentaria similar a la de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la DLCN, que pertenece al Ministerio Público”, aseguró David Martínez Castañeda, jefe de la DPI en Tela.
“Al inicio había una confusión o rumores, pero al final las declaraciones que se tomaron, más la evidencia que se encontró allí, es indumentaria similar a la que usa la DLCN”, afirmó el suboficial.
El caso pasó a manos de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Policía Nacional, pero también fue conocido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
El reclamo de tierras ancestrales
Esnider, un joven de 27 años, de tes negra, ojos oscuros y pequeñas rastas que cubren su frente, sabía de los riesgos que corría desde que asumió como presidente del patronato de El Triunfo de la Cruz.Cansado de tener miedo y ver a sus vecinos huir, decidió dividir su vida profesional como futbolista de segunda división, los trabajos de reparación -que muchas veces le daban de comer- y su labor en el patronato, para que su comunidad no fuera la tierra de migrantes.
Justamente ese 18 de julio, Esnider tenía planificada una reunión, donde, según varios miembros del patronato, discutirían sobre la construcción de la posta policial, labores de limpieza y la recuperación de tierras, un problema que se ha postergado por más de cinco años.
El conflicto trascendió fronteras en 2003, cuando la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) envió una petición a la CIDH para que tomara cartas sobre el asedio y robo de tierras ancestrales, no solo en El Triunfo de la Cruz sino que también en Punta Piedra, una comunidad garífuna de Colón.
Tuvieron que pasar tres años (2006) para que el organismo internacional aprobaran el informe de admisión y doce (en 2015) para que emitieran una sentencia favorable para ambas comunidades garífunas.
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En la resolución, la CIDH condenó al Estado de Honduras por violaciones a los derechos humanos y ordenó “adoptar medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de propiedad comunal” y la posesión de un territorio ancestral.
Además, solicitó “delimitar, adecuar y titular adecuadamente sus tierras, acorde con su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”, a través de Instituto Nacional Agrario (INA).
En la sentencia, la Corte Interamericana también pidió sancionar a los responsables de realizar amenazas, hostigamiento e intimidación para los miembros de esta comunidad, pero cinco años después y la resolución se quedó en papel.
“La comunidad demostró que había una violación a los derechos territoriales y ancestrales, la Corte Interamericana lo sentenció para que ellos pudieran sanear este problema. Cinco años después no se ha cumplido, entonces la otra parte es buscar cómo intimidar a la comunidad para que no pueda seguir reclamando sus derechos”, cuestionó el dirigente comunal Edgardo Benedith.
Según el también dirigente territorial, esa es la principal razón por la que Esnider y los otros tres jóvenes fueron secuestrados, pues al menos tres de ellos son conocidos por realizar labores en pro de la comunidad garífuna.
En los primeros informes policiales las autoridades hablaron de cuatro posibles versiones, pero no dieron mayores detalles, sin embargo, tras la captura de un sospechoso del secuestro se conoció que en una de las hipótesis figura el involucramiento de una banda criminal.
Alias “El Gringo”, presentado como uno de los sospechosos, fue detenido el pasado 22 de julio en una vivienda de la colonia Las Palmas, ubicada a solo 20 minutos de El Triunfo de la Cruz. Al hondureño le decomisaron armas, indumentaria militar y aros de presión, algunos de los equipos usados en el confuso secuestro.
Pero la captura de uno de los posibles implicados no fue suficiente para los miembros de esa comunidad, quienes ese mismo día realizaron una protesta en la carretera CA-13. Los manifestantes portaron banderas de la comunidad garífuna y pancartas con la leyenda “Black Lives Matter” (las vidas negras importan).
Esa mañana el inclemente sol no dio tregua, se coló en la piel de los manifestantes, quienes aprovecharon el clima para ponerle fuego a algunas ramas de árboles y llantas que habían colocado en medio de la vía.
La manifestación se extendió hasta otros puntos de Tela, incluso hasta Tegucigalpa, donde los grupos garífunas clamaron la liberación de sus “hermanos”, no de la misma madre sino de la misma tierra de donde emigraron hace más de 200 años.
“Sabemos cuál es la angustia de cada una de las familias de estos muchachos que han sido raptados de esta comunidad y no saber si están vivos o están muertos es una cuestión que desespera día a día y que trae mucha consternación para nosotros, para nuestra comunidad”, lamentó César Benedith.
Pero los familiares, algunos lejos de esa comunidad por miedo a represalias, no saben más de lo que los medios de comunicación publican: hay cuatro personas desaparecidas, un detenido y una lista de peticiones de organismos internacionales y hasta el Congreso de Estados Unidos para que el Estado los encuentre con vida.
Incluso, la búsqueda ha sido tan silenciosa que el último reporte de la Policía fue sobre el hallazgo de varios documentos personales de las víctimas; los papeles estaban enterrados en la colonia El Sitio, a 100 kilómetros de donde ocurrió el incidente.
Los pasaportes, tarjetas de identidad y otros documentos fueron colocados dentro de bolsas plásticas, junto a accesorios personales y hasta perfumes. También encontraron armas con sus respectivos cartuchos y cargadores.
Aunque se trataba de una pista más sobre el caso, ese hallazgo no ocasionó ninguna reacción entre los parientes de las víctimas, quienes hace exactamente un mes esperan con miedo, desesperación e impotencia, un indicio que realmente los lleve hasta sus seres queridos.
