Congreso aún está lejos de consensuar la elección del fiscal general

TEGUGIGALPA, HONDURAS. A siete días para que termine el periodo del actual fiscal general y fiscal adjunto, crece la incertidumbre sobre si los diputados mostrarán suficiente madurez política para elegir a los sustitutos en el tiempo indicado.

El 1 de agosto la Junta Proponente, cumpliendo con el artículo 233 constitucional, envió al Congreso Nacional la lista de cinco candidatos para ocupar los dos cargos en el Ministerio Público.

Desde ese momento surgió en la sociedad un ambiente de desconfianza y temor de que los congresistas no respeten la nómina porque en ella no figuran los nombres que algunos políticos de turno impulsaban.

Además, el listado llegó cuando en la cámara prevalece un clima de ingobernabilidad, como consecuencia de una junta directiva que mira por encima del hombro la Ley Orgánica de ese poder.

El absolutismo del diputado “presidente” Luis Redondo mantiene un ambiente muy tenso dentro del hemiciclo, a tal extremo que hasta lo que un día fue su propia bancada -Partido Salvador de Honduras (PSH)- le dio la espalda, mientras que por otro extremo la bancada del Partido Nacional, la fuerza de oposición más grande, se declaró en insurrección.

Aunque el martes reciente, una comisión multipartidaria nombrada por Redondo para realizar un proceso de selección de los mejores cinco candidatos, comenzó a realizar su trabajo analizando las hojas de vida de los nominados y sometiéndolos, hoy y mañana, a audiencias públicas para luego presentar un dictamen en la cámara legislativa el próximo martes, nada garantiza que los dos primeros lugares tendrán la aceptación de todas fuerzas políticas que conforman el legislativo.

La diputada Isis Cuellar, del partido Libertad y Refundación a (Libre) a cargo del grupo de trabajo explicó que, tras las audiencias públicas a realizar, el fin de semana tabularán los datos para así el próximo martes “presentar el dictamen ante la cámara para que sean los 128 diputados que puedan aprobar o no la moción nominativa”.

A criterio de Cuellar, el primero de septiembre debe haber fiscal general y fiscal adjunto. “Esperamos que el trabajo de esta comisión que va a ser transparente puede ser de impacto para generar esa confianza en el pueblo hondureño, añadió Cuellar.

Entre tanto el diputado nacionalista Jorge Zelaya, sostuvo que él votará de acuerdo con lo que diga su bancada, siempre y cuando se respete la lista de lo contrario no los va a apoyar.

Recordó que constitucionalmente el Congreso nombró una Comisión Proponente. “Si nos vamos a salir del listado para qué nombramos una comisión, por qué se gastó tanto dinero. Hay que respetar la ley y eso es lo que ha hecho falta, pero bueno nunca es tarde para rectificar”, reflexionó.

Negó que haya comprometido su voto con Redondo, asegurando que no ha platicado con él, ni quiere hacerlo. “Cuando me llamó, hace como once días, era para invitarme a un viaje a Rusia, pero si el cree que con esa invitación tenía mi voto seguro, está equivocado”, sostuvo Zelaya.

Entre tanto del diputado del PSH Jhosy Toscano expreso que en el “Congreso Nacional no hay agenda y todo es improvisación”. Llamó al diálogo para acabar con la polarización y los espectáculos de los diputados.

“Hasta este martes (recién pasado) no hay una tan sola conversación con el PSH referente a la elección del fiscal general y fiscal adjunto, ni siquiera somos parte de la comisión porque se ha violentado nuestro derecho a participar”, denunció el congresista.

Que se ignore a los cinco candidatos y no se respete la Carta Magna no sería extraño para los hondureños, ya ocurrió en junio del 2018 cuando el Congreso Nacional estaba en manos del Partido Nacional. Ese mismo desprecio a la ley primaria también es manifiesta en la presente cámara legislativa, donde actualmente reina la anarquía.

