No tiene nada de positivo reintegrar a policías depurados, especialmente en momentos en que se pone empeño en confrontar con esmero y efectividad a las maras y pandillas, y a los carteles del narcotráfico, señaló.
Recontratar 1,300 policías depurados costaría L 2,400 millones
Los exagentes están solicitando 15 salarios por cada año a partir de cuando fueron separados, antigüedad y derecho de optar al grado inmediato superior
Unos 1,300 policías que fueron depurados entre los años 2016 al 2018 están exigiendo que los reintegren con todos sus derechos.
mar 30 de mayo de 2023 a las 0:0
4:23 min. de lectura
TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El reintegro de al menos 1,300 exagentes de la Policía Nacional, que fueron depurados hace siete años aproximadamente, le costaría el Estado de Honduras más de 2,400 millones de lempiras.
Mientras las autoridades de la Secretaría de Seguridad buscan de dónde sacar recursos para comenzar a contratar a unos 8,000 nuevos agentes policiales, más de 1,300 uniformados que fueron separados esperan la resolución de sus demandas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fuentes de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus informaron que existe preocupación en las autoridades de la Secretaría de Seguridad ante la carga económica que representaría recontratar a los exoficiales.
El informe sobre reforma policial en Honduras, denominado el Papel de la Comisión Especial de Depuración y Transformación y elaborado por el Centro Woodrow Wilson, indica que al 30 de abril de 2018, luego de dos años, por medio de la depuración se habían removido al menos 4,627 agentes.
En total, con el personal auxiliar fueron separados de la institución unos 5,000 funcionarios de la institución, de aproximadamente 13,500 miembros que la conformaban.
De esta cantidad de personas que fueron separadas, muchos están exigiendo regresar, pues ya hay un antecedente de un comisionado de policía al que la Corte de Apelaciones del Poder Judicial por unanimidad revocó las sentencias que se había declarado improcedentes.
Germán Licona, apoderados legal de los depurados, en entrevista con EL HERALDO Plus, declaró se solicita el reintegro de cada agente que demandó y el pago de daños y perjuicios.
Se relaciona con los salarios dejados de percibir, la antigüedad, vacaciones, décimo cuarto y décimo tercer mes de salario y promoverlos al grado inmediato superior, es decir, a los asensos, pero antes deben sujetarse a cursos y capacitaciones de la institución policial.
El comisionado de policía en condición de retiro, Henry Osorto, consideró que los jueces deben cumplir la ley en el caso de los policías depurados y reintegrarlos con sus derechos, que son irrenunciables como la antigüedad en el grado, salarios caídos, décimos cuarto y tercer mes de salario y vacaciones.
Para el exoficial, el problema fue que la separación de todos estos policías se hizo sin tener un argumento legal. Simplemente se hizo por cuestiones de sesgo o por instrucciones del crimen organizado para establecer y garantizar la libre circulación de drogas hacia Estados Unidos.
Según el informe de Centro Woodrow Wilson respaldados por la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), el proceso de depuración comenzó cuando se reveló que oficiales de alto rango de la Policía Nacional estaban implicados en el asesinato en 2009 del zar antidrogas Arístides González y en 2011 del asesor de la Secretaría de Seguridad, Alfredo Landaverde.
Análisis
Al consultarle a Osorto sobre si los agentes depurados estaban involucrados con el crimen o incumplían con su trabajo, defendió que muchas veces se montan campañas mediáticas que distorsionan la verdad.
La verdad es cuando a una persona se le hace un proceso legal y se demuestra que esa personal está involucrada en una actividad ilícita dentro de sus funciones y que se ha vencido en juicio.
Sentenció que al momento de la depuración el “mero rey de los delincuentes era el expresidente (Juan Orlando Hernández), porque era el capo, era el que dirigía la orquesta institucional, tenía a disposición Fuerzas Armadas, algunos policías corruptos y parte de su gabinete para hacerle creer a la gente que estaban trabajando bien”.
Sobre que el reintegro de estos 1,300 agentes le costaría al Estado más de 2,400 millones de lempiras, Osorto señaló que eso pasa por poner ministros o funcionarios irresponsables, que no respetan la ley.
El abogado Licona, por su lado, expresó que en este momento se está analizando cada uno de los expedientes de sus representados, mismos que son enviados a la Corte de Apelaciones y a los Juzgados de Primera Instancia.
En esa instancia se realiza la liquidación y el cálculo de los derechos dejados de percibir con base en el salario actual de los uniformados.
Por ejemplo, cuando fueron depurados, los policías ganaban 12,000 lempiras, pero hoy ganan 18,000 lempiras. Es decir, al multiplicarlos por 15 salarios, por siete años, son alrededor de 1,890,000 lempiras por agente.
Tomando en cuenta que un poco más de 1,300 policías interpusieron demanda, el Estado tendría que pagar más de 2,400 millones de lempiras si llegan a ganar el caso.
Eso sí, el cálculo se hace con el escenario que los policías pertenecían a la escala básica, pero cuando son de rango superior el salario es más alto, expresó el defensor.
El reclamo se hace con base en dos aspectos que tomó en cuenta la Comisión Depuradora: uno es la justificación de falta de idoneidad y el segundo por la falta de confianza en la reestructuración.
No obstante, no se siguió el debido proceso y el derecho a la defensa, como realizar audiencias de descargo para decirle a cada uno la falta que le imputaban y presentar los medios de prueba.
Por etapas
El reintegro de estos agentes sería paulatino, ya que algunos fueron cancelados en 2016, otros en 2017 y otros en 2018, hasta que entró en vigencia la Nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y se creó la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), que comenzó a realizar los procedimientos disciplinarios.
De recibir las sentencias a favor, el reintegro de los agentes sería gradual, por ejemplo, de esos 1,300 expedientes, el 40% están en primera instancia, alrededor del 45% está en Corte de Apelaciones y solo un 15% en lo Contencioso Administrativo Laboral. El grupo que está en esta instancia espera los fallos más próximos.
Además, hay algunos procesos que quedaron abandonados o caducaron porque los abogados por error u omisión no contestaron los recursos de apelación o casación y automáticamente queda firme la decisión que hayan tomado los jueces, precisó el abogado.
Josué Godoy, gerente administrativo de la Secretaría de Seguridad, declaró EL HERALDO Plus que el reintegro de los policías depurados tendría un impacto bastante fuerte para la institución, ya que aproximadamente el 70% de su presupuesto se va en salarios.
Aseguró que están esperando la resolución de la CSJ para saber en qué condiciones tendrían que ser reintegrados o definitivamente no regresan.
Por medio de la solicitud de información pública SSSS-1841-2023, la Secretaría de Seguridad afirmó que “en este departamento de nóminas de esta dirección de Recursos Humanos, no se encuentran registros de miembros de la Policía que hayan sido reintegrados hasta la fecha (27 de abril de 2023)”.
EL HERALDO Plus le consultó a Silvia Amaya, titular de la Didadpol, sobre si serán sometidos a una evaluación los policías que lleguen a ser reintegrados, pero argumentó que ese proceso le corresponde a la Policía Nacional.
Por ejemplo, los procesos de reincorporación o reingreso son manejados directamente por la Policía Nacional. Los pasos o requisitos que son necesarios aprobar para ingresar de nuevo, por ejemplo las pruebas de confianza, ya son manejados por esa institución.
“Por parte de la Didadpol, hasta el momento, les apoyamos con las capacitaciones de procesos disciplinarios, con el fin de prevenir comisión de faltas disciplinarias”, estableció.
