Economía

Ofrecen cancelar prestaciones a Dante Mossi a cambio de no hablar del BCIE

Un bufete legal contratado por el BCIE propuso un acuerdo de confidencialidad que se convertía en una ley mordaza para el expresidente ejecutivo. Mossi dice que de atrasarse el pago demandará al banco
20.12.2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La nueva administración del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) busca neutralizar las declaraciones y opiniones sobre sus operaciones.

Una de las voces que buscan callar es la del expresidente del BCIE, Dante Mossi, a cambio de agilizar sus prestaciones por haber ocupado ese cargo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2023.

Mossi conversó con EL HERALDO sobre sus prestaciones y la política de transparencia que adoptó en el BCIE.

Un grupo de funcionarios y empleados despedidos del BCIE denunciaron atrasos en sus derechos laborales, ¿cómo está su situación con las prestaciones?

Mi período como presidente ejecutivo del BCIE terminó el pasado 30 de noviembre, intenté hacer la tramitología de cierre y el último día el vicepresidente (Jaime Roberto Díaz Palacios) metió mano en el trámite de pago. Varios días después me comuniqué con la presidenta (Gisela Sánchez) y me respondió a través de correo que estaban haciendo los procedimientos correspondientes, después no hubo más comunicación, ni de montos ni de cuándo sería el pago.

El BCIE dice que hay 15 días hábiles para cancelar las prestaciones, ¿qué ha ocurrido en los últimos días con ese tema?

El lunes de esta semana recibí una comunicación de un bufete contratado por el BCIE invitándome a una reunión de conciliación con el banco, ofreciéndome un acuerdo de confidencialidad adicional al que tengo, a cambio de suscribir el convenio me pagarían mis obligaciones laborables y aportes previsionales.

No firmé el convenio, no soy parte del banco y ya tengo un acuerdo de confidencialidad de no compartir documentos del BCIE, eso era un chantaje porque la propuesta era darme lo que me corresponde a cambio de firmar un convenio que sería una “ley mordaza”.

¿Cuáles eran los alcances del nuevo acuerdo de confidencialidad que propuso el bufete contratado por el banco?

Era un bozal, era una propuesta absurda que nunca había visto, no podía ni referirme a mi gestión. El otro punto era con quién suscribir un nuevo acuerdo de confidencialidad, no soy parte del banco y era absurdo lo que proponían. Salgo del país por dos semanas, si no tengo comunicaciones buscaré un asesor legal para demandar el banco para que se me paguen los derechos que por ley me corresponden.

¿Qué buscaba el bufete legal con ese nuevo acuerdo de confidencialidad?

Era que no podía hablar ni comentar noticias sobre el BCIE si eran negativas o tenían potencial de ser controversial, ha sido una tradición que los presidentes del banco no se refieran al banco al salir de la institución, pero lo que no es correcto es firmar un acuerdo de confidencialidad que sería una “ley mordaza”, que violenta mis derechos civiles y que contemplaba someterme a cualquier demanda civil o criminal que el banco interpusiera. El BCIE no puede retroceder en el tema de transparencia.

La nueva administración del BCIE despidió personal que ocupó cargos importantes en su gestión, ¿cuál es su valoración?

El primer día de la nueva administración del Banco Centroamericano el mensaje fue que todo estaba bien, pero en el segundo día se despidieron 13 personas, no por mal desempeño, muchos de ellos de carrera en el BCIE, incluidos mi conductor que no lo contraté yo sino que fue asignado por el banco. Lo irónico es que un buen gerente no se hace de un día para otro.

¿Por qué la política de rendición de cuentas del BCIE generó polémica al interior del banco?

Primero hay que dejar claro que el BCIE es un banco público, todo el dinero que tiene son aportes que hacen los países provenientes de los impuestos de sus ciudadanos. Hice una tarea con los gobernadores que todos los proyectos aprobados fueran de conocimiento público y están disponibles en el portal electrónico del banco.

No obstante, la política de acceso a la información pública trae responsabilidades y por eso uno de los objetivos era mitigar el riesgo de financiar un proyecto que podía convertirse en un robo.