El secretario de la presidencia de la República de Honduras, Ebal Díaz, desminitó este lunes las declaraciones brindadas por el expresidente Porfirio Lobo Sosa en el foro dominical 30/30 de TSI, la noche del domingo, donde señaló que existía un plan para entregar a su esposa, Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien fue detenida el 28 de febrero en su residencia.
Y es que Lobo Sosa declaró que 'a través de una reunión sostenida por cinco funcionarios, en Casa Presidencial', se fraguó 'la entrega de la exprimera dama' de la nación, a quien se le acusa de los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos.
Ante ello, Ebal Díaz salió al paso para aclarar que 'en ningún momento funcionarios del gobierno han sostenido reuniones con el afán de perjudicar a la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla', tal y como lo señaló el expresidente en el foro dominical.
“Hay reuniones que se practican en la Casa Presidencial de manera institucional como el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Participa el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta y el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva”, dijo.
En ese sentido, Ebal agregó que “también participa el fiscal general, el secretario de Defensa, el de Seguridad y el de Inteligencia. Ese es el Consejo de Defensa y Seguridad que se reúne para tomar decisiones en el tema de seguridad no sobre una u otra persona”.
“Las resoluciones judiciales son exclusivas de los jueces y del Ministerio Público. No son para entregar a alguien, es para coordinación interinstitucional. Es una buena práctica que ha dado buenos resultados”, explicó Díaz.
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Sobre las declaraciones:
El funcionario indicó que él no puede hablar en nombre del expresidente Porfirio Lobo, pero dijo que sí lo escuchó en el programa de televisión adonde señaló lo de la supuesta reunión.
“Aquí todos estamos sujetos a la Ley, nadie está por encima de ella. Esa es la postura que nosotros tenemos y ya las valoraciones de las declaraciones del expresidente, él sabrá determinar hasta dónde se extienden”, puntualizó.
“Lo que nosotros aspiramos es que el sistema de lucha contra la corrupción y la criminalidad, siga funcionando. Que no se detenga y que haya credibilidad en el sistema”.
“Cuando vemos que el sistema de justicia no tiene ningún tipo de influencia política ni para detener ni para empujar, estamos hablando de un país que está entrando a otro nivel de fortalecimiento institucional”, finalizó.