El Estado hondureño está a las puertas de una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la indiferencia con que trata la problemática de los buzos misquitos.
Un total de 48 demandantes, entre buzos lisiados y familiares de buzos muertos
por el síndrome de descompresión, acudieron a la instancia internacional debido a que el Estado hondureño no les garantiza ni el derecho a la justicia.
El 5 de noviembre del 2004 la CIDH recibió la petición y le asignó el número 1186-04. El 22 de octubre del 2008 se realizó una audiencia durante el 133 periodo ordinario de sesiones sobre argumentos de admisibilidad de la demanda.
Incumplimiento
En la demanda internacional se establece que al menos 30 personas afectadas acudieron a las instancias administrativas, en algunos casos; y otros a las instancias judiciales -internas- sin resultado alguno, quedando los casos en diferentes etapas procesales.
Se considera que la inefectividad de las actuaciones administrativas ha sido determinante para que los reclamos de los buzos no hayan superado la fase previa a la judicial, dice el documento.
Recuerdan que solo el señor Flaviano Martínez obtuvo una sentencia a su favor el 22 de octubre de 1996, la cual permanece sin ejecutar.
Este caso de Martínez refleja la negligencia del Estado para hacer cumplir las sentencias judiciales. Este buzo se accidentó el 22 de agosto de 1992 cuando buceaba para el barco langostero Mosquia Espress, propiedad de Arcadio Waldemar Molina, con asiento en La Ceiba.
Legalmente Martínez reclamó el derecho a una indemnización y el Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba sentenció a Molina a pagarle al demandante un total de 200,515 lempiras.
Sin embargo, según Martínez, el dueño del bote nunca cumplió tal sentencia, por lo tanto llevó su caso a la instancia internacional para demostrar la clase de justicia que impera en Honduras.
Este caso fue sumado al de otros 47 misquitos afectados por el buceo autónomo, una técnica que está dejando muchos buzos lisiados y muertos en esta región costera.
Justicia
“Los peticionarios alegan que la mayoría de los buzos o sus familiares se han visto impedidos de acceder a los recursos de jurisdicción interna, tanto en la vía administrativa como judicial, debido a las condiciones de extrema pobreza en que viven, a los bajos niveles de educación, a la falta de información, por la ubicación geográfica de La Mosquitia y los altos costos del proceso, el cual implica desplazarse a las cedes administrativas o judiciales”.
Frente a tal situación los demandantes señalan al Estado como responsable de violar los derechos fundamentales de los buzos, comenzando por el derecho a la vida de 26 buzos que fallecieron.
El derecho a la integridad personal por el caso de 22 buzos que sufrieron el síndrome de descompresión con consecuencias de diferentes niveles de discapacidad.
Los peticionarios indican que ni las víctimas ni sus familiares han recibido justicia o indemnización alguna y señalan al Estado de violar el derecho a las garantías judiciales, ya que las víctimas habrían accionado en la vía administrativa y judicial sin resultado, sufriendo retardo injustificado en el trámite de sus demandas.
Asimismo lo señala de violentar el derecho a la protección de la familia de las víctimas.
La tragedia humana que viven los buzos discapacitados, sin recibir indemnización justa, sin seguridad social, sin posibilidad de rehabilitación y sin perspectiva para vivir de forma digna, ha generando que sean los familiares quienes tengan que cargar con el drama humano de sus seres queridos desaparecidos o accidentados.
También lo responsabilizan de la violación a los derechos del niño, en el caso de Licar Méndez Gutiérrez, quien fue sometido a condiciones de trabajo extenuantes y contrarias a su condición de menor y luego desapareció presumiéndose su muerte.
Igualmente acusan al Estado de atentar contra el derecho de igualdad ante la ley, protección judicial y derechos económicos, sociales y culturales ya que los buzos misquitos se dedican a la pesca submarina sin contar con la protección de la ley o políticas públicas en materia de supervisión laboral.
Respuesta
En su defensa, los abogados del Estado plantearon que la tragedia humana, como la califican los demandantes, no es desconocida ni escapa a la preocupación del Estado.
Señalan que los demandantes no han agotado el procedimiento administrativo y judicial interno y que no se justifica en la lejanía ni en la falta de dinero, ya que pueden ser representados por la Procuraduría del Trabajo que funciona en la Secretaría del Trabajo
de Puerto Lempira y La Ceiba. Sostienen que para reducir la incidencia de accidentes por síndrome de descompresión de la población de buzos, el Estado creó en el 2004 la Comisión Interinstitucional para el Reordenamiento de la Pesca por Buceo.
A pesar de todas las justificaciones del Estado hondureño, la CIDH admitió la demanda y está a punto de emitir una sentencia, que el gobierno busca evitar presentando una contrapropuesta para atender a los afectados. Sin embargo, los demandantes indican que preferirán la sentencia para sentar un precedente.
