¿Estos son algunos de los desvisados por Estados Unidos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno de Estados Unidos comunicó ayer que ha procedido a dejar sin visa a todos aquellos funcionarios que en este gobierno socavan la democracia y generan violencia entre los hondureños.

El Departamento de Estado de ese gobierno condenó el reciente uso de la violencia en Honduras para socavar la democracia y permitir el nombramiento irregular y sin precedentes de un fiscal general interino y un fiscal general adjunto interino.

“Hoy, estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa a ciertas personas según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Varias de estas personas llevaron a cabo actos de violencia e intimidación, y otras fomentaron el conflicto entre el pueblo hondureño al llamar a grupos violentos a movilizarse, lo que resultó en agresiones físicas y actos de intimidación, algunos de los cuales resultaron en lesiones”.

Igualmente, el gobierno estadounidense advirtió que “estas acciones antidemocráticas socavan las instituciones de Honduras y son inconsistentes con los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana, que Honduras firmó como miembro de la Organización de los Estados Americanos en septiembre de 2001”.

“Nos sumamos al llamado de la comunidad internacional a favor del orden regular para restaurarse por medios pacíficos, transparentes y democráticos”, exhortó.

Asimismo, recordó que Estados Unidos apoya al pueblo hondureño y a quienes buscan fortalecer la democracia y el Estado de derecho en Honduras, y seguimos comprometidos a promover la rendición de cuentas de quienes lo socavan”.

En el comunicado, titulado “Tomando medidas para imponer restricciones de visas en respuesta a acciones violentas antidemocráticas en Honduras”, y firmado por Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, se omite la cantidad de sancionados y los nombres de los funcionarios, argumentando que “los registros de visas son confidenciales según la sección 222(f) de INA” y que “las solicitudes individuales de la sección 212(a)(3)(c) de INA no pueden divulgarse públicamente”.

Sin embargo, diversos sectores apuntan a que detrás de los acontecimientos denunciados por el gobierno de Joe Biden está la Junta Directiva del Congreso Nacional, encabezada por Luis Rolando Redondo Guifarro del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Este organismo está integrado por Hugo Noé Pino del partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña (Libre), Rasel Tomé (Libre), Scherly Arriaga (Libre), Ricardo Elencoff del Partido Liberal (PL) y Kritza Pérez (PL).

Isis Cuéllar (Libre), Rosario Tejeda (PL), Carlos Zelaya (Libre), Luz Angélica Smith (Libre), Carlos Raudales (Democracia Cristiana), Fabricio Sandoval (Libre), Linda Donaire (Libre), Juan Barahona (Libre) y Silvia Ayala (Libre) completan la Junta Directiva.

Además, se recuerda que los actuales fiscales interinos, Johel Zelaya (general) y Mario Morazán (adjunto), fueron elegidos por una Comisión Permanente integrada por nueve diputados, algunos de los cuales también son parte de la Junta Directiva. Es el caso de Redondo, Zelaya, Noé Pino, Smith y Ayala, así como Pérez, Tomé, Sandoval y Casaña. Otros diputados en la mira por su incitaron a la violencia serían Sergio Castellanos y Mauricio Rivera, ambos de Libre.

Por otro lado, se menciona a funcionarios que incitaron a la violencia como ser Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica; José Cardona, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad -por su omisión durante las agresiones a diputados de la oposición-; Marlon Ochoa, titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR); Miguel Briceño, comisionado presidencial para la reforestación, entre otros.

“Aplaudo las medidas para imponer restricciones a los comunistas hondureños. Las restricciones de visa son un claro recordatorio de las consecuencias de socavar la democracia. El gobierno en el poder en Honduras debe reflexionar sobre sus acciones irregulares y su impacto negativo”, sostuvo el general retirado Romeo Vásquez Velásquez, fundador del Partido Alianza Patriótica.

Por su parte, Salvador Nasralla, líder del PSH, afirmó: “Los Estados Unidos condenan el uso de la violencia e intimidación para nombrar irregularmente a los fiscales general y adjunto. Informan que están tomando medidas para imponer restricciones de visa a ciudadanos que llaman a movilizaciones y ataques físicos contra los que buscan se respete la democracia. Las acciones que se están tomando en Honduras en el Congreso nacional no están de acuerdo con los principios de la Carta Democrática Interamericana que Honduras firmó en 2001”.

“Es realmente impresionante como 9 amigos que tienen en común el Síndrome de Hubris, caracterizado por un ego desmedido y desprecio por las opiniones y necesidades de los demás, hoy estos 9 amigos han asesinado el agonizado Ministerio Público, generando incertidumbre, ahuyentando la inversión, incentivando el desempleo, la violencia, la migración, desplazamiento forzado, carencia de medicamentos, canasta básica más cara, debilitando la democracia y el Estado de derecho”, expresó la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez.

Por otro lado, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, posteó en la red X: “Condenamos los intentos de socavar la democracia hondureña mediante la violencia y actos de intimidación para permitir el nombramiento sin precedentes de un fiscal general y un fiscal general adjunto interinos sin los votos necesarios”.

Igual que en Honduras, el 11 de diciembre reciente, el Departamento de Estado sancionó a unos 300 funcionarios del gobierno de Guatemala, liderado por Alejandro Eduardo Giammattei.

La medida llegó luego que la Fiscalía amenazara con anular las elecciones generales, que le dieron la presidencia a Bernardo Arévalo, el 21 de agosto de este año. La acción se produjo por “socavar la democracia” de Guatemala. De hecho, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, señaló al Ministerio Público de Guatemala de realizar “acciones antidemocráticas” contra el presidente electo, Bernardo Arévalo.

Órdenes de arresto contra trabajadores electorales, la solicitud para retirar la inmunidad judicial de Arévalo y los intentos de anular los resultados electorales son, para Miller, los factores que motivaron a Estados Unidos para la restricción de los visados.

El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, sostuvo que es interesante que Estados Unidos no proporcione los nombres de los desviados. “Me imagino que ahí van a sancionar parejo a todos los involucrados en actos de violencia en el Congreso”.

Pero, continuó, “es una más de esas medidas unilaterales mediante las cuales una potencia extranjera busca modificar una decisión soberana con la que no está de acuerdo. La violencia la condené en su momento y la condenaré siempre venga de donde venga. También condeno la injerencia externa en asuntos soberanos”, dijo Pastor.