72 narcos hondureños ya enfrentaron la justicia de Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos once años un total de 76 hondureños han desfilado por las cortes federales de Estados Unidos: 72 respondiendo por delitos de narcotráfico, tres por corrupción y una por tráfico de migrantes.

Pero la cifra próximamente aumentará a 82 ya que actualmente seis hondureños capturados por la Policía permanecen en este país en espera de extradición a Estados Unidos, donde también se les acusa de narcotráfico.

De estos 82 hondureños mencionados, 46 fueron capturados por la Policía Nacional, ocho fueron arrestados por el servicio de alguaciles de Estados Unidos, 18 se entregaron voluntariamente a la justicia norteamericana y 10 fueron apresados en otros países.

De acuerdo con los registros, en el año 2014 la Policía Nacional capturó a ocho extraditables, en el 2015 aprehendió nada más a tres, en el 2016 arrestó a cuatro, en el 2017 a cinco, en el 2018 capturó a dos y en el 2019 solamente a uno.

En el 2020 la Policía arrestó solamente a un extraditable y para el 2021 la cifra subió a cinco. En el 2022 la cantidad de capturas fue de ocho, en el 2023 solamente tres y para el 2024 ya lleva seis.

El año 2014, cuando el comisionado general Ramón Antonio Sabillón era director de la Policía, y durante el 2022 cuando él era el ministro de Seguridad, fue cuando más capturas de extraditables se registraron.

Fueron en estos dos años cuando cayeron los capos más violentos del país, entre ellos los Valle Valle, Carlos Arnoldo Lobo, Arnaldo Urbina y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”.

En el 2022, cuando Sabillón estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad, fueron arrestados el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado; el exdirector de la Policía, Juan Carlos Bonilla Valladares (“El Tigre”); el excongresista Midence Oquelí Martínez y Herlinda Montes Bobadilla.

La captura de capos en el 2014 llevó a que Hernández destituyera rápidamente a Sabillón, quien en el 2022 corrió la misma suerte, esta vez destituido por la presidenta Xiomara Castro.

Los datos revelan que cuatro carteles familiares fueron desbaratados con apoyo de la justicia estadounidense: el clan Valle Valle; los Rivera Maradiaga (Los Cachiros); el de los hermanos Hernández, liderado por el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández; y luego se aniquiló el cartel de los Montes Bobadilla, dirigido por Herlinda Montes.

En el 2014 Sabillón fue destituido como director de la Policía y su puesto fue asumido por el comisionado Félix Villanueva hasta el 2018, luego este oficial fue reemplazado por José David Aguilar Morán, quien a la vez fue sustituido por el comisionado Orbin Alexis Galo Maldonado.

Durante estas tres gestiones la Policía no mostró mucho interés en la captura de extraditables, lo cual llevó a la acumulación de una treintena de órdenes de captura

De acuerdo con el abogado Lester Ramírez, según el auto acordado de la Corte Suprema de Justicia, un juez natural emite la orden de captura y son las secretarías de Seguridad y de Defensa las responsables de hacerlas cumplir.

El arresto de los extraditables no solo depende de los agentes, sino también de los altos mandos, quienes son los que reciben las órdenes de captura y determinan si se ejecutan inmediatamente o se engavetan, añadió.

Incluso, el profesional del derecho sostuvo que a inicios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro el Congreso Nacional solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un informe sobre las personas solicitadas en extradición cuyas órdenes no se habían ejecutado.

“Hay que revisar cuándo se emitieron las órdenes de captura y ver si han llegado a manos de los agentes para que se cumplan y así detectar dónde está la traba. En la Policía hay buenos agentes y oficiales que siempre han querido hacer las cosas bien”, añadió.

Según Fátima Mena, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), la aprobación de una ley de extradición para generar un blindaje siempre ha sido una preocupación cuando se han dado juicios como el del expresidente Hernández. Sucedió cuando se llevaron a los Valle Valle.

“El crimen organizado va a buscar cómo evitar más extradiciones y ahí nacen las discusiones de cómo modificar toda la normativa, hablan de reformar el auto acordado, de una ley de extradición. Es que eso siempre ha sido un intento de la criminalidad organizada para evitar procesos de extradición”, criticó la congresista.

Ahora, explicó que en el juicio contra Hernández aparecieron varias personas mencionadas “no se puede desconocer que hay intereses dentro de los diversos partidos políticos de querer generar impunidad desde el Congreso Nacional”.

“Este es el momento de que la clase política, los diputados y diputadas se desmarquen de esas estructuras criminales que se encuentran dentro de los partidos políticos y definan una posición, garantizando el bienestar del pueblo hondureño, de acceso a la justicia”, demandó Mena.

Los parlamentarios que pretendan poner obstáculos a los procesos de extradición “claramente serán aquellos que tienen vínculos con la narcoactividad. Los buenos diputados estamos demandando que se proceda lo más rápido posible a la ejecución de todas aquellas órdenes de extradición pendientes, un proceso de reconstrucción del Estado de derecho, la aprobación de la ley de colaboración eficaz, las reformas al Código Penal y la eliminación del fuero para altos funcionarios”, explicó.

La diputada mostró su temor de que la Fiscalía comience a emprender acciones de acusaciones contra individuos que están pedidos en extradición o que podrían ser solicitados, con el fin de obstaculizar sus extradiciones.

Actualmente, aparte de los 82 hondureños antes mencionados, la justicia hondureña también ordenó la extradición de José Miguel Handal Pérez, Víctor Lorenzo Flores Pineda y José Rafael Sosa Méndez, sin embargo, están suspendidas temporalmente, ya que ellos antes de ser solicitados por Estados Unidos enfrentaban juicio en Honduras, donde actualmente cumplen condenas

La justicia estadounidense negó a los narcotraficantes Wilter Blanco Ruiz y Fredy Donaldo Mármol Vallejo una reducción de su pena, como ellos lo habían solicitado.

El 11 de marzo de 2024 se conoció que en el caso de Mármol, registrado bajo el número 21-20277-CR-MIDDLEBROOKS en la Corte del Distrito Sur de Florida, el demandado presentó una petición de reducción de la pena, la cual el tribunal de justicia denegó.

Asimismo, se conoció que Blanco Ruiz, cuyo caso está registrado bajo el número 21-20277-CR-MIDDLEBROOKS, presentó también una solicitud de reducción de pena, no obstante fue rechazada.

El 31 de mayo de 2017 se declaró culpable del cargo de conspiración para distribuir cinco o más kilos de cocaína en Estados Unidos.

El papel del acusado en el delito fue de organizador o líder de una actividad delictiva en la que participaron cinco o más personas, por lo cual el 15 de agosto de 2017 fue sentenciado a una pena de 240 meses de prisión.

“Su intervalo de directriz se mantiene sin ningún cambio, y no es elegible para una reducción de pena”, dice el documento judicial de fecha 7 de marzo del presente año.

Aprovechando las bondades de sistema judicial estadounidense, varios narcotraficantes hondureños han logrado obtener reducción de penas.