Bajo ese concepto, el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) desde su creación en 2017 viene reduciendo la población de los menores infractores en los centros pedagógicos.
En el 2017 un total de 590 menores estaban privados de la libertad a nivel nacional y en la actualidad solo hay 289, es decir, más del 50 por ciento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes están en sus casas, mientras que el resto cumple una pena en los centros especializados.
Cuando la niñez infractora sobrelleva las sanciones penales sin privación de la libertad, Honduras cumple con los compromisos de la excepcionalidad de la privación de la libertad.
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Gracias a estos métodos aplicados para proteger a la niñez infractora, en tres años -que se cumplen en noviembre próximo-, el INAMI ha ganado el respaldo de la cooperación internacional, según establece un informe de la institución.
Esto evidencia el fortalecimiento del Sistema de Justicia Especial para la Niñez Infractora junto a la implementación de herramientas y metodologías basadas en la evidencia y la especialización del capital humano a cargo de su compleja misión.
Según un informe del INAMI, a la par de esta metodología se avanza con la construcción de la política nacional del sistema especial para la niñez infractora.
Esta consiste en el diseño del modelo de gestión y atención para los niños y niñas infractores, la planificación estratégica institucional y en la puesta en marcha del Sistema Interinstitucional de Gestión de Casos para Adolescentes de Honduras (SIGAH).
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Protección
Según las autoridades del INAMI, la actuación de los centros pedagógicos de internamiento está distante de un reclusorio, ya que son espacios seguros y resilientes que implementan un modelo de atención especializado orientado a reeducar, rehabilitar y potenciar competencias para la vida de los muchachos.La permanencia dentro de los centros toma como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos negativos que el internamiento pueda afectar al niño y niña sancionado, favoreciendo el arraigo familiar y su participación a la vida social.
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Cada metodología, establece el informe del INAMI, está inspirada en el principio de interés superior del niño, de formación integral, de no discriminación, de legalidad, de humanidad,
de oportunidad y excepcionalidad.
Entre los puntos a resaltar está la aplicación de justicia restaurativa promoviendo la formación en valores de respeto y responsabilidad, permitiéndole al niño y niña la interrupción de comportamientos y conductas conflictivas a través del diálogo respetuoso con la persona ofendida, familia y comunidad para enmendar y corregir su infracción ante a ley penal.
Este enfoque humano en la administración de los centros especializados, acentúa la restitución de los derechos vulnerados para garantizar un clima de gobernabilidad, resiliencia y efectividad en la atención a la niñez infractora de Honduras.
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Con apoyo de instituciones públicas, cooperantes y la academia, el INAMI emprendió un plan de gestión del conocimiento para certificar el talento humano que opera en los centros y otras instancias institucionales para así entregar a la sociedad niños y niñas empoderados de deberes y derechos.
Felipe Morales, titular del INAMI, declaró a EL HERALDO que existe un modelo de atención para los niños y niñas con equipos técnicos integrados por trabajadores sociales, psicólogos, médicos y expertos legales que garanticen los derechos y protección en todos los niveles de los menores.
