Destruidas las cámaras de vigilancia en cárceles de máxima seguridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las maras y pandillas al interior de las cárceles de máxima seguridad de Honduras han dañado las cámaras de vigilancia, por lo que algunos sectores se han dejado de monitorear, según versiones que conoció EL HERALDO Plus por fuentes dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Cuando se edificaron estos recintos carcelarios, en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos mientras enfrenta un juicio por narcotráfico, se informó que los reos permanecerían vigilados las 24 horas del día por más de 700 cámaras de seguridad.

Se detalló que serían monitoreados todos los movimientos de los más de 3,200 integrantes de maras, pandillas y miembros de grupos del crimen organizado en los centros penitenciarios de máxima seguridad, denominados El Pozo I y II, en Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INP) afirmaron a EL HERALDO Plus que son los privados de libertad quienes se han encargado de destruir los aparatos de videovigilancia.

Para lograrlo construyen escaleras humanas, es decir, se van subiendo uno sobre otro en los hombros, hasta llegar a donde está el dispositivo para colgarse hasta destruirlo y que deje de funcionar.

Lo anterior ha provocado que muchos de los módulos donde están los integrantes de maras y pandillas. no puedan ser motitoreados. También hay amenazas contra los custodios que deben estar vigilando los espacios de estos centros, detallaron.

Melissa Escoto, comisionada del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes (Conaprev), informó a EL HERALDO Plus que a inicios de año un juez de ejecución emitió una resolución ordenando que se repararan las cámaras al interior de estos centros penales.

“Es importante y hemos recomendado que deben repararse las cámaras con el fin de que se tenga una mayor supervisión para prevenir cualquier mal mayor”, sustuvo.

La importancia de los dispostivos al interior de los centros evita cualquier mal mayor, porque por medio del monitoreo se puede ver que se está gestando por los privados de libertad, alertó.

Explicó que las autoridades del INP les informaron en su momento que algunas cámaras fueron dañadas por los mismos privados de libertad, principalmente las del interior, no en su totalidad.

“Pero sí ya se recomendó, aunado con esta resolución del juez de ejecución, donde se ordena la reparación de todas las cámaras”, insistió la funcionaria.

Escoto expresó que ellos detectaron eso problemas a finales de marzo pasado, por lo cual esperarían que las autoridades del INP tomen las medidas correspondientes, es decir, que las reparen o que estén en ese proceso.

Fuentes del INP detallaron que el problema es que los internos no dejan que personas técnico ingrese al centro penal a realizar las reparaciones de los equipos.

EL HERALDO Plus le consultó el titular del INP, Otoniel Castillo Lemus, sobre el caso, pero hasta el momento de publicar la nota no había dado respuesta.

Para Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), las cámaras de seguridad son fundamentales al interior de los centros penitenciarios.

Recordó que en el gobierno del expresidente Hernández había centros de monitoreo y desde el 911 veía en tiempo real lo que estaba sucediendo, incluso en los traslados de los reos, además eso permite detectar muchas irregularidades.

Un análisis de expertos entrevistados por EL HERALDO Plus expone que actualmente, gracias a las armas que tienen en su poder los grupos criminales, hoy imponen su voluntad en las cárceles.

Poseen teléfonos, imponen la extorsión en la sociedad, realizan celebraciones sin supervisión, caminan armadas y hay miembros de pandillas que, incluso, reclaman a los políticos beneficios ofrecidos por su apoyo en las elecciones generales recién pasadas.

Para la defensora de derechos humanos Sandra Zambrano, la crisis en los centros penales es producto de la falta de políticas públicas para atender la población privada de libertad.

“En los últimos 16 años hemos visto muertes, quema de centros penales y no ha habido ninguna deducción de responsabilidades”, cuestionó.

Ella ve en el nombramiento de una nueva junta interventora un asomo de voluntad política para resolver esos problemas históricos que son macros e insostenibles.

“Siempre ha habido reyertas, pero ahora se han agudizado, no entiendo cómo si están en un centro de privación de libertad cuenten con armas de grueso calibre y se matan entre ellos”, expresó.

En los últimos días se ha evidenciado que adentro de las cárceles, que se supone son de máxima seguridad, los privados de libertad realizan festines, caminan armados con fusiles y usan teléfonos de alta gama a su antojo.