TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras el Congreso Nacional no halló el miércoles el camino del consenso para retomar la discusión del tercer debate de la polémica “Ley de escuchas”, ni en la reunión previa de los jefes de bancadas ni en la sesión legislativa, el rechazo entre los hondureños cada día toma más fuerza.
Diferentes sectores y diputados advierten que a todas luces la iniciativa busca violentar la privacidad y los derechos fundamentales de la población.
En ese sentido, las posiciones van desde que el dictamen debe ser desechado o, en su defecto, modificado, a fin de no contravenir derechos constitucionales al dejar de manera discrecional la facultad de intervenciones telefónicas a la Secretaría de Seguridad, obviando la petición de una orden judicial.
“Al redactar de esta forma este decreto deja abierta la posibilidad de que alguien pueda intervenir en sus mensajes o llamadas a través de aplicaciones, sin una orden judicial, usualmente tienen un trasfondo político”, dijo el presidente del Colegio de Periodistas (CPH), Osman Reyes.
“Nosotros no estamos de acuerdo, llamamos a los diputados de oposición a que reflexionen y que sobre todo que analicen, esto no puede ser aprobado tal como está”, expresó Reyes.
Otros sectores llaman a establecer dentro de la ley que las intervenciones telefónicas solamente puedan ser realizadas mediante una orden judicial, además del establecimiento de un listado claro y apegado a ley de causales que sean motivo para peticionar dicha información.
“Preocupa que se salga del juego investigativo y el requerimiento judicial que quede a discrecionalidad de la Secretaría de Seguridad, por lo que creemos que se debe dar una catalogación de los delitos en los cuales se van a utilizar para la solicitud de información”, explicó el analista Luis León.
Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, preguntó “¿Por qué no le hacen un vaciado a los más de dos mil teléfonos que encontraron en los centros penales en su momento? Allí hay una causal para hacerlo, allí contrarrestarían el crimen organizado”.
El defensor cuestionó que estar interesados en lo que habla un periodista, un defensor de derechos humanos o movimiento político es un acto irregular e inconstitucional.
De acuerdo con el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, es importante actualizar y modernizar la legislación en materia de seguridad.
En el caso particular de la ley que está en discusión en el CN, cree que es necesario hacer algunos ajustes.
Desde el Legislativo
Las bancadas de oposición mantienen su desacuerdo con la ley y han acordado que no acompañarán su aprobación si dentro de la misma no son especificadas las órdenes judiciales como la única herramienta para permitir las intervenciones telefónicas.
El miércoles al mediodía los jefes de bancadas fueron convocados a una reunión para consensuar la redacción del dictamen, la que se convirtió en una misa negra pues los parlamentarios se llamaron al silencio y ninguno ofreció detalles sobre si llegaron a acuerdos para aprobar la ley.
“Solo apoyaremos intervención telefónica si lleva una orden judicial”, afirmó escuetamente el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura.
