TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos implicados más se presentaron este jueves -8 de agosto- a las instalaciones del Juzgado En Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción para responder por el requerimiento fiscal que les fue dictado en su contra por el megafraude del proyecto Residencial Morazán, conocido como caso “casas contenedores”.
Se trata de Lizzeth Guadalupe Villatoro Flores y Edmundo del Carmen Cuadra, quienes este jueves comparecerán en audiencia de Declaración de Imputado.
Villatoro Flores fungía como delegada de una institución financiera, mientras Cuadra laboraba en la Secretaría de la Presidencia.
La comparecencia de Villatoro Flores y de Cuadra surge una semana después que el fiscal general, Johel Zelaya, emitiera requerimiento fiscal contra una larga lista de exfuncionarios de la Secretaría de Prensa y otros relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos (UCP).
Los delitos por los que se les acusa son los relacionados con la asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta.
Se está a la espera que el juez les dicté prisión preventiva o se puedan defender en libertad lo que resta de proceso.
Cabe destacar que el requerimiento fiscal incluía orden de captura para los acusados, sin embargo, cuatro decidieron presentarse de manera voluntaria al Juzgado.
El único capturado fue el exdirector del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), Juan Ramón Cruz, capturado el pasado miércoles 31 de julio, quien fue detenido en la colonia San José de la Vega de Tegucigalpa.
Junto a los mencionados anteriormente, cuentan con requerimiento fiscal el exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, Rolando Federico Poujol, funcionarios de la secretaria de la presidencia y José Fernando Cálix Bonilla.
Además, Myrna Isabel Mejía Flores, Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Óscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michele Montoya Zepeda, relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos por el desfalco de más de 294 millones de lempiras.
Otros dos se defenderán en libertad
También se presentaron Mario León Gómez y Tania Montoya Zepeda, quienes después de llevarse a cabo la audiencia de Declaración de Imputado, recibieron medidas sustitutivas a la prisión, es decir, que se defenderán en libertad.
La Audiencia Inicial contra León Gómez y Montoya Zepeda quedó programada para el lunes 12 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Millonario megafraude en “casas contenedoras”
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra del exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz Lupián, y otros exfuncionarios, por el caso de megafraude de las casas contenedores para damnificados por los huracanes Eta y Iota que azotaron el país en noviembre de 2020.
A los involucrados se les acusa de fraude en el fallido proyecto Ciudad Morazán, el cual debía ser ejecutado por la Secretaría de la Presidencia por 294 millones de lempiras.
EL HERALDO evidenció la falta de transparencia encontrada en todos los procesos de este proyecto, pues de las más de mil casas que deberían haber sido instaladas, solo 23 de ellas están habitadas. De estas, solo 10 familias que las ocupan fueron realmente afectadas por los huracanes.
Las viviendas nunca fueron habitables, pues como este rotativo lo evidenció, no tenían agua potable, los pisos y paredes estaban quebrados, entre otras precariedades.
Unidad Investigativa de EL HERALDO evidenció caso de “casas contenedores”
En febrero de 2020, los cajones metálicos deberían estar instalados y habitadas por las familias afectadas. Hasta fecha, lo único que se encuentra en el lugar es la maleza creciente.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó constantemente la zona en la aldea Santa Rosa, kilómetro 12, municipio del Distrito Central, encontrando que por la falta de planificación y estudios se retrasaba la obra, donde se detalló que el proyecto debía estar listo en febrero de 2021, luego, según autoridades, la fecha se movió para mayo. Evidentemente no se cumplió en ninguna de las dos fechas.
Desde hace aproximadamente tres años se comenzó a indagar sobre el proyecto habitacional, el cual sigue inhabitable.
Tras investigaciones, este rotativo conoció que el gobierno no destinó la obra a la institución encargada de desarrollar la política de viviendas en Honduras, que es la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda).
El proyecto estuvo a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia, por medio de la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP) y la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), encargado de la parte técnica.
Sin embargo, en 2022, la UCP informó a EL HERALDO Plus que realizó el traspaso del proyecto “Residencial Morazán”, a la Secretaria de la Presidencia.
Tras la investigación de este rotativo, entes como el Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) indagaron el caso y fue así como se dio paso a estos requerimientos fiscales presentados este día.
