TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A más de tres meses de la firma del memorándum de entendimiento suscrito por el gobierno con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) al país, el Congreso Nacional continúa sin incluir dentro de la agenda legislativa la derogación y reforma de más de 12 decretos que interfieren y atrasan la instalación de la misión internacional contra el combate de la corrupción.
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Dentro de los decretos legislativos para la llegada de la CICIH al país, los parlamentarios deberán someter a derogación decretos como el 116-2019, que da vida al cuestionado fondo departamental, y el denominado pacto de impunidad, aprobado durante la primera legislatura del CN y contenido en el decreto 04-2022.
Asimismo, el decreto 57-2020 referente al lavado de activos; y el 117-2019, que contiene lo referente a la información financiera.No obstante, lo diputados además deberán someter a reforma el decreto 57-2020, referente a reformas al Código Procesal Penal; y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en su artículo 105, respecto a la prescripción de delitos.
El memorándum establece que el enfoque de cooperación será realizado en fases, pues Honduras deberá reunir una serie de condiciones para que la Organización de Naciones Unidas continúe con el proceso.
Como punto toral, en el memorándum se establece que buscarán reformas para que la CICIH pueda hacer de manera independiente la acción penal pública, o sea, emitir requerimientos fiscales.
La instalación de la CICIH en el país deberá desarrollarse en dos fases durante los primeros seis meses posteriores a la firma del acuerdo, de no ser así, el mismo podrá prorrogarse o quedar concluido.
