Reestructurar RNP ha costado más de L 2,000 millones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Recuperar la institucionalidad del Registro Nacional de las Personas (RNP) fue un proceso largo y, sobre todo, costoso para la población hondureña, con el fin de garantizar la estabilidad política y social del país.

De acuerdo a la solicitud de información número SOL-RNP-329-2022, el Proyecto de Identificación Nacional, desarrollado entre 2020 y 2021, tuvo un costo que supera los 78.5 millones de dólares, alrededor de 2,000 millones de lempiras.

El proceso se realizó debido a una serie de debilidades y deficiencias que presentaba la institución, como estar expuesta a la corrupción, según establecieron los estudios técnicos realizados por cooperantes, entre ellos la Unión Europea (UE).

La presencia de tramitadores, en complicidad con personal de la institución que se presta para realizar trámites que deberían ser personales a cambio de dinero, vulnera la credibilidad de una institución, catalogada como de seguridad nacional.

Desde el Ministerio Público (MP) afirmaron que ya se han procesado a funcionarios del RNP por prestarse a la falsificación de información y por realizar acciones en contra de la ley.

Augusto Aguilar, exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) y conocedor del funcionamiento del Registro Nacional de las Personas, destacó que la existencia de tramitadores ha sido un problema histórico en esta institución.

Siempre han habido denuncias contra las personas que permanecen afuera del RNP, porque cobran a los ciudadanos naturales por sacar documentos personales, mientras que adentro hay funcionarios que se prestan para este tipo de acciones.

Por eso se propuso trabajar en la instalación de sistemas biométricos de identificación, para que las personas puedan obtener sus documentos con mayor facilidad y, así, otro individuo no puede sacarle documentos alguien más.

Un estudio realizado por la UE, por parte de la Misión de Observación Electoral (MOE-UE) y el cual fue proporcionado a EL HERALDO Plus, resaltó que para 2017 un 30% de las personas inscritas en el Censo Nacional Electoral estaban fallecidas o habían emigrado.

La evaluación presumía que para las elecciones generales de 2017 un estimado de 1,814,073 personas, de 6,046,910 inscritas en el Censo Nacional Electoral, pudieron haber estado fallecidos o fuera del país.

Otro problema eran las incongruencias o inconsistencias, que se habían acumulado con el paso de los años, como errores en el ingreso de los datos, errores en las inscripciones de nacimientos y problemas en algunas bases de datos de registro civil, entre otras.

También se tomó en cuenta que la tarjeta de identificación de aquel momento y la infraestructura tecnológica del RNP eran obsoletas, además que la institución funcionaba bajo altos riesgos operacionales y de confiabilidad.

Durante el diagnóstico institucional del RNP que se desarrolló entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, en el marco de la asistencia de la UE, se detectaron más problemas.

Entre los más centrales estaban la alta debilidad en el registro civil para garantizar la inscripción de los hechos y actos de todas las personas naturales.

También había deficiencia en los procesos de identificación, deficiente gestión en el archivo documental, alta debilidad del RNP en las prestación de servicios y no se garantizaba la interacción de la información digital veraz, validada y oportuna sobre la identidad y los hechos de los ciudadanos.

A partir de ese diagnóstico, la asistencia técnica de la Unión Europea detectó consecuencias, como el menoscabo al respeto y ejercicio pleno de los derechos inherentes a la persona natural.

Esa situación también dificultaba el desarrollo de negocios, además el RNP era considerada una entidad altamente vulnerable a fenómenos de corrupción, alto riesgo de baja transparencia en procesos electorales y vulnerable en seguridad nacional e internacional.

Observaciones similares realizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre esta institución.

Ante esto, en septiembre del año 2018, con 115 votos a favor de los 128 diputados al Congreso Nacional, se nombró una Junta Interventora del RNP con el propósito de reestructurarlo y reducir la posibilidad de una crisis político-electoral en las elecciones del proceso 2020-2021.

Fue así que la Junta Interventora, el 6 de diciembre de 2018, solicitó la asistencia técnica del PNUD, con el fin de realizar procesos de adquisiciones de los equipos, materiales y servicios conexos para llevar a cabo el enrolamiento digital y biométrico de los hondureños y que se emitieran los nuevos DNI.

Datos proporcionados por el RNP en la misma solicitud de información establecen que el proyecto de identificación nacional tuvo un costo que supera los 78.5 millones de dólares, alrededor de 2,000 millones de lempiras. Del monto anterior, 63.5 millones de dólares se financiaron en dos etapas.

La primera fue un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de 24.1 millones de dólares en 2019. El segundo contrato de préstamo, correspondiente a 2020, superaba los 39.4 millones de dólares.

La Unión Europea también brindó un apoyo presupuestario al RNP por una cantidad mayor a los 14.9 millones de dólares con el propósito de fortalecer las capacidades y servicios de esta institución de seguridad nacional.

A esto se suman los 100 millones de lempiras en la ampliación del presupuesto de 2023, para continuar con el proceso de reestructuración del RNP.

En el primer proceso de identificación nacional se lograron enrolar a un total de 5,490,856 ciudadanos, de los cuales en el primer proceso de entrega 5,130,380 hondureños retiraron su DNI, mientras que alrededor de 360,476 no llegaron a reclamarlo.

Hasta ese momento había 556,054 personas menos que en el censo anterior y que no quedaron activas para participar en el proceso electoral pasado.

La entrega regular de DNI se detuvo por varios meses en 2022 y durante gran parte de 2023, debido a que hasta el 11 de mayo de 2023 el RNP recibió la maquinaria para la impresión de los DNI con la capacidad de realizar tirajes de 1,200 documentos por hora, según comunicaron las autoridades.

Aguilar consideró que todavía no se ha terminado de realizar las reformas establecidas para tener un RNP robusto y con la tecnología necesaria para igualar a otros países de la región.

Comparó que en otras nacionales se ha implementado el voto electrónico. En México, por ejemplo, se aprestan a realizar el voto por WhatsApp, aunque para llegar a ese nivel se debe contar con un RNP fortalecido.

Por su parte, el comisionado presidente del RNP, Óscar Rivera, aseguró que han avanzado en el plan de reestructuración de este ente, con la ampliación de los registros civiles, instalación de nuevo equipo y capacitación de personal.

Afirmó que para solventar los problemas con la entrega del DNI se compró una nueva fábrica de identidades para cubrir la demanda a nivel nacional y en el extranjero.

Rivera estimó que ya han logrado identificar a unos 300 mil hondureños que viven fuera del país y van a continuar con mayor fuerza el próximo 2024.

También ya se terminó de instalar el sistema biométrico para la identificación de las personas, para que no se entreguen documentos a quien no le pertenecen.