TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La acusación contra el juez Marco Vallecillo por su presunta implicación en actividades de extorsión es un sombrío reflejo de la contaminación y politización que permea en el Poder Judicial (PJ).
La captura no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de actos que exponen la corrupción y la falta de transparencia en el proceso de selección de jueces y magistrados de ese poder del Estado.
La inexistencia de un sistema de judicatura que cumpla con todos los parámetros y exigencias de idoneidad para elegir a los jueces permite que el poder de nombramiento y remoción de empleados y funcionarios recaiga en manos de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando.
A criterio de la exjueza de sentencias, Karla Romero, “tenemos que reforzar lo que constitucionalmente ya tenemos, lo que es el Consejo de Selección. ¿Dónde está la Ley de la Judicatura? Ese es el gran problema que tenemos. Este tipo de cosas se hubieran evitado si, en lugar de aceptar recomendaciones políticas, aceptáramos los procesos para que entren las personas, para que asciendan”.
“Esto es lo que tiene la Ley de la Judicatura, la parte administrativa del Poder Judicial, lo que no han querido hacer porque han querido consensuar todo el poder, y esto es producto de la concentración de poder”, aseveró Romero.
Desde la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) coinciden con Romero y lamentan que las autoridades del Poder Judicial no respeten los procesos establecidos para seleccionar jueces.
“No se ha respetado la Ley de la Carrera Judicial para la selección de jueces en el Poder Judicial. Debe haber un proceso de selección y de contratación para nombrar a jueces en puestos clave y generales”, dijo Nelson Castañeda, representante de la ASJ.
Elección sin concurso
El abogado y diputado Jorge Cálix afirmó que “tenemos un Poder Judicial corrupto, y si les choca, no me importa; yo no había visto un Poder Judicial como este”.
Cálix desnudó que de los 15 magistrados que conforman el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solo una persona toma las decisiones.
“Los otros 14 magistrados no importan, no toman decisiones. Ponen al juez Vallecillo sin ningún concurso, además de todo lo oscuro que hay alrededor”, fustigó.
El 15 de abril de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
En la sentencia, se ordenó al Poder Judicial que elaborara un nuevo proyecto de ley para transparentar la selección de jueces, que en la actualidad se rige con las atribuciones que otorga la ley de 1980.
“Preocupa porque debería haber un mayor control y el problema está dentro de la selección de las personas que se hacen, las cuales no responden al perfil necesitado. Da la impresión que se colocan para estar al servicio de la oligarquía política y no para el cumplimiento de las leyes”, afirmó el analista político Raúl Pineda Alvarado.
Investigación
Frente a las acusaciones y señalamientos que alcanzan al fiscal general, Johel Zelaya; la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando y su círculo más cercano en el caso del juez Marco Vallecillo, es oportuno que se impulse una investigación para aclarar la situación.
“Un buen ejercicio sería nombrar una comisión especial con independencia para que pueda trabajar con varios criterios independientes, que puedan ejercer su investigación”, expuso el experto Nelson Castañeda de la ASJ.
La magistrada Ráquel Obando se puso a disposición del Ministerio Público y más bien anunció una intervención en el Circuito Jurisdiccional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, los juzgados de Islas de la Bahía y Trujillo, Colón, por presuntos actos irregulares similares a los que se vio implicado Vallecillo.
Para la analista hondureña Julieta Castellanos, la acusación de Vallecillo es más grave de lo que parece porque, además de estar implicado el Poder Judicial salpica al partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
“Este es un problema grave que sacude al Poder Judicial, pero también golpea fuertemente al partido Libre porque todos los sectores mencionados o que han sido señalados son de Libre”, dijo Julieta Castellanos.
“Libre está involucrado en la Fiscalía porque el fiscal general pertenece al partido Libre. En el otro ángulo está involucrado el juez (el acusado) porque también es de Libre, y en el tercer ángulo está la magistrada, quien es pariente de quien (supuestamente) iba a recibir los fondos (los tres millones de lempiras)”, cuestionó.
Criticó que “cualquiera que sea la respuesta o cómo se resuelva toca a Libre. Para el caso, si la tesis o la acusación del fiscal general se confirma de que el juez recibió este dinero, ahí hay un problema de Libre porque es un funcionario de Libre y sería un tema de corrupción del mismo partido”.
La exfiscal Nilia Ramos expresó, sobre el particular, que colocar allegados a la familia presidencial en cargos importantes demuestra que no se seleccionan a las personas con el perfil adecuado.
“La selección en primera instancia de los magistrados de la Corte Suprema se debe analizar y con el respeto que se merece la presidenta de la Corte y su familia, ella debe de declinar a su puesto y darle pie a una investigación porque estando dentro va a manipular la investigación y el juez Vallecillo tiene que estar del lado de la Corte porque ella fue quien lo puso”, señaló.
Sostuvo que “el fiscal general es un político más, además hay que ver la forma en cómo fue elegido el fiscal general en su cargo”.
