Con los ingresos de nueve meses se podría pagar la deuda de la Tasa de Seguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La deuda de la Tasa de Seguridad Poblacional con la banca nacional se podría pagar en nueve meses, esto porque el saldo del capital es menor a la recaudación anual que realiza el Estado por este aporte tributario especial.

La Unidad de Datos e Investigativa de EL HERALDO Plus analizó el nivel de endeudamiento del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, que según las autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) se terminará de pagar hasta marzo de 2029.

Las cifras establecidas en la solicitud de información pública SOL-SEFIN-2319-2023 indican que la deuda de la Tasa de Seguridad Poblacional es de 2,549.5 millones de lempiras, con cinco instituciones bancarias.

A una sola institución bancaria le deben 1,129.4 millones de lempiras; esta es la mayor cantidad de dinero adeudada que se tiene que pagar con un plazo de vencimiento hasta el 20 de diciembre de 2028.

La segunda deuda más grande es de 592.6 millones de lempiras, misma que está programada para terminarla de pagar hasta el 26 de marzo de 2029, es decir, en unos seis años.

A la tercera institución financiera del país se le adeudan 366 millones de lempiras. El plazo con este banco es de aproximadamente un año, pues el vencimiento está programado para el 4 de febrero de 2024.

Mientras que la cuarta deuda es de 302.3 millones de lempiras, con un plazo de pago programado hasta el 21 de diciembre de 2028. A la quinta institución bancaria se le adeudan 159.1 millones de lempiras.

Al analizar los datos, se puede evidenciar que el nivel de endeudamiento de la Tasa de Seguridad Poblacional es de 2,549.5 millones de lempiras, cifra que se podría pagar en menos de un año.

Lo anterior tomando en cuenta que los ingresos al año de esta carga impositiva son de 3,800 millones de lempiras, y el promedio de recaudación supera los 300 millones de lempiras al mes, es decir, que en unos nueve meses la deuda con los entes financieros estaría saldada.

El acuerdo ejecutivo número 395-2022 que contiene el Reglamento para la Regulación de la ejecución del decreto legislativo No. 66-2022, relativo a la rescisión y liquidación de los contratos o convenios de fideicomisos, establece las condiciones de los préstamos y las deudas de la Tasa de Seguridad.

Al artículo 14 de este acuerdo, publicado el 4 de agosto de 2022, detalla que las obligaciones financieras por cinco préstamos suscritos con la banca privada eran por un monto 3,766 millones de lempiras.

Las tasas de interés de los prestamos adquiridos van del 11% al 12% con plazos hasta el año 2029.

Además se debe cumplir con compromisos de pago con proveedores que ascienden a más de 3,000 millones de lempiras, lo que significa que la deuda de la Tasa de Seguridad en total superaba los 6,000 millones de lempiras en el 2022.

El mismo acuerdo ordenaba que la Sefin reconociera los préstamos bancarios contratados por el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF), por medio del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional derogado como una obligación por pagar.

Los pagos se harán por esta secretaría siempre y cuando se encuentren debidamente documentados y dentro del marco de la Constitución y las leyes, establece el documento.

Datos proporcionados por la Sefin a la Unidad de Datos e Investigativa de EL HERALDO Plus, evidencian que para 2023 se destinó un total de 721 millones de lempiras para cancelar los compromisos bancarios.

Es de hacer notar que en la presente administración no hay registros de nuevos endeudamientos con los ingresos de esta tasa impositiva, que se recauda por medio de transacciones bancarias y de otros rubros de la economía.

El artículo 22 del acuerdo ejecutivo número 395-2022 manda a que las instituciones beneficiarias del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, basados en el artículo 2 del decreto legislativo 66-2022, solicitarán a la Sefin la incorporación presupuestaria en los objetos del gasto específico.

Las solicitudes de los gastos deben ir debidamente documentados para ser trasladados mediante acta notarial al área legal del Comité Técnico de Adquisiciones y Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.

En tanto, el artículo 32 de la Ley de Seguridad Poblacional manda que los fondos del fideicomiso deben destinarse a las actividades de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público (MP), las secretarías de Seguridad, Defensa, al Cuerpo de Bomberos y otras instituciones.

Los datos proporcionado por la Sefin establecen que los recursos disponibles del “Tasón” para el 2023 se distribuyeron dándole prioridad a la Secretaría de Seguridad, misma que recibió 1,400 millones de lempiras.

Esta cantidad representa el 39.4% del total de los 3,546.1 millones de lempiras que tiene previsto el Estado que ingresen a la cuenta única de la Tesorería General de la República (TGR).

El segundo desembolso más grande del “Tasón” está destinado al pago de los préstamos bancarios, con 721 millones de lempiras que representan el 20.33% de los ingresos.

Además hay una sección que se denomina “otros gastos que se financiaban por el Comité Técnico del Fideicomiso”, que no se detalla cuáles son, pero se lleva 549.2 millones de lempiras, el equivalente al 15.4% de los recursos percibidos.

Los desembolsos también contemplan 515.9 millones de lempiras para el Sistema Nacional de Emergencia (SNE) 911, que deberían garantizar la operatividad de las cerca de 4,000 cámaras de videovigilancia, que desde el año pasado dejaron de funcionar.

Más abajo, en el desembolso de los recursos está la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), con 240 millones de lempiras, que representa el 6.7% del total de los recursos de la Tasa de Seguridad.

Mientras que para la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) se destinaron 100 millones de lempiras, y para la Secretaría de Derechos Humanos 20 millones de lempiras.

Sobre la inversión hecha en el 2022, la Sefin aclaró que solo tiene registros de los fondos que ellos desembolsaron del 16 de junio al 31 de diciembre, que fue cuando se concretó la cancelación del fideicomiso que estaba bajo la responsabilidad del Banco Central de Honduras (BCH).

Es ese periodo de tiempo se entregaron 736.10 millones a la Secretaría de Seguridad, 256.56 millones a Sedena, 164.54 millones a la DNII, 53.52 millones al MP, 12.72 millones a la Sefin y 10 millones de lempiras a la Secretaría de Derechos Humanos.

La Unidad de Datos e Investigativa de EL HERALDO Plus le consultó a Ramón Sabillón, titular de la Secretaría de Seguridad, sobre cómo se ejecutan los recursos, ya que según la Sefin son 1,400 millones que recibirán este año.

Sabillón contestó vía WhatsApp que “nominalmente lo tiene, pero la transferencia es diferente y esa es la real, la que se ejecuta; al menos hasta este momento (jueves 11 de mayo de 2023) no he recibido información de esa cifra y solo ellos saben de dónde captan los fondos pues, es caja única”.

También se le consultó sobre si en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) decide en qué se invertirán los recursos del “Tasón”, asegurando que nada sobre la Tasa de Seguridad han tratado en las reuniones que han sostenido.

En la administración anterior, el desembolso de los recursos pasaba por el CTF, que estaba integrado por un representante la presidencia del República, otro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y uno del Foro Nacional de Convergencias (Fonac).

Omar Rivera, secretario ejecutivo del Fonac, indicó que todas las responsabilidades que antes eran del CTF y del CNDS pasaron a la Sefin, son ellos los que deciden ahora hacia dónde va el dinero, pero no se sabe cómo lo hacen.

La Unidad de Datos e Investigativa de EL HERALDO Plus consultó por medio del departamento de Relaciones Públicas de la Sefin cómo se estaban invirtiendo los recursos de la Tasa de Seguridad, pero hasta el cierre de edición no habían respondido.