Permitir la invasión de los vendedores ambulantes es retroceder 12 años en la lucha por liberar del comercio informal el centro histórico de Tegucigalpa.
Así resume el gerente de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Alejandro Agurcia, la constante intención de unos 2,000 comerciantes y 100 carretilleros de convertir en un mercado el rostro histórico y patrimonial de la capital.
Así de terrible es el futuro cercano que vaticinan las autoridades policiales y municipales para este recinto de historia si no se procede de inmediato a un desalojo, tal como ocurrió en noviembre de 2006 en la antigua calle Peatonal.
Y es que esta zona que hoy los invasores amenazan con llenar de tarimas, carpas y mercadería, era intransitable.
Los nudos de peatones que se confundían entre los estribos de ropa y calzado, se extendían desde la esquina de Jetstereo hasta el edificio del Palacio de las Comunicaciones.
Dentro de la zona de libre oferta y demanda, la gente era víctima de los mismos vendedores, pues hasta les cerraban el paso para que adquirieran sus productos.
Las puertas y ventanas de los negocios legalmente establecidos estaban sepultadas entre la multitud de comerciantes.
La lucha
Intensa fue la lucha de los agentes del orden, de las instituciones municipales, de la Fiscalía y de Derechos Humanos para recuperar el espacio ahora conocido como Paseo Liquidámbar.
Arturo Suárez, gerente del centro histórico, recordó que en aquel entonces de este espacio se retiraron más de 2,000 vendedores estacionarios y cientos de ambulantes que ocupaban unos 350 metros lineales de la calle y que impedían la circulación de las personas.
La invasión y los fallidos intentos de desalojo datan de los años 80, pero fue en 1996 —en la gestión del exalcalde Miguel Pastor— que se dieron los intentos más fuertes de recuperación.
En esta oportunidad se inició con la construcción del mercado La Isla. La intención era trasladar a los locatarios a este centro de ventas, pero la iniciativa fracasó.
La férrea negativa de los vendedores y las medidas instruidas por el edil municipal generaron múltiples enfrentamientos entre los comerciantes y la Policía.
La ordenanza
A inicios de 2006, recién electo, el alcalde Ricardo Álvarez creó la ordenanza municipal que prohíbe la actividad comercial en la plaza Central.
Nuevamente se iniciaron las negociaciones y reyertas de desalojo de los mercaderes.
En estos esfuerzos por recuperar la plaza se involucraron hasta la Iglesia Católica y Evangélica, los vecinos cercanos, la Policía Nacional y el Ejército.
La lucha se centró en la salida de los vendedores ambulantes de la Peatonal y la Plaza Los Dolores, que hoy vuelven a ser el epicentro de la invasión.
La salida de los buhoneros ya no era una petición, sino una misión por cumplir. Se dio en medio de enfrentamientos y amenazas de las personas que se resistían a dejar el lugar.
En el operativo participaron unos 600 efectivos policiales y militares y se acordonó el lugar durante un mes continuo.
Intento de retorno
En lo que va del año, varios vendedores que en el día comercializan sus productos en la invadida calle del desaparecido supermercado Mirna, han intentado unas 40 veces regresar por la fuerza al centro histórico.
La mayoría de las ocasiones, han roto con golpes y empujones los cordones policiales que se apuestan en los puentes Mallol y Soberanía.
La intención es apropiarse del ala sur del casco, la Plaza Los Dolores y, nuevamente, el recuperado Paseo Liquidámbar.
Este acto provoca el repudio de sectores de la sociedad que se rehúsan a no tener una plaza Central, segura, peatonal y libre de ventas ambulantes.
No se puede retroceder
“No se puede permitir que una lucha de años se pierda en unos días”, expresó Suárez.
Y es que el retorno de estas personas traería consigo un retroceso de más de 30 años en los cuales el casco histórico estuvo sometido a la delincuencia y la imposibilidad de circulación de las personas, detalló.
Suárez lamentó la forma desorganizada en que trabajan las autoridades de la Dirección General de Transporte (DGT), pues la permanencia de 900 unidades de “rapiditos” se suma al caos de la zona.
Para Suárez, el ingreso del transporte urbano es lo que provoca que los carretilleros ingresen a vender sus productos en un lugar que ya estaba liberado.
“El retorno de los vendedores ambulantes impediría el desarrollo y la inversión de millones de lempiras en la zona”, advirtió.
Analizan plan estratégico de desalojo
Representantes del Ministerio Público y las secretarías de Seguridad y Defensa se reunieron ayer de emergencia con las autoridades edilicias para analizar la incontrolable invasión en el centro histórico.
Al cierre, EL HERALDO conoció que las entidades representadas discutieron el plan estratégico de desalojo de vendedores ambulantes que inevitablemente se tendrá que ejecutar en la zona.
Asimismo, ante la falta de coordinación con la Policía Nacional, la comuna solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras.
En la reunión participaron dos elementos enlaces, quienes están dispuestos a recuperar el casco histórico.
“La idea es hacer el desalojo y que la Fiscalía haga los análisis jurídicos que respalde ante ley las acciones”, expresó Alejandro Agurcia, gerente de Orden Público de la comuna capitalina.
En la reunión participaron, además, representantes de las fiscalías de Delitos Comunes, Derechos Humanos y Patrimonio Cultural y las Etnias.
