TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El homicidio de la universitaria
Keyla Patricia Martínez a manos de policías bajo la dirección del subcomisionado
Melvin Alexander Alvarenga Deras no es el primero en la carrera de este oficial.
Sobre el homicidio de Arístides Martínez, la Secretaría de Derechos Humanos, a través del procurador
Leonel Casco, tuvo conocimiento del hecho desde el momento del arresto del ciudadano hasta que lo encontraron muerto.
Antes de que saliera a la luz pública el dictamen forense de que el caso de Keyla Martínez fue homicidio, fuentes policiales confidenciales le habían asegurado a la Unidad Investigativa de EL HERALDO que la joven fue golpeada y asfixiada por agentes.
Además, supuestamente en el hecho estuvo presente Alvarenga, quien era el jefe de la Unidad Departamental de Policía número 10, con sede en Intibucá, al occidente de Honduras.
El subcomisionado recién había asumido ese cargo. En el marco de varios cambios en las direcciones departamentales, Melvin Alexander Alvarenga estaba al frente de esa unidad desde finales de enero de 2021.
Estas fuentes, que consideran a Alvarenga como un oficial muy violento, pidieron a la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público que investigue sus antecedentes porque le precede un caso similar ocurrido el 1 de mayo de 2011 en la posta policial de la colonia Nueva Capital en Comayagüela, capital de Honduras.
Ese día, el ciudadano Ramón Arístides Martínez, de 50 años de edad, fue detenido y asesinado a golpes en las instalaciones de la posta de la colonia Nueva Capital, la cual formaba parte del distrito policial de la colonia San Francisco, al mando de Alvarenga.
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De acuerdo con su hoja de vida, él ascendió a subcomisario en el 2008 y en el 2013 a comisario. Efectivamente, entre sus cargos destaca que el 6 de abril de 2011 fue nombrado jefe del Distrito Policial de la colonia San Francisco hasta el 23 de junio del 2012.
Aunque en su hoja de vida policial hasta el 2014 no se menciona algún antecedente delictivo, según las fuentes policiales, Alvarenga fue uno de los que agredió al señor Arístides Martínez, quien recién había tenido una cirugía.
Sin embargo, nunca se acusó judicialmente porque fue protegido por un grupo de oficiales, quienes convencieron a los policías Fredy Nahún Álvarez Rodas y Osman Alexander Pavón López para que se responsabilizaran del hecho.
Al entonces jefe policial del distrito de la San Francisco nunca se le acusó judicialmente porque se borró evidencia, se le encubrió y se cambiaron las investigaciones realizadas por los agentes de Inspectoría General de la Policía.
Incluso, un alto oficial amenazó a los investigadores advirtiéndoles que si le arruinaban la carrera a Alvarenga tendrían problemas, relató una de las fuentes.
Ante tales señalamientos, EL HERALDO trató de contactar a este oficial, pero resultó imposible localizarlo porque está suspendido del cargo y bajo investigación del Ministerio Público.
Al respecto, la Policía Nacional calificó de 'falso' una publicación que circula en las redes sociales que también identifica a Alvarenga Deras como el autor del homicidio de Keyla Martínez.
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Antecedentes de homicidio
Sobre el homicidio de Arístides Martínez, la Secretaría de Derechos Humanos, a través del procurador
Leonel Casco, tuvo conocimiento del hecho desde el momento del arresto del ciudadano hasta que lo encontraron muerto.
“Sí, yo hice esa denuncia”, dijo Casco a EL HERALDO, recordando que sobre este hecho elaboró un informe con algunos detalles de lo que pasó.
Rememoró que la Policía capturó a Arístides Martínez por andar en estado de ebriedad y por una denuncia de un familiar, que nunca pensó que los policías lo matarían a golpes.
Luego los familiares denunciaron que no podían ver personalmente al detenido porque los policías negaban información y habían cerrado la posta policial para evitar el ingreso de personas a la misma.
Los familiares se enteraron que dentro de la posta había una persona muerta, minutos después se dieron cuenta de que se trataba de su pariente.
Casco relató que casi a medianoche, el denunciante le envió un mensaje diciéndole que la Policía había ido a tirar el cadáver atrás de la posta para que no los vinculen con la muerte; y que además los parientes del difunto habían constatado que en la posta policial no se encontraba registrado la detención de la víctima.
Este caso de hace 11 años es casi una réplica de lo que le ocurrió a Keyla Martínez, el 6 de febrero reciente, en la sede policial de Intibucá.
“Esto es producto de la formación militarista, la poca formación en valores, la prepotencia y soberbia que tienen los oficiales, clases y agentes frente a los ciudadanos. Hay investigaciones que revelan que de 10 detenidos por la Policía, siete son víctimas de agresiones y torturas, esta práctica no puede continuar”, agregó Casco.
El encubrimiento de oficiales involucrados en actos al margen de la ley es una especie de norma dentro de la Policía y se viene observando desde el 22 de octubre del 2011, cuando asesinaron a los jóvenes Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda.
A tal grado que el subinspector Carlos Geovany Galeas Cruz -que participó directamente en el hecho- sigue prófugo, como lo están otros oficiales involucrados en actos delictivos y con órdenes de captura
