TEGUCIGALPA, HONDURAS. - El asesinato del joven Erick Daniel Bonilla Pérez, de 16 años de edad, está en total impunidad.
Este lunes se cumple un mes desde que familiares del jovencito le dieron cristiana sepultura y el Ministerio Público (MP) no ha emitido el requerimiento fiscal contra los policías involucrados en el sangriento hecho.
El crimen sucedió el 14 de junio en la primera calle y cuarta avenida de Comayagüela cerca de las 9:00 de la noche, cuando Bonilla Pérez se transportaba en una motocicleta junto a un amigo desde el centro de la capital hacia Comayagüela.
Al cruzar el puente Soberanía, un grupo de agentes policiales los persiguió, y al llegar a la intersección les bloquearon el paso con la patrulla. Tras un breve altercado, un agente disparó al adolescente, quitándole la vida de un balazo en el abdomen.
Después de cometer el acto, los agentes policiales se alejaron del lugar dejando el cuerpo del adolescente tirado.
Ha pasado un mes y el caso no ha sido esclarecido por las autoridades encargadas de las investigaciones competentes.
El acompañante del menor asesinado comentó que los agentes, tras cometer el crimen, intentaron silenciarlo mediante amenazas.
Pesquisas
Una fuente del Ministerio Público informó a EL HERALDO que equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía de la Niñez están a cargo de las investigaciones para judicializar el caso.
“Las investigaciones están avanzando, pero aún no se tiene el informe final por parte del fiscal que lleva el proceso investigativo, por lo que será necesario contar con ese informe para emitir el requerimiento fiscal contra los agentes policiales que participaron en el hecho violento”, detalló la fuente del MP.
En su momento, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, mencionó que las armas de los agentes policiales y la patrulla fueron decomisadas y puestas a disposición de la ATIC, entidad encargada de las investigaciones para asegurar la transparencia, en lugar de que fueran investigadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Por otro lado, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) inició de oficio las investigaciones para determinar la culpabilidad o inocencia de los funcionarios policiales acusados de participar en el crimen del menor de edad, quien ayudaba a su padre a vender jugo de naranja en el barrio Abajo de Tegucigalpa.
La violencia contra los menores es inaceptable
El asesinato de este menor por miembros de un ente de seguridad del Estado ha generado reacciones en diversas organizaciones y sectores de la sociedad.
Héctor Espinal, jefe de comunicaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señaló que la organización está presente globalmente para asegurar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño a través de un sistema integral de garantías de derechos adoptado por el Estado hondureño como ley.
“Cualquier forma de violencia que incluya homicidios de menores de 18 años es inaceptable y condenable por UNICEF”, condenó.
“Corresponde a los organismos del Estado llevar a cabo las investigaciones, judicializar y sentenciar todas estas formas de violencia para evitar la impunidad”, detalló Espinal.
El funcionario de UNICEF subrayó que esta ha sido una posición constante y reiteró el llamado para que el Estado actúe y proteja a la niñez hondureña.
“La aplicación de la ley es igual para todos, ya sean civiles o policías, porque no hay una ley diferente para un policía o un periodista. El derecho es universal y debe aplicarse a cualquiera que infrinja la ley, aunque quienes administran justicia y autoridad tienen una mayor obligación de cuidar y proteger a la niñez.”
“No puede permitirse que la autoridad pública represente una amenaza para la niñez, es algo grave y debe ser tratado de inmediato por el Estado, ya que es inaceptable y repudiable un acto de esta naturaleza”, aseveró.