El ambiente que se respira en el legislativo no genera confianza de que esta elección de segundo grado se realice antes del primero de septiembre; por el contrario, mientras la fecha se acerca los consensos en la cámara se alejan del diálogo, la fuerza amenaza con imponerse sobre la razón, incluso la lucha ya se trasladó a las calles.

El once de agosto la presidenta Xiomara Castro llamó a sus adeptos (empleados públicos, sobre todo) a una movilización masiva para el próximo martes 29 de agosto. “El Congreso Nacional está bajo ataque, esta semana fue sometido a un boicot de los que no quieren transparencia, se oponen al combate a la corrupción y quieren impedir la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto como ordena la Constitución”, escribió en la red X.

Luego expuso: “Como presidenta de la República de Honduras convoco al pueblo a una movilización a nivel nacional el martes 29 agosto, vamos a exigir que se cumpla con el mandato de elegir a las autoridades del Ministerio Público”.

Este llamado ha sido considerado por varios sectores como una injerencia del Ejecutivo sobre el Legislativo. “No es necesario una marcha que ha convocado la presidenta porque es una presión contra otro poder del Estado”, critico el diputado Jorge Zelaya.

Si bien, el principio de independencia y de no subordinación entre poderes consta en el artículo 4 de la Constitución desde 1982, en la vida real muy pocos gobernantes lo han respetado. La historia revela que el Ejecutivo discretamente siempre ha colocado en el Congreso Nacional y en el Poder Judicial a sus leales, pero nunca alguien se había atrevido a llamar a movilizaciones para interferir abiertamente en asuntos de otro poder.

Ante esta y otras situaciones que ocurren en el presente gobierno, el 16 de agosto surgió el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) -conformada los partidos políticos en oposición y gente de la sociedad civil- que tres días después dio una muestra de fuerza con una marcha pacífica realizada en esta capital. Este bloque también ya trasladó su unidad al hemiciclo legislativo, donde los diputados opositores aseguran que no dejarán pasar a un candidato a fiscal general a la medida de Libre.

La avalancha humana de opositores incomodó a la gente del partido en el poder, por lo que la presidenta sigue manteniendo la posición de que “la movilización para el 29 de agosto, va”; convocatoria que el abogado y analista Raúl Pineda, calificó como una “formidable estupidez”.

Ante el llamado de Castro, el activista Melvin Ceballos, coordinador de los grupos de choque del partido Libre) anunció que solo él movilizará a unas dos mil personas. Mientras tanto, la diputada Scherly Arriaga, una de las más fieles a Castro, anunció que traerá a la capital 81 buses con gente de Cortés.

Para el analista Miguel Calix, primero como ciudadano espera que se cumplan los plazos establecidos en la ley y que se logren las mayorías calificadas que la Constitución y las leyes mandan. El Congreso Nacional debe cumplir con su función de elegir a los altos cargos dentro de los términos y procedimientos establecidos, añadió

No obstante, como analista, consideró “que el escenario para la elección del fiscal es complejo porque se requiere lograr mayorías calificadas en un contexto de frixiones y polarización, donde están claros los incentivos de cada una de las partes en disputa”.

Por un lado, según Cálix, el oficialismo quiere elegir un fiscal alineado a su visión del Estado y a lo que ellos creen debe hacer en materia de justicia. Hay un discurso de luchar contra la impunidad, incluida en ella la impunidad política que consideran que existe en términos de los eventos del 2009; es una mirada que por ratos parece bastante ideologizada, analizó.

Por otro lado, la oposición ha manifestado que eso no debe ocurrir y que están interesados en elegir un fiscal lo más independientemente posible, “lo cual es risible porque en el pasado nunca fue una preocupación, siempre fue poner una persona leal a la línea partidaria, entonces se le exige a Libre algo que la oposición nunca estuvo dispuesta a hacer”. Al final la elección será un tema que pasará por negociaciones políticas, sostuvo Calix.